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Mientras esa voluntad no exista, el deber de la humanidad es insistir en la justicia, en la rendición de cuentas y en sanciones que obliguen a adecuar el comportamiento del Estado de Israel a las normas que todos los demás estamos llamados a respetar.
La palabra “rehén” se hizo cotidiana para referirse a israelíes retenidos en Gaza. Con el alto el fuego y los primeros canjes, el mundo respira aliviado. Pero hay otra historia que casi no aparece en los titulares: la de miles de palestinos y palestinas privados de libertad por Israel, muchos sin cargos ni juicio, incluidos niños. Son los rehenes olvidados de una política de detención masiva normalizada por décadas.
Al 5 de octubre de 2025, organizaciones que monitorean registros oficiales reportan 11.100 palestinos en cárceles y centros de detención israelíes. De ellos, 3.544 están bajo detención administrativa, órdenes de seis meses renovables indefinidamente, basadas en “información secreta”, sin acusación formal ni juicio. Entre los detenidos hay 400 niños y 53 mujeres.
No son cifras aisladas: describen un régimen que utiliza la privación de libertad sin debido proceso como herramienta estructural de control sobre una población ocupada.
La arquitectura que lo permite no es accidental. En Cisjordania, la Orden Militar 1651 autoriza detenciones administrativas renovables. Para Gaza, la Ley de “Combatientes Ilegales” (2002) permite internamientos prolongados sin cargos; y dentro de Israel, la Ley de Poderes de Emergencia (1979) habilita el mismo esquema para ciudadanos palestinos. El resultado práctico es un triángulo legal que cubre territorio y estatus, blindando la detención sin juicio como política de Estado.
Nada de esto opera en el vacío, sino dentro de un andamiaje pensado para sofocar la vida pública palestina. Desde 1967, Israel mantiene vigentes las Regulaciones de Emergencia de 1945 y la Orden Militar 101, que penaliza con hasta 10 años de cárcel reuniones de más de 10 personas “de significado político” y exige permiso militar para banderas, consignas o publicaciones.
En 2010, la Orden Militar 1651 consolidó tipificaciones elásticas de “incitación” o “perjuicio al orden público”. Tras más de medio siglo de ocupación, Human Rights Watch (HRW) concluye que estas restricciones amplias ya no son justificables bajo el derecho de ocupación y violan derechos fundamentales.
Desde octubre de 2023, el uso de estas figuras se disparó. A fines de diciembre de 2024, el propio Servicio de Prisiones israelí registraba 3.327 palestinos en detención administrativa —un máximo histórico— dentro de un total de 9.619 detenidos. En octubre de 2025, la ONG israelí HaMoked, a partir de datos oficiales, informa 1.461 condenados, 3.378 en prisión preventiva y 3.544 en detención administrativa.
La niñez no queda al margen. Cada año, entre 500 y 700 niños palestinos son detenidos y procesados por tribunales militares; en 2024-2025 se observaron incrementos significativos de menores bajo órdenes administrativas. No hablamos solo de estadísticas, sino de infancias interrumpidas, años escolares perdidos y traumas que durarán generaciones.
El resultado es un sistema dual: palestinos de Cisjordania sometidos a tribunales militares y colonos israelíes en los mismos territorios juzgados por tribunales civiles. HRW sostiene que la suspensión indefinida de libertades de reunión, asociación y expresión bajo figuras militares de 1945, 1967 y 2010 viola el derecho internacional y ha asfixiado la vida política y social palestina. No es un abuso aislado: es la regla del juego que alimenta la detención administrativa y la prisión sin debido proceso.
El canje asociado al alto el fuego ha devuelto a casa —y en muchos casos exiliado— a miles de palestinos, muchos visiblemente desnutridos y golpeados, y ha permitido a familias abrazos largamente postergados. Aun así, incluso tras las liberaciones de los últimos días, miles siguen cautivos bajo un sistema que premia la detención sin juicio.
La paz que hoy se pronuncia no será justa ni duradera mientras la libertad de los palestinos siga condicionada por mecanismos administrativos opacos que vulneran garantías básicas. Exigir el fin de la detención administrativa como práctica generalizada, la restitución de visitas humanitarias, el acceso a abogados y familias, y la liberación de niños y de toda persona sin cargos ni juicio no es una agenda “política”: es un mínimo civilizatorio.
Esta es solo una arista de un drama mayor. Décadas de ocupación, despojo, apartheid y colonización han configurado la realidad de Palestina. Por eso, una paz justa y duradera no puede depender de la voluntad del ocupante ni de negociaciones impuestas bajo la sombra del poder militar. Solo será posible con la implementación irrestricta del derecho internacional, el fin de la ocupación, la restitución de los territorios robados y una solución justa para los refugiados.
Mientras esa voluntad no exista, el deber de la humanidad es insistir en la justicia, en la rendición de cuentas y en sanciones que obliguen a adecuar el comportamiento del Estado de Israel a las normas que todos los demás estamos llamados a respetar.
Los rehenes olvidados —los miles de palestinos y palestinas tras los muros— no caben en los titulares, pero definen la naturaleza del sistema al que se aspira a poner fin.
