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La economía de mercado no se defiende con sesgos pro empresa. Se defiende obligando a competir. Y los verdaderos anti mercado no son quienes lo critican desde afuera. Son quienes, desde dentro, lo convierten en un club y lo venden como libertad.
El primer gabinete de José Antonio Kast va a mostrar qué entiende por “pro mercado”: competencia real o un club de extracción de rentas. Esa diferencia determina si el país avanzará hacia más productividad o hacia privilegios protegidos, es decir, hacia crecimiento sostenido o hacia un crecimiento aparente.
“Pro mercado” debería significar una cosa: competencia. Entrada, rivalidad, innovación y sanción dura a los carteles. Reglas que impidan que el poder económico convierta la economía en un acuerdo entre pocos.
Todo lo demás es una distorsión del concepto: usar la etiqueta “pro mercado” para proteger incumbentes, relativizar abusos y tratar la libre competencia como una molestia. Esa trampa no la construyen los críticos ideológicos del sistema. La construyen sus enemigos internos, los que hablan como liberales, pero operan como administradores de rentas.
Por eso la discusión sobre los nombres que ocupan un cargo importa tanto. Un gabinete económico no es solo un conjunto de currículums. Es una señal al mercado sobre qué conducta será premiada y cuál será castigada. Puede empujar a competir o puede empujar a coordinarse.
Kast puede prometer crecimiento, inversión e innovación, pero esas palabras solo se vuelven creíbles si el gobierno elige el lado correcto del concepto: pro competencia, no pro empresa en el peor sentido.
Modelo Quiroz
Ahí aparece el “Modelo Quiroz” como símbolo. Jorge Quiroz no representa solo a una persona. Representa un tipo de comportamiento que Chile conoce demasiado bien: el experto que termina alineado con defensas del incumbente en casos emblemáticos y con diseños que sostienen estructuras cerradas. Esto importa hoy porque su nombre se ha instalado como eje del relato económico del nuevo gobierno.
A estas alturas, el patrón es difícil de ignorar. En pollos, aparece el “modelo” de estimación de demanda asociado a su oficina como insumo funcional para ordenar producción y cuotas en un cartel, según antecedentes incorporados en sede de libre competencia.
En farmacias, actuó como perito de parte para Salcobrand negando indicios de colusión, en un proceso que terminó con confirmación judicial de alzas concertadas masivas en más de 200 medicamentos.
En navieras, su informe económico fue pieza central en la defensa de MOL en el cartel del transporte marítimo de autos, finalmente sancionado.
En asfalto, peritajes e informes para Asfaltos Chilenos en un expediente que también terminó con condena confirmada.
Cuando el tema deja de ser un cartel específico y pasa a ser el diseño del mercado, aparece la misma inclinación: en el mercado de gas, asesoría a Metrogas en medio de cuestionamientos por elusión regulatoria; en pesca, defensa del esquema de cuotas y rechazo a licitaciones que habrían introducido competencia.
Nada de esto exige hablar en términos penales. La responsabilidad penal se acredita con estándares altos: pruebas, intención y participación. Quiroz ha rechazado imputaciones y sostiene que su rol fue técnico.
El punto aquí es otro: riesgo institucional. El riesgo es que el “pro mercado” de un gobierno se convierta en un club de unos pocos en vez de competencia, esto es, que la entrada a los mercados se vuelva más difícil y que reglas y decisiones públicas terminen favoreciendo acuerdos, barreras y rentas por sobre rivalidad.
Esto no es retórico. Se puede prometer crecimiento, pero el crecimiento sostenido depende del aumento de la productividad. Y la productividad, en una economía de mercado, tiene un motor específico: presión competitiva.
Es esa presión la que obliga a bajar costos, a invertir en tecnología, a mejorar la logística, a innovar, a profesionalizar la gestión y a disputar clientes. Cuando el mercado se administra por acuerdo, por cuotas, por defensas técnicas que relativizan carteles o por diseños que consolidan incumbentes, la presión cae. Y sin esa presión no aumenta la productividad.
La misma lógica golpea el empleo. Un incumbente protegido tiende a invertir más en sostener su posición que en arriesgarse a ganar compitiendo. En sectores ligados a bienes públicos -como la pesca- el diseño institucional puede consolidar posiciones por décadas y generar conflictos territoriales y distributivos previsibles.
El contraste internacional ayuda a entender por qué este debate no es un capricho local. En Estados Unidos y en la Unión Europea, el giro ha sido tratar la facilitación como parte del problema. No solo sancionar a empresas y ejecutivos, también perseguir a quienes facilitan carteles cuando hay participación consciente.
Chile, desde 2016, se movió en esa misma dirección para elevar el costo esperado del cartel y cerrar el espacio a la industria que lo sostiene. Y bajo ese marco, una facilitación relevante, probada y dolosa no solo puede tener consecuencias administrativas. También puede tener consecuencias penales, precisamente para que el cartel deje de ser un negocio de bajo riesgo.
Pro mercado
Con eso, volvemos al punto de partida. Kast puede escoger qué significa “pro mercado” en su gobierno. Puede armar un gabinete que entienda que la competencia es el motor del bienestar, y que por tanto la libre competencia se defiende incluso cuando incomoda a grandes empresas. O puede armar un gabinete que interprete “pro mercado” como pro empresa, donde el crecimiento se confunde con rentabilidad protegida y la desregulación se usa para reforzar posiciones dominantes.
Si el “Modelo Quiroz” actúa como brújula, la señal es clara y peligrosa. El nuevo gobierno entenderá el mercado como club. Y si el mercado actúa como club, la promesa de crecimiento, innovación y empleo nace con un problema de origen. Se intenta acelerar el bienestar debilitando el motor que lo produce.
La salida, si se quiere credibilidad, es simple y exigente: tolerancia cero a carteles, respaldo explícito a la institucionalidad de competencia y a sanciones disuasivas, y una agenda de apertura real en sectores concentrados, incluso cuando eso incomode a incumbentes.
Esa receta exige algo más: reguladores fuertes y una autoridad de competencia con poder real. Son parte del mercado. Sin autonomía, recursos, facultades sancionatorias efectivas y respaldo político, la competencia se muere en un discurso y los mercados quedan a merced de la captura. El gabinete va a mostrar su lectura del mercado en una cosa práctica. Si fortalece esa institucionalidad o si la trata como obstáculo.
La síntesis es directa. La economía de mercado no se defiende con sesgos pro empresa. Se defiende obligando a competir. Y los verdaderos anti mercado no son quienes lo critican desde afuera. Son quienes, desde dentro, lo convierten en un club y lo venden como libertad.
Si el gabinete de Kast se arma en torno a esa lógica, Chile no recibe más mercado. Recibe menos competencia, menos innovación y menos bienestar, con una conveniente etiqueta encima. Y de etiquetas donde supuestos competidores convienen un mismo precio, Chile también sabe demasiado.
