El cable de la discordia: ¿Chile actuaba con una estrategia coherente con su posición internacional?

Chile vuelve a estar en medio de una disputa mal definida. ¿Rechazar las sanciones de Estados Unidos en nombre de la soberanía? ¿Rechazar el proyecto del cable con China? ¿Elegir entre uno y otro? Si las preguntas son imprecisas, las respuestas solo pueden comenzar en el absurdo y pueden llegar al espanto. Y desgraciadamente es el caso.

La discusión sobre las sanciones estadounidenses a autoridades chilenas no debe comenzar preguntándose si corresponde o no que Washington sancione. Y tampoco debe preguntarse por la pertinencia de tomar decisiones autónomas sin más. La pregunta central es otra: ¿estaba Chile actuando con una estrategia coherente respecto a su propia posición en el sistema internacional?

En el sistema internacional, los países medianos viven en un equilibrio delicado: no son irrelevantes, pero tampoco tienen capacidad para imponer reglas; su margen de autonomía existe, pero está condicionado por las estructuras de poder que los rodean. Pueden diversificar relaciones, negociar simultáneamente con varios polos y construir espacios de autonomía relativa, pero cuando avanzan hacia áreas consideradas estratégicas por las grandes potencias —infraestructura crítica, tecnología sensible, seguridad energética— su margen se estrecha drásticamente.

El protagonismo excesivo sin respaldo estructural puede convertir una política de autonomía en una exposición innecesaria. Chile, además, ya no es un actor periférico neutro: su desarrollo en energías renovables, hidrógeno verde, litio y potencial exportador eléctrico lo está transformando en una zona de interés estratégico creciente, una posición que comienza a asemejarse —salvando escalas— a la de los países petroleros secundarios en el siglo XX.

Esa transición no es solo una buena noticia económica; es una mutación de estatus. Y cada cambio de estatus atrae atención, competencia y presión. La energía renovable no es simplemente una oportunidad de desarrollo: es también una fuente potencial de fricción geopolítica que, si no se gestiona con extrema sofisticación estratégica, puede transformarse en un problema de proporciones mayores.

Pues bien, el anterior párrafo nos dice algo claro: la estrategia internacional de Chile no puede ser la que ha usado hasta ahora, ya que han cambiado de condiciones de posicionamiento. Pero Chile no ha hecho un esfuerzo relevante para construir una doctrina geopolítica para el nuevo futuro del país.

Y este es un pasivo grave del gobierno de Gabriel Boric. Y lo es porque fue el momento donde ocurrieron los hechos que manifestaron las complejidades que hoy se expresan de manera muy concreta, ya no como primeros hechos, sino como fenómenos redundantes (ya Piñera había tenido lío con la relación combinada de China y Estados Unidos).

Pero vamos por parte. ¿Por qué Chile es más importante hoy que antes?

La relevancia estratégica creciente de Chile no se explica por un solo recurso, sino por la convergencia de una combinación excepcional de materiales críticos y vectores energéticos que lo sitúan en el centro de la transición global: posee una de las mayores reservas de litio del mundo —clave para baterías y almacenamiento eléctrico—, es el principal productor mundial de cobre —insumo indispensable para redes eléctricas, vehículos eléctricos, energías renovables e infraestructura digital— y además concentra subproductos estratégicos como molibdeno, cobalto y potenciales reservas de tierras raras, minerales fundamentales para aceros especiales, electrónica avanzada, imanes permanentes y tecnologías de defensa.

A ello se suma una de las mayores disponibilidades de energía solar del planeta en el norte y un enorme potencial eólico en el sur, lo que habilita la producción de hidrógeno verde como nuevo vector exportable.

Esta articulación entre generación renovable, almacenamiento, conducción eléctrica y minerales críticos configura una cadena energética y tecnológica casi completa, comenzando a asemejar el peso estructural que tuvieron en el siglo XX los países petroleros secundarios: no dominan el sistema global, pero se vuelven indispensables para su funcionamiento.

Ese cambio de estatus convierte a Chile en zona de interés estratégico creciente, donde la oportunidad histórica de desarrollo puede transformarse, si no se gestiona con sofisticación geopolítica, en un foco de presión, competencia y vulnerabilidad de gran escala.

Entonces, Chile ha sido un país que no ha construido la compleja trama de análisis que requiere la estrategia internacional y geopolítica. Y no parece que el nuevo gobierno esté interesado en un análisis no coyuntural, sino de largo plazo.

Hasta aquí tenemos el primer problema: Chile no sabe qué debe hacer en el mundo.

El otro problema

Pero hay otro problema. El gobierno no parece entender qué significa un cable oceánico.

Un cable submarino de internet no es simplemente una infraestructura de telecomunicaciones comercial, sino una pieza de arquitectura estratégica con implicancias políticas, económicas y de seguridad nacional. Siendo cruciales los datos hoy, resulta que el cable no solo transporta volúmenes enormes de datos, sino que además es mucho más que eso.

Los cables submarinos son el corazón de las telecomunicaciones actuales. Por ellos circula más del 95% del tráfico internacional de datos: transacciones financieras, comunicaciones gubernamentales, coordinación militar, inteligencia, comercio digital y operación de mercados.

Controlar, alojar o participar en esa infraestructura implica influencia sobre flujos críticos de información, capacidad de resiliencia ante crisis y reducción o aumento de dependencias externas.

En términos comerciales, un cable define rutas de integración económica, posiciona a un país como hub digital y atrae centros de datos e inversión tecnológica.

Por otro lado, en términos políticos, puede alterar alineamientos geopolíticos y generar percepciones de proximidad estratégica con determinadas potencias.

Y, en términos de seguridad, constituye infraestructura crítica cuya vulnerabilidad, interceptación o interrupción puede afectar la defensa, la estabilidad financiera y la gobernabilidad. Por eso los cables submarinos forman parte de la seguridad estratégica y nacional de los Estados.

Pero hay más. Son cruciales en la inteligencia.

La interceptación de información a través de cables submarinos no es una hipótesis especulativa, sino un hecho documentado en la historia contemporánea: durante la Guerra Fría, Estados Unidos ejecutó la Operación Ivy Bells, instalando dispositivos de escucha en cables soviéticos en el mar de Ojotsk para captar comunicaciones militares.

Hay ejemplos recientes pues en 2013 las filtraciones de Edward Snowden revelaron que la NSA, mediante programas como Upstream, accedía al tráfico internacional directamente desde cables de fibra óptica y estaciones de aterrizaje, copiando grandes volúmenes de datos para su posterior análisis, mientras el servicio británico GCHQ desarrollaba el programa Tempora, que capturaba tráfico desde cables transatlánticos que atravesaban el Reino Unido.

Estos antecedentes demuestran que los cables submarinos han sido considerados históricamente infraestructura estratégica susceptible de interceptación estatal, y que la competencia por el control, monitoreo o acceso a estas rutas forma parte estructural de la seguridad nacional de las grandes potencias.

Surge la pregunta entonces…

¿Sabía el gobierno de Chile que un cable no es una provisión de internet? ¿Sabía que no es como contratar un servicio premium en casa y cablear hasta el hogar desde la calle? ¿Sabía el gobierno que un cable de Internet intercontinental no es simplemente un cable larguísimo? Con toda honestidad, no lo sé.

El punto es que, si el gobierno no sabía la importancia de esta infraestructura en juego, entonces la ignorancia desplegada ha llegado a poner en riesgo al país, porque significa que no saben dónde están trabajando.

Pero el problema es que no hay salida para vislumbrar responsabilidades del gobierno: y es que si entendían de qué magnitud era el problema, simplemente fueron irresponsables y temerarios, probablemente asumiendo que era un asunto que sacaría ronchas y que estaban dispuestos a aceptar. Esto último es lo que lee Estados Unidos. Pero es peor. Por que lo que sabemos parece indicar que solo era ignorancia.

¿Por qué creo que es ignorancia?

Las autoridades chilenas insistieron desde el inicio en que el proyecto de cable submarino con China estaba en etapa de estudio y no había sido aprobado, poniendo el foco en que se encontraba todavía en evaluaciones preliminares y no había una decisión final, lo que parecía minimizar la gravedad de la reacción estadounidense.

El ministro del Interior Álvaro Elizalde señaló que la iniciativa seguía en una etapa inicial del largo proceso regulatorio, y que no había sido enviada a Contraloría para consolidar un acto administrativo definitivo, lo que según el Gobierno justificaba tratarla como una simple evaluación técnica y no como una decisión estratégica consumada.

Sin embargo, esa narrativa contrasta con hechos que muestran que sí hubo una aprobación formal brevemente firmada y luego anulada: en enero pasado, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto que otorgaba una concesión de 30 años a una empresa vinculada a China Mobile para instalar un cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong, aunque dicho decreto fue revertido 48 horas después alegando errores formales.

Esto implica que el avance del proyecto no fue meramente hipotético ni informal, sino apoyado por un acto administrativo concreto, y su posterior revocación —sin una coordinación profunda con el Ministerio de Relaciones Exteriores ni una evaluación integral de su impacto geopolítico— sugiere que no existió un diálogo serio y articulado de política exterior sobre un tema de seguridad estratégica antes de avanzar en una decisión que podía generar consecuencias diplomáticas previsibles.

Todo indica que el ministro de Telecomunicaciones actuó inicialmente bajo la lógica de una decisión sectorial, como si estuviera autorizando una mejora en conectividad —una suerte de “internet premium” para el país— sin dimensionar plenamente que, en el contexto actual, un cable submarino no es un contrato técnico sino una definición estratégica.

El propio ministro reconoció que recibió advertencias previas del embajador estadounidense sobre posibles sanciones, lo que demuestra que la sensibilidad del asunto fue explícitamente planteada. Si pese a esas señales decidió avanzar y firmar la aprobación, la hipótesis de simple desconocimiento se vuelve insostenible y se acerca más a una subestimación grave del entorno geopolítico o a una especie de berrinche de alto nivel en el que se asumió que Chile podía avanzar caprichosamente.

A su vez, el respaldo público de China a las autoridades chilenas —destacando su diligencia y apoyo al proyecto— termina confirmando que el avance fue percibido como sustantivo por ambas potencias. Mientras Chile parecía considerar que estaba contratando una conexión a Internet premium, Estados Unidos y China estaban leyendo el mismo acto como un salto geopolítico en el Pacífico Sur. Ese desfase de percepción es, en sí mismo, el núcleo del problema.

Si aceptamos que el proyecto de cable transpacífico con China había avanzado sustantivamente (que ya es un hecho), que existían advertencias explícitas del embajador estadounidense (asunto confeso) y que el tema fue planteado como un riesgo estratégico en reuniones formales, entonces el problema no es la sanción. El problema es la conducta.

En este contexto, el desfase resulta aún más delicado si se considera que Chile no es un actor militarmente indiferente en el tablero internacional, sino un país con cooperación estructural en defensa e inteligencia con Estados Unidos y, en determinados ámbitos tecnológicos, también con Israel.

Con Washington, Chile mantiene interoperabilidad operativa, participa regularmente en ejercicios como RIMPAC, opera plataformas de origen estadounidense —como los F-16— y comparte estándares y protocolos compatibles en comunicaciones y ciberseguridad, lo que implica niveles de confianza técnica que trascienden lo simbólico. Esa cooperación incluye intercambio de información en materias de seguridad regional, crimen organizado y defensa.

En paralelo, Chile ha adquirido equipamiento y tecnología de defensa israelí —incluyendo sistemas electrónicos y de modernización militar— lo que lo inserta también en circuitos tecnológicos sensibles vinculados a inteligencia y seguridad avanzada.

En ese marco, la infraestructura digital crítica no puede leerse como un asunto aislado del ecosistema de confianza estratégica en el que el país ya está integrado. Cuando un Estado forma parte de redes de interoperabilidad militar y cooperación en inteligencia con potencias occidentales, cualquier decisión que afecte la arquitectura digital estructural es inevitablemente observada bajo el prisma de seguridad compartida, no solo bajo criterios comerciales.

Esta es la gravedad. ¿Se analizó este proyecto en el comité político? Hasta ahora, no hay evidencia clara en las fuentes abiertas de que el tema del cable submarino haya sido abordado formalmente en un “comité político” del Estado (por ejemplo, un comité interministerial de seguridad o política exterior), como podría esperarse para un asunto con implicancias de seguridad nacional.

Lo que sí se conoce es que el proyecto fue motivo de tensiones y de coordinación entre distintos actores estatales: Chile presentó una nota de protesta a Estados Unidos y se citó al embajador estadounidense para pedir explicaciones sobre las sanciones impuestas, y también hubo conversaciones entre el vicecanciller y otros ministros para responder a Washington sobre los argumentos de seguridad expresados por ese país.

Surge entonces la pregunta. ¿Qué se trabaja en el comité político? Porque si esta decisión no se revisó allí, ¿dónde se revisó? ¿Quién vio algo más que el costo y la tecnología?

Exposición innecesaria

Existían antecedentes suficientes para comprender la sensibilidad del tema. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se evaluó la posibilidad de una conexión directa con Asia, pero se optó por una solución distinta: impulsar el cable Humboldt hacia Australia y desde allí integrarse a las redes asiáticas ya existentes.

Esa decisión fue, en términos estratégicos, astuta. La gracia es que resolvía el problema logístico de conectividad transpacífica sin generar un vínculo bilateral directo con China que pudiera tensionar la relación con Estados Unidos. Fue una manera de administrar la coyuntura tecnológica reduciendo el costo geopolítico inmediato.

Sin embargo, aquella solución no abordó en profundidad el problema político de fondo —la creciente centralidad estratégica de la infraestructura digital en la competencia entre potencias—, sino que lo gestionó tácticamente.

Hoy la situación es distinta: el margen de ambigüedad es menor, la rivalidad sistémica es más explícita y Chile ya no tiene espacio para tratar estos proyectos como asuntos técnicos desprovistos de dimensión política. Y si la posibilidad existía, ya se desperdició. Avanzar por una ruta de mayor riesgo sin una estrategia integral, sin blindaje diplomático y sin coordinación de seguridad, no es autonomía; es exposición innecesaria.

El cable no era un asunto comercial aislado. Era parte de la disputa global por la arquitectura digital del Pacífico. China lo inserta en su Ruta de la Seda Digital. Estados Unidos lo inserta en su competencia estructural con Beijing. Pensar que Chile podía avanzar en ese terreno sin consecuencias era desconocer la lógica del momento histórico.

Aquí emerge el verdadero dilema de los países de mediana influencia: Chile comercia principalmente con China, pero su arquitectura de defensa y seguridad está integrada al ecosistema occidental. Esa tensión es estructural. Lo que no es estructural es improvisar en su gestión.

Un país puede optar por alinearse más claramente con uno de los polos. Puede intentar una neutralidad tecnológica cuidadosamente diseñada. Puede diversificar en consorcios multilaterales para diluir bilateralidades sensibles. Lo que no puede hacer es actuar como si el entorno geopolítico no existiera. Y en ese sentido molestarse por sanciones o levantar la voz porque Chile está perdiendo soberanía es una mirada infantil.

En la política real, todos los días se gana o se pierde soberanía. Y la convicción intelectual de cualquiera que haya estudiado sobre estos fenómenos debe considerar que la responsabilidad de perder soberanía es del que la ha puesto en riesgo, no del que pretende incrementar su poder.

Si vamos a trabajar nuestra política exterior con convicciones del tipo Disney, Chile pasará muy malos ratos por culpa de tener una oportunidad grande para el futuro. Reducir esto a una discusión sobre si Washington actuó correctamente es evadir el punto central. La pregunta incómoda es si el gobierno chileno actuó con comprensión estratégica del contexto. Y parece evidente que no fue así.

El riesgo en este debate es confundir acierto circunstancial con comprensión estratégica. La postura de José Antonio Kast, que ha enfatizado la necesidad de alineamiento claro con Estados Unidos y ha criticado el avance del cable con China, puede coincidir en la conclusión —que el proyecto era imprudente en el contexto actual—, pero eso no implica necesariamente que exista una comprensión profunda del problema estructural.

Una cosa es advertir que un cable submarino constituye hoy infraestructura crítica en medio de una rivalidad sistémica entre potencias, y otra muy distinta es oponerse simplemente porque el socio es China y el reflejo ideológico empuja hacia Occidente.

Si la crítica no aborda la soberanía tecnológica, la doble dependencia de Chile —militar con Estados Unidos y comercial con China—, el blindaje de redes estratégicas y el nuevo estatus energético del país como proveedor de litio, cobre e hidrógeno verde, entonces no hay arquitectura estratégica, sino alineamiento reactivo.

Chile ya no es periférico; es zona de interés creciente, y en ese escenario la infraestructura digital es poder estructural. Criticar sin integrar esa complejidad puede ser políticamente eficaz, pero no necesariamente estratégicamente sofisticado.

El gobierno de Boric ya ha demostrado que no está a la altura del problema. Veremos si el presidente electo José Antonio Kast penetra en el problema o simplemente juega al alineamiento natural, sin una estrategia geopolítica.