El gobierno del Presidente Gabriel Boric está pronto a iniciar su último año de mandato, un buen momento para detenernos a analizar algunos de los cambios que se han implementado durante el período.

Me quiero centrar en las reformas que significan mejoras en el funcionamiento del Estado, por el impacto que tienen de cara a las necesidades de la sociedad. Cambios que van a perdurar más allá de los límites temporales del mandato presidencial.

Y es que durante estos tres años, el Estado se ha fortalecido para combatir el crimen y acompañar a las familias trabajadoras. En virtud de los antecedentes que veremos a continuación, podemos señalar que hoy contamos con un Estado más descentralizado, más eficiente y más presente en las necesidades sociales.

Seguridad

Luego de muchos años de tramitación, se aprobó el nuevo Ministerio de Seguridad, en virtud del cual el Estado ofrecerá respuestas más rápidas, efectivas y coordinadas para enfrentar el crimen organizado, con más presencia en barrios y territorios. Mientras las tareas políticas se concentrarán en el Ministerio del Interior, las de seguridad serán asumidas por equipos técnicos, profesionales y con dedicación exclusiva al combate contra el crimen, que serán ejecutadas por organismos con presencia a nivel regional y provincial.

Existirá una mejor coordinación entre Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la ANI y otras instituciones, para identificar riesgos, coordinar operaciones policiales y facilitar el intercambio de información. Esto representa un avance significativo en la preocupación del Estado sobre la seguridad de las personas.

Protección social

Por otro lado, la reforma previsional mejorará las pensiones de 2,8 millones de personas, constituyendo el primer cambio profundo del sistema previsional desde su creación. Instala un sistema de pensiones mixto, con mecanismos de equidad de género y de justicia intergeneracional.

Asimismo, la creación del Sistema Nacional de Cuidados marca otro hito: por primera vez, el Estado asume un rol central en el apoyo a cuidadoras y cuidadores, beneficiando a más de 75 mil personas. El Ejecutivo está avanzando en tareas históricas que modifican el modo en que el Estado garantiza los derechos durante la vejez, la enfermedad y las situaciones de dependencia.

Descentralización y equidad territorial

La distribución territorial del poder también ha experimentado un cambio significativo, gracias a la nueva regulación del royalty minero, cuyos recursos ya benefician a 12 millones de personas en 307 municipios, dando paso a un Estado más descentralizado y con regiones más autónomas.

Este mecanismo mejora la equidad territorial y redistribuye los ingresos del cobre, un cambio estructural que fortalece a las regiones, aumentando “el sueldo de Chile” a través de la recaudación de US$1.350 millones adicionales cada año e impulsando el desarrollo de las comunas más relegadas del país. En 2024, 307 municipios recibieron estos fondos adicionales gracias a este mecanismo, lo que le está cambiando la vida a más de 12 millones de chilenos y chilenas.

Por último, es necesario mencionar el proyecto de Ley Marco de Permisos Sectoriales, que actualmente se tramita en el Congreso y busca agilizar la inversión sin reducir regulaciones. Se estima que los plazos de aprobación de grandes proyectos se reducirán en un tercio y en la mitad para los de menor envergadura. De esta manera, el Estado avanza hacia una gestión más eficiente para incentivar el crecimiento económico.

Más presente y descentralizado: el Estado que dejará Gabriel Boric

El gobierno del Presidente Gabriel Boric entrega un Estado más presente. A un año del término del mandato, el Estado presenta cambios importantes en aspectos de la convivencia social que son muy sensibles para las personas y las familias: seguridad, descentralización y protección social.

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A la hora de los balances, es posible afirmar que este gobierno entregará un Estado más robusto para garantizar la seguridad pública, más presente ante la seguridad social y más ágil para impulsar la seguridad económica. Medidas y políticas públicas de largo plazo, que marcan un horizonte de cambios sociales para avanzar en mayor justicia y equidad social, ampliando las perspectivas en materia de seguridades, para garantizar un desarrollo que llegue a todos y no solo a unos pocos.
- Jaime Bassa