La interrogante ahora es, ¿realmente el gobierno va a perseverar con su afán desproporcionado, de convertir este proyecto en ley?
Esta semana votamos en la sala el proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, refundidos, que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, en sus distintos ámbitos de aplicación.
Este es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno que, según plantean, busca fomentar la innovación y asegurar el resguardo de los derechos fundamentales de las personas en el uso de esta tecnología. Por esta razón, decidieron darle carácter de “discusión inmediata” y sacarlo a toda costa, contra reloj, cuando la gran mayoría del ecosistema tecnológico ha manifestado su preocupación, pues contradictoriamente, este proyecto es un freno al desarrollo tecnológico en nuestro país.
Estas alertas se materializaron claramente en la gran cantidad de artículos rechazados en la votación en la Cámara Baja, como la creación del Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial, los espacios controlados de pruebas y los procedimientos administrativos sancionadores. El resultado despachado al Senado fue un proyecto de ley, sin pies ni cabeza, un cuerpo legal inconexo y de difícil aplicación.
La interrogante ahora es, ¿realmente el gobierno va a perseverar con su afán desproporcionado, de convertir este proyecto en ley? Sin duda esta premura con tinte ideológico será el costo que Chile pagará mañana, quitándonos la oportunidad de ser un país líder digital en la región, a causa de la sobrerregulación.
A diferencia de nuestros vecinos, tenemos todas las capacidades tecnológicas habilitantes necesarias: sólida infraestructura de data centers, amplia matriz de energías renovables y robusta conectividad, incluso submarina.
No podemos darnos este gusto político, hoy más que nunca: necesitamos mayor inversión en tecnología, generar empleos, combatir la delincuencia desbordada con la utilización de IA, es decir, objetivos que no serán posible si esta iniciativa prospera.
Al menos en esta materia, no todo se resuelve con más regulación, con más leyes, como suele ser el anhelo político de muchos. Dejemos atrás el retrógrado pensamiento electoral, la eficacia de un gobierno no se mide por el número de leyes que promulga, sino por los resultados que logra.
Cualquier gobierno, este y el que venga, debe ser un catalizador para obtener un mayor impacto positivo para la ciudadanía a través del uso ético y responsable de la IA, partiendo por usarlo para mejorar la precaria digitalización del Estado.
Espero que en el Senado prime una mirada de Estado y no de gobierno, que tenga alturas de miras para comprender que el enjambre regulatorio que actualmente tenemos -ley de protección de datos personales, más ley de ciberseguridad-, debe ser armonizado previo a seguir produciendo leyes que sin duda asfixian especialmente a las pymes.
Se debe dar una discusión participativa, aunando esfuerzos de todos los actores del ecosistema, sin frenar el desarrollo ético y responsable, ni hipotecar el futuro de Chile.
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