La principal dificultad de Kast será Donald Trump

La hipótesis central que ha estructurado el prólogo del gobierno de José Antonio Kast no ha sido programática en sentido clásico —reformas estructurales, rediseño del Estado, cambios culturales de largo plazo— sino estratégica: su éxito o fracaso dependería de su capacidad de sostener la tesis de un “gobierno de emergencia” y producir resultados visibles en ese marco.

Esa jugada fue brillante en campaña, pues ordenaba el relato en un ámbito acotado que dejaba temas más cercanos a otras candidaturas. Es así como lo demás —modernización institucional, rediseños regulatorios, transformaciones valóricas— se ha entendido, incluso entre sus partidarios, como una profundización deseable pero no decisiva para el juicio histórico de su administración. El criterio evaluativo sería otro: ¿logró restablecer el orden? ¿contuvo la expansión del crimen organizado? ¿reencauzó la inversión? ¿controló la migración irregular?

En esta arquitectura conceptual descansa la planificación de Kast. Pero el problema es más complicado desde que el mundo se convirtió en lo que es hoy. Como ya se ha señalado en columnas anteriores de esta sección, el siguiente gobierno probablemente va a ser el más influido por motivos externos que cualquiera de los gobiernos del último medio siglo.

Y las dificultades de Kast no provendrán de enemigos complejos, sino de amigos demandantes. ¿Podrá evitar Kast que su alianza con Trump no se convierta en una alianza tóxica? Apuesto hoy a que será la mayor dificultad y su capacidad de movimiento y la libertad de acción que todo gobernante busca se concentrará en esa problemática.

Y en el principio fue la emergencia

Pero partamos por el principio. Y en el principio fue la emergencia. Esta noción no surge en el vacío. En el discurso de José Antonio Kast desde 2019, y con mayor fuerza tras el estallido social, se ha instalado la idea de que Chile atraviesa una “crisis de orden” que precede y condiciona cualquier otra discusión. En múltiples intervenciones, Kast ha sostenido que “sin seguridad no hay libertad”, condensando la tesis de que la primera función del Estado es recuperar el monopolio efectivo de la fuerza.

Esa perspectiva fue permanentemente mencionada desde los entornos de Kast, buscando dar garantías de sostener mediante la gestión de la emergencia el Estado de Derecho, buscando subrayar que el orden jurídico es anterior a cualquier proyecto transformador.

Desde esta perspectiva, el “gobierno de emergencia” no equivale a un estado de excepción permanente —como lo conceptualizaría Carl Schmitt— sino a una priorización política radical: primero se restituye el orden básico; luego se discute el resto. Si ese matiz otorga carta de gestión, es un tema a considerar, pero de momento es la tesis central del gobierno. No será fácil matizar la promesa de dar un estatus especial a la emergencia ya que más del 40% de los votantes de derecha (encuesta LCN) consideran que saltarse las reglas es algo permitido bajo ciertas condiciones.

Seguridad, economía y migración

El primer pilar de esta tesis es la gestión de la delincuencia. El diagnóstico compartido en el proyecto kastista es que Chile dejó de enfrentar solo delincuencia común y comenzó a convivir con estructuras de crimen organizado transnacional.

En ese marco, algunas figuras del nuevo gobierno han enfatizado que el problema no es meramente cuantitativo (más delitos), sino cualitativo pues cuando el crimen organizado se consolida territorialmente, es una disputa por soberanía.

El éxito del gobierno de emergencia, por tanto, no se mediría solo en estadísticas de victimización, sino en impedir la consolidación estructural de redes criminales. La evaluación no sería: ¿bajó el robo en un 5%?, sino: ¿evitó Chile convertirse en un corredor estable de economías ilícitas? O ¿cuántos barrios han logrado recuperarse por las fuerzas policiales y han dejado de estar bajo control criminal?

En este punto, el margen de tolerancia social sería relativamente bajo, por el tipo de promesa que subyace. Si el gobierno no logra resultados visibles en los primeros 18–24 meses, la tesis misma de la emergencia perdería credibilidad.

El segundo eje es económico, pero no en clave redistributiva sino productiva. La idea ha sido reiterada por Kast: Chile no necesita más diagnósticos, necesita volver a crecer. No voy a detenerme en este punto demasiado, pues sería para otra columna. Bastará decir que en la frase se hace un diagnóstico: la necesidad de crecimiento.

Pero ¿por qué bajó el crecimiento? ¿Nos distrajimos sin razones serias en criticar lo que se había hecho? ¿O existían problemas? La tesis de la vana distracción que la discusión posterior a 2011 produjo (educación, pensiones, cambio constitucional, sueldo mínimo) la podría defender Chile Vamos, pero no Republicanos, pues este partido nace (al igual que el Frente Amplio) criticando los acuerdos transicionales y la política de entonces.

Lo que es claro es que hay al menos tres diagnósticos distintos: el primero dice que Chile vive una crisis de crecimiento y productividad (la que dijo Kast), el segundo señala que Chile vive una crisis de legitimidad institucional y una tercera señala que se produjo una crisis de modelo de desarrollo y que la búsqueda del siguiente modelo para Chile ha quedado entrampado.

Las tres tesis son viables incluso juntas, pero no ha sido la visión de Kast. Aún así, el gobierno de emergencia asocia la crisis de seguridad con la crisis de inversión y en este marco el estancamiento de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura es leído no solo como problema técnico, sino como síntoma de debilitamiento institucional.

Es decir, la tesis dos sí penetra en la tesis uno. En esta línea, actores vinculados al mundo empresarial han insistido en que el mayor desafío es la “certeza jurídica”. No se trataría de desregular indiscriminadamente, sino de acelerar decisiones y reducir la incertidumbre que paraliza capitales. La solución de resolver estos asuntos administrativa y políticamente es siempre dudosa, pues la inversión extranjera confía más en el Congreso y sus leyes que en la voluntad de los gobernantes, ya que es la forma en que siempre han funcionado para otorgar certeza de largo plazo.

El juicio evaluativo aquí sería pragmático: ¿logró el gobierno reactivar proyectos estratégicos? ¿aumentó la inversión extranjera? ¿acortó plazos regulatorios?

Si la seguridad es el núcleo simbólico, la inversión es el termómetro económico de la emergencia. Y no sería raro que la economía pueda ser una ruta más gratificante para Kast en su gobierno, ya que impulsarla puede requerir de herramientas más simples que aquellas que hay que movilizar para vencer el crimen organizado.

El tercer componente es el control migratorio. Kast ha sido explícito: el descontrol fronterizo es leído como puerta de entrada de redes criminales y como factor de tensión social. La promesa no es solo administrativa (ordenar flujos), sino simbólica: restituir la idea de frontera como límite efectivo del Estado. En este punto, el gobierno de emergencia se juega parte importante de su legitimidad en el norte del país.

La evaluación no sería ideológica, sino funcional: ¿logró reducir el ingreso irregular? ¿ejecutó expulsiones efectivas en casos de delitos graves? ¿desactivó enclaves de criminalidad asociados a redes transnacionales?
En contraste, temas como reforma educacional, rediseño cultural, debates valóricos o transformaciones institucionales profundas han sido percibidos como secundarios respecto al gobierno de emergencia. Esto no implica que no existan en el proyecto. Pero incluso dentro de su base electoral, se entiende que esos asuntos solo serán políticamente viables si el gobierno demuestra eficacia en la emergencia.

En términos teóricos, el gobierno de emergencia funciona como un contrato político implícito: la ciudadanía concede margen de maniobra excepcional a cambio de resultados concretos en seguridad y orden.

El mayor riesgo de esta arquitectura es su carácter binario. Un gobierno estructurado sobre la emergencia no dispone de amortiguadores narrativos amplios. Si logra resultados visibles, puede consolidar una hegemonía basada en la restauración del orden. Si fracasa, su narrativa colapsa, porque la promesa fundacional no era transformadora sino correctiva.

A diferencia de proyectos refundacionales que pueden apelar a horizontes históricos largos, el gobierno de emergencia vive bajo una métrica corta: eficacia inmediata.

La tesis central es clara: el éxito o fracaso del eventual gobierno de José Antonio Kast no se evaluará por su coherencia doctrinaria ni por la profundidad de sus reformas estructurales, sino por su capacidad de cumplir la promesa básica de restauración.

Seguridad, contención del crimen organizado, reactivación de inversión y control migratorio constituyen el núcleo duro del contrato político. Todo lo demás —agenda cultural, reformas institucionales, rediseños normativos— será percibido como accesorio mientras la emergencia no esté resuelta. En ese sentido, la pregunta histórica no será si Kast transformó Chile, sino si logró estabilizarlo luego de la emergencia.

Hasta aquí vemos bastantes complejidades, pero la intensidad de los desafíos y la magnitud de los problemas pueden estar completamente fuera de esta descripción. Este juego, el que jugamos en Chile, el que construimos habitualmente, el que ha tomado toda nuestra discusión nacional por décadas; puede estar por terminar. El mejor ejemplo es el cable chino y la represalias de Estados Unidos. Pero esta no es la primera vez. Y sin duda ese escenario puede empeorar.

Estados Unidos y China

Si la primera prueba del eventual gobierno de José Antonio Kast sería interna —seguridad, crimen organizado, inversión y migración—, la segunda sería externa y probablemente más compleja: el aterrizaje en Chile de la disputa estratégica entre Estados Unidos y China por América Latina.

La estrategia de China no es tomar control del subcontinente latinoamericano, pero sí tensionar la doctrina Monroe/Trump (que señala que Estados Unidos debe controlar su hemisferio y que ese hemisferio es todo el continente americano y algunas otras zonas de necesario control para la seguridad estratégica de dicho país).

A China le basta hacer tropezar a Estados Unidos en su zona de influencia, pues la doctrina misma señalada por Estados Unidos ya concede la pérdida de Europa en el control norteamericano. Todo esto plantea un escenario voluble y abierto, ya que los nuevos ataques de Estados Unidos a Irán no dejan claridad respecto a la profundidad de la acción.

De todos modos, aquí el problema no es ideológico, sino estructural. Chile ocupa un lugar objetivamente relevante en la nueva economía de recursos estratégicos. Y cuando una economía pequeña se convierte en pieza funcional dentro de una rivalidad sistémica entre potencias, pierde margen de neutralidad. Chile pasó a ser un país estratégico. Usted dirá, ¿pero eso es bueno cierto? No necesariamente. Es una oportunidad, pero con grandes dificultades. Veamos su complejidad.

Como decíamos, China no necesita “controlar” América Latina en términos geopolíticos clásicos. Pero sí necesita evitar que Estados Unidos retome una hegemonía sin fricción en la región. La estrategia de Beijing ha sido consistente: estructuración de acuerdos de largo plazo, aterrizaje empresarial en sectores estratégicos (minería, energía, infraestructura digital), y consolidación de presencia económica con rentabilidad real.

No se trata solo de influencia política; se trata de posicionamiento industrial en sectores con utilidades. Es decir, es ganar dinero y ganar posición a la vez. La expansión china en litio, cobre, redes eléctricas y puertos no es simbólica, sino que es operacional.

Si Chile se alineara abruptamente con Washington en términos estratégicos, China no reaccionaría necesariamente con conflicto directo; podría simplemente reconfigurar su mapa de abastecimiento, ya sea con países que producen metales equivalentes (Perú, Bolivia y Argentina, por ejemplo), o con sustitutos tecnológicos (Chile ya lo vivió con el salitre). A largo plazo (como se piensa desde China) hay más posibilidades, como la normalización de Afganistán que podría complementar abastecimiento de cobre, litio, hierro y tierras raras. Desde una lógica fría, Chile es importante, pero no insustituible. Y ese carácter sustituible es una vulnerabilidad estructural.

Pero el problema de Chile no es aún un asunto de mercado. El problema es que Chile enfrenta una tensión objetiva y que no depende de los reclamos de la izquierda o de las ONGs ambientalistas. El problema es que Estados Unidos es nuestro socio político-militar fundamental y China es nuestro principal socio comercial.

Si comparamos la profundidad estructural de la relación entre Chile y Estados Unidos versus la relación Chile-China en ámbitos como defensa, cooperación policial e institucionalidad política, la diferencia es clara en términos cualitativos.

Con Estados Unidos existe una red histórica y formalizada de cooperación en defensa (ejercicios conjuntos, formación de oficiales, interoperabilidad doctrinaria, participación en instancias hemisféricas y vínculos dentro del sistema interamericano de seguridad), además de acuerdos de intercambio en materia de inteligencia financiera, combate al narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, con protocolos técnicos estandarizados y marcos legales compatibles.

En el plano político-institucional, Chile y EE.UU. comparten décadas de tratados de libre comercio, coordinación diplomática en foros multilaterales (OEA, ONU, BID), cooperación académica y tecnológica, y una matriz normativa relativamente convergente en materia de Estado de Derecho, regulación financiera y estándares corporativos.

Cada año, alrededor de 15.000–20.000 estudiantes chilenos estudian en el extranjero (todos los destinos combinados). De ellos, Estados Unidos recibe varios miles por año (alrededor de 4.000 estudiantes chilenos estaban en universidades de Estados Unidos en 2024), siendo uno de los principales destinos históricos de posgrado. En cambio, China recibe una cifra mucho menor —probablemente en el rango de cientos—, sin comparación con el flujo hacia EE.UU.

Chile vende cobre y litio; China necesita cobre y litio para su expansión industrial y tecnológica. Se conectan, en términos clásicos de mercado, las necesidades de uno con los recursos del otro.

Pero la dependencia no es simétrica en términos de poder. Tanto Washington como Beijing pueden afectar gravemente la economía chilena con acciones relativamente menores para ellos: ajustes regulatorios, restricciones técnicas, condicionamientos logísticos o presiones diplomáticas indirectas (visas u otros).

Por ejemplo, el litio chileno requiere insumos industriales que dependen en parte de cadenas asociadas a Estados Unidos. Si ese flujo se interrumpe, el liderazgo productivo pierde competitividad. Al mismo tiempo, si China decidiera redirigir inversiones o contratos hacia Argentina o Bolivia, Chile perdería masa crítica rápidamente.

En este contexto, la supuesta estabilidad del “gobierno de emergencia” se vuelve frágil: la economía podría sufrir impactos exógenos que escapan completamente al control presidencial.

Existe además un elemento coyuntural relevante. Estados Unidos ha mostrado señales de prolongar su etapa petrolera y ralentizar la transición eléctrica. Si la economía estadounidense reduce su impulso hacia la electromovilidad, disminuye su necesidad estratégica de cobre y litio. Eso reduce su incentivo para compensar a Chile en caso de tensiones con China.

Chile engancha con el modelo productivo de China, no con el de Estados Unidos. Y no solo por la oferta que Chile ofrece, también por la demanda. En las calles de Chile la evidencia empírica es visible: el aumento de marcas automotrices chinas en la región es exponencial, muy superior a la evolución en ventas de las marcas estadounidenses. Ningún candidato presidencial, ni de derecha o de izquierda, declaró un automóvil norteamericano y casi todos eran asiáticos.

Esta asimetría de incentivos complica la ecuación porque Chile depende de ambos, pero ninguno depende críticamente de Chile.

La dificultad mayor no radica solo en la estructura sistémica, sino en el estilo de negociación de Donald Trump. La máxima clásica de negociación —ofrecer siempre una salida honorable al adversario— no forma parte central de su repertorio. Su lógica se articula en torno a la presión máxima, la bilateralización forzada y el principio “America First”.

Si esa doctrina se traduce en política hemisférica, el margen de autonomía de países como Chile se reduce severamente. Tratados, estándares multilaterales y formalidades jurídicas pueden convertirse en instrumentos secundarios frente a decisiones unilaterales. Para un presidente chileno, la dificultad no es solo política. Es técnica, pues las sanciones pueden ser comerciales, financieras, regulatorias o incluso pueden ocurrir con formas indirectas.

Capacidad negociadora

Aquí emerge un elemento delicado: la capacidad negociadora del mandatario y se equipo. ¿Tiene Chile hoy un equipo de expertos en negociaciones políticas? Lo desconozco, pero sin duda es un escenario difícil. Las negociaciones económicas son distintas a las políticas.

Las primeras se orientan principalmente a la maximización de beneficios materiales medibles (precios, cuotas, acceso a mercados, inversión, aranceles) y suelen operar bajo lógicas relativamente instrumentales, donde los actores calculan costos y beneficios dentro de marcos contractuales definidos.

En cambio, las negociaciones políticas involucran poder, legitimidad, identidad, reconocimiento y distribución de autoridad, por lo que no se reducen a intercambio de recursos, sino que afectan reglas del juego, estatus y equilibrio institucional, haciendo que las concesiones tengan un componente simbólico y de reputación mucho más alto.

Esta distinción ha sido trabajada indirectamente por varios autores: Thomas Schelling mostró en The Strategy of Conflict que toda negociación estratégica incorpora señales de compromiso y credibilidad más allá del cálculo económico. James Fearon analizó cómo las negociaciones políticas se ven condicionadas por audiencias internas y costos de reputación. Y Robert Putnam, con su teoría de los “juegos a dos niveles”, explicó cómo las negociaciones internacionales combinan simultáneamente una dimensión económica externa y una política interna.

En un entorno geopolítico normal, esa limitación sería administrable mediante equipos técnicos fuertes. Pero en un escenario de confrontación entre potencias, el margen de error se estrecha dramáticamente. La relación con un eventual segundo gobierno de Donald Trump podría convertirse en el frente más inestable del mandato de Kast. No por afinidad ideológica —que podría existir en muchos planos— sino por asimetría estructural de poder.

La paradoja sería evidente: el presidente chileno más enfocado en restaurar el orden interno podría enfrentarse al mayor desorden externo en décadas. Y el presidente de Chile más alineado con Estados Unidos podría tener en su aliado principal su principal dolor de cabeza.

Si la tesis del gobierno de emergencia se funda en la idea de control, la geopolítica introduce el elemento contrario: exposición e incertidumbre. Si Kast buscaba soberanía, la presión será totalmente opuesta. El escenario mundial tiene grandes impactos hoy y no dependen de la gestión doméstica. En ese sentido, el mayor desafío de Kast no sería la delincuencia, sino la administración de una posición intermedia en una disputa sistémica.

La hipótesis final es clara: Nada será más complejo para un eventual gobierno de Kast que la gestión simultánea de:

1. Dependencia económica de China.
2. Dependencia política y militar de Estados Unidos.
3. Un estilo negociador estadounidense disruptivo.
4. Una China claramente más activa en la política que acompaña sus negocios.
5. Un margen limitado de experiencia internacional propia.

La emergencia interna exige eficacia y control. La emergencia externa exige sutileza, equilibrio y capacidad estratégica de alto nivel.

Donald Trump

Ya se sabe que ponerse el gorrito de Trump no da garantías. Trump está resolviendo problemas que son relevantes para Estados Unidos y, aun cuando se puede discrepar en su estrategia, es claro que tiene un diseño para recaudar más para un país apretado en su economía. Por decirlo así, Trump diseñó un gobierno de emergencia y quizás nuestro gobierno tenga que vivir respondiendo a la emergencia, pero no a la de Chile, sino a la de Estados Unidos.

Esto tiene consecuencias. Si el rol de Donald Trump en el escenario hemisférico puede alterar profundamente las probabilidades de éxito o fracaso de un eventual gobierno de José Antonio Kast, la variable decisiva es qué tipo de protagonismo desplegará Trump en América Latina. Surgen aquí dos rutas.

Si Trump mantiene una política de alta influencia en América Latina centrada en la construcción de un bloque ideológico básico —seguridad, soberanía, control migratorio, combate al crimen organizado, defensa de valores conservadores—, el espacio político de Kast se amplía.

En ese escenario Kast no sería un subordinado, sino un aliado. La agenda hemisférica reforzaría su narrativa interna. La coordinación en seguridad y control fronterizo fortalecería su tesis del “gobierno de emergencia”. Y la presión sobre gobiernos de izquierda en la región aumentaría su peso político.

En este caso el alineamiento ideológico funcionaría como capital político. La relación con Washington se convertiría en una extensión de su discurso doméstico. Para un gobierno que ofreció restauración de orden, contar con respaldo político explícito de la principal potencia hemisférica podría consolidar su imagen de firmeza. Es el mejor escenario para Kast.

El problema surge si la lógica cambia.

Si Trump —bajo el principio “America First”— decide que América Latina debe funcionar prioritariamente como plataforma de recursos estratégicos al servicio directo de Estados Unidos, entonces la ecuación se altera radicalmente. Ya que en ese caso la política se vuelve instrumento económico, la presión bilateral reemplaza la coordinación ideológica y las asimetrías de poder se vuelven explícitas.

La lógica ya no sería: “alineémonos contra el crimen y la migración”. Sería: “reorganicemos cadenas productivas según el interés estadounidense”. Y ahí Chile se encuentra en posición delicada, porque nuestro principal socio comercial es China. Sin embargo, como decíamos, la seguridad estratégica está vinculada a Estados Unidos, nuestra economía depende de exportaciones de cobre y litio a Asia y, además, el mercado interno de Chile no tiene capacidad de compensación autónoma. Y el mercado de Estados Unidos es grande, pero no en las áreas críticas para Chile.

Si Washington presiona para reordenar flujos comerciales, limitar vínculos tecnológicos con China o condicionar inversiones estratégicas, Kast enfrentaría una disyuntiva de alto costo.

Aquí aparece el elemento más delicado para un político: la coherencia narrativa. Kast ha construido su liderazgo sobre la promesa de fortaleza, orden y soberanía. Si en el plano internacional se percibe como débil o subordinado frente al poder hemisférico, su capital simbólico interno puede erosionarse rápidamente. Lo peor para un gobierno que ofreció firmeza es proyectar dependencia.

La paradoja es evidente:

a) Si Trump privilegia el eje ideológico, Kast gana margen.
b) Si Trump privilegia el eje extractivo-económico, Kast pierde autonomía.
c) Si Trump combina ambos, la ambigüedad puede ser muy compleja (porque el apoyo político podría estar condicionado a concesiones económicas).

La prueba mayor para Kast no será demostrar cercanía ideológica con Trump, sino administrar la asimetría sin perder soberanía funcional. Y esto requerirá una diplomacia sofisticada, equipos técnicos altamente profesionalizados, diversificación de socios y manejo estratégico de señales públicas. Un error de cálculo podría activar sanciones comerciales o reacciones indirectas de cualquier de las potencias. Es lo que ha estado pasando en el gobierno de Boric y eso ocurrió en un escenario menos complejo que el actual.

Tal vez el dilema no consista en elegir entre Washington y Beijing (como creen unos y otros), sino en recordar que las naciones pequeñas no habitan la historia, sino el equilibrio. Quizás sea necesario entender que la soberanía es un objeto conjetural, un esfuerzo, la búsqueda de cada día, sobre todo cuando se habita en un pequeño trozo de tierra al fin del mundo. El verdadero desafío, entonces, no será vencer la emergencia, sino no convertirse en pieza de ella. Trump no ha dejado de actuar este 2026. Cada día ha tenido su afán.

Kast tendrá que tomar la decisión: su proximidad y admiración con Trump ¿debe convertir al presidente de Estados Unidos en faro? ¿Serán los gobernantes de la derecha latinoamericana los apóstoles? ¿Tendrán derecho a actuar por su cuenta? ¿Tendrá que estar el comité político atento a cada acción ejecutada para ver si molesta al gobierno de Estados Unidos? Son de este orden las grandes dudas, las grandes preguntas. Kast tendrá una proximidad con Trump, pero ya lo dice el dicho sobre las velas: “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”