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Si el objetivo genuino es prevenir la proliferación y salvaguardar la paz y la seguridad internacionales, el camino a seguir radica en volver a los compromisos, abstenerse de amenazas y respetar los derechos legítimos de los Estados miembros del TNP.
El reciente discurso de Donald Trump y su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, sobre el expediente nuclear de la República Islámica de Irán demuestra una vez más que una corriente dominante en la formulación de políticas estadounidenses sigue basándose en la presión, las amenazas y la reinterpretación unilateral de las normas jurídicas.
En este contexto, la cuestión nuclear iraní se presenta no como un asunto legal y técnico basado en compromisos internacionales, sino como un instrumento de influencia geopolítica. Este enfoque, si bien ignora las amargas lecciones del pasado, corre el riesgo de reproducir el ciclo fallido de desconfianza e inestabilidad.
El primer punto al criticar este discurso es su desprecio por la experiencia concreta de la diplomacia en la última década.
El acuerdo nuclear de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), fue el producto de años de intensas negociaciones entre Irán y el P5+1 y fue posteriormente respaldado por la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Según múltiples informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, la República Islámica de Irán siguió cumpliendo con sus compromisos. Sin embargo, la retirada unilateral del gobierno de Trump del acuerdo en 2018 constituyó una clara violación de las obligaciones internacionales de Estados Unidos y socavó los mecanismos multilaterales.
Esta acción no solo erosionó la confianza mutua, sino que también envió un mensaje preocupante a la comunidad internacional: incluso un acuerdo consagrado en una resolución del Consejo de Seguridad puede quedar nulo por un cambio de gobierno en Washington.
La retórica actual de Trump y Witkoff, que una vez más habla de un “mejor acuerdo”, exige concesiones adicionales a Irán sin reconocer la responsabilidad por esa violación histórica. Esto ocurre a pesar de que la experiencia pasada ha demostrado la ausencia de garantías efectivas para el cumplimiento por parte de Estados Unidos.
Desde la perspectiva del derecho internacional, este enfoque contradice el principio fundamental del pacto Sunt Servanda —la obligación de honrar los acuerdos— que constituye una piedra angular del orden jurídico internacional.
Al mismo tiempo, como miembro del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), la República Islámica de Irán posee un derecho inherente al uso pacífico de la tecnología nuclear. El Artículo IV del Tratado afirma explícitamente el derecho inalienable de todos los Estados miembros a desarrollar la investigación, la producción y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos.
En consecuencia, los intentos de privar completamente a Irán de su capacidad de enriquecimiento o de imponer restricciones permanentes a su capacidad autóctona no solo son de naturaleza política, sino que también son incompatibles con la letra y el espíritu del TNP. Ningún instrumento jurídico internacional condiciona el derecho al desarrollo nuclear pacífico a la aprobación de las grandes potencias.
Los críticos de la doctrina de la “máxima presión” enfatizan además que las amenazas de fuerza en sí mismas contravienen los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. El Artículo 2(4) prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado.
En los últimos años, las reiteradas amenazas militares por parte de funcionarios estadounidenses, junto con los actos de sabotaje y los ataques atribuidos al régimen de Israel contra instalaciones y científicos iraníes, constituyen una conducta que puede considerarse razonablemente como amenazas a la paz y la seguridad internacionales.
El régimen de Israel, que no es parte del TNP y cuyo programa nuclear permanece fuera de las salvaguardias internacionales integrales, ocupa una posición en la que juzga las obligaciones de un estado miembro del TNP. Esta evidente contradicción socava la credibilidad del discurso de la no proliferación.
Además, las experiencias de violaciones directas del territorio iraní y sabotaje contra infraestructuras críticas han demostrado que la seguridad regional no se logra mediante la intimidación, sino mediante mecanismos colectivos y respeto mutuo.
Cualquier ataque o acto de sabotaje contra instalaciones nucleares con fines pacíficos puede constituir una grave violación del derecho internacional humanitario y de las normas que rigen la responsabilidad del Estado. La continuación de dicha conducta expone a Asia Occidental al riesgo de una inestabilidad crónica.
Ante estas presiones, la República Islámica de Irán ha declarado sistemáticamente que no busca armas nucleares y que su programa nuclear se define dentro de objetivos pacíficos.
El decreto religioso (fatwa) del Líder de la República Islámica que prohíbe las armas nucleares refuerza esta postura más allá de los compromisos legales, al proporcionar una base normativa interna. Incluso tras la retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y la imposición de severas sanciones económicas, Irán no cerró por completo la puerta a la diplomacia y, en diversos marcos de negociación, expresó su disposición a un retorno recíproco al cumplimiento.
Hoy también, a pesar de la profunda desconfianza, los esfuerzos realizados de buena fe por Irán para alcanzar una solución diplomática siguen en la agenda. Sin embargo, la buena fe no puede equipararse con la renuncia a derechos fundamentales ni con la aceptación de exigencias que excedan las obligaciones internacionales. Cualquier acuerdo sostenible requiere garantías tangibles, respeto mutuo y el fin de la práctica de cambiar las reglas del juego.
Witkoff, centrado en la amenaza, sigue basándose en la presión unilateral y el desprecio por los marcos jurídicos establecidos, no facilitará la resolución, sino que aumentará el riesgo de escalada y confrontación.
La paz y la seguridad internacionales —el objetivo declarado del régimen de no proliferación— solo pueden lograrse cuando todos los actores, incluidos los regímenes de Estados Unidos e Israel, se adhieran a los principios fundamentales del derecho internacional, eviten los dobles raseros y respeten la igualdad de derechos de los miembros de la comunidad internacional.
Si el objetivo genuino es prevenir la proliferación y salvaguardar la paz y la seguridad internacionales, el camino a seguir radica en volver a los compromisos, abstenerse de amenazas y respetar los derechos legítimos de los Estados miembros del TNP.
La experiencia ha demostrado que la máxima presión no ha producido un mejor acuerdo; más bien, ha ampliado las divisiones. Por el contrario, un enfoque basado en el respeto mutuo y garantías creíbles puede sentar las bases para un entendimiento duradero.
La República Islámica de Irán ha declarado que sigue ese camino de buena fe. La pregunta ahora es si Washington está preparado para pasar de un discurso de “Capitular ” a “Respetar”. Irán no capitulará; se mantendrá firme. Sin duda, Irán se mantendrá firme contra cualquier acto de agresión y responderá recíprocamente a cualquier acción hostil. La voluntad de paz conduce a la paz; el aventurismo conduce a la inestabilidad.
