La crítica que estos días se le realiza al juez Daniel Urrutia, quien buscaba darle beneficios a extranjeros que son parte del crimen organizado, de manera que pudieran tener acceso a llamadas y facilitar su estadía en la cárcel, es una crítica que viene del sentido común.
A gran parte de la población le parece absurdo permitir a estos delincuentes que continúen sus planes criminales desde la cárcel, pero es importante entender cuál es la perspectiva de esta mirada.
En mi experiencia con activistas y los tribunales, estas medidas que parecen sin sentido son más comunes de lo que se piensa. Constantemente se ven casos en que ciertos jueces dejan en libertad o evitan expulsar a narcotraficantes con historiales de violencia, bajo el argumento de la reinserción social y la importancia de mantener vínculos familiares, incluso cuando poseían armas de fuego.
Un enfoque “buenista” hacia la criminalidad
Este fenómeno pone de manifiesto la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en Chile. Algunos sectores abogan por una mayor humanización del sistema penitenciario sin considerar plenamente las implicancias de sus decisiones en la seguridad pública, con un Poder Judicial que no se hace responsable de sus acciones y con poco escrutinio público.
Este enfoque “buenista” hacia la criminalidad, empujado por activistas que justifican la migración clandestina y que hoy ocupan los principales cargos de gobierno, ve a los delincuentes como víctimas de la sociedad, e ignora la realidad del crimen organizado y su impacto devastador en las comunidades.
Al otorgar beneficios penitenciarios sin un análisis riguroso de los riesgos, e insistir en que son víctimas y se deben quedar en Chile a toda costa, se facilita que los narcos y el crimen internacional continúen operando desde la cárcel y en nuestros barrios, perpetuando ciclos de violencia y corrupción.
Migración descontrolada y las oportunidades para el crimen organizado
La migración ilegal, que se mantiene con más de 100 mil ingresos ilegales en los últimos dos años, ha complicado aún más este panorama. Aprovechando la falta de voluntad de las autoridades y la falta de control de fronteras, las redes de crimen organizado han encontrado en la migración descontrolada una vía para fortalecer sus operaciones, utilizando a migrantes para el tráfico de drogas y personas.
Frente a este desafío, es fundamental adoptar una postura firme y coherente contra el narcotráfico y el narco activismo, reconociendo que la seguridad pública y la protección de las comunidades deben ser la prioridad.
Esto implica reevaluar las políticas de reinserción social para delincuentes vinculados al crimen organizado, fortalecer el control migratorio para prevenir el ingreso indiscriminado, y promover una cooperación más efectiva entre las autoridades judiciales, policiales y migratorias.
Pero, sobre todo, entender que los extranjeros presos en nuestro país, a través del Convenio de Estrasburgo, pueden cumplir la pena en su país de origen, ya que existe una nula probabilidad de que se reinserten en un país donde ni siquiera van a tener visa.
Mientras que la mirada en extremo ideológica hacia el sistema penitenciario y la integración de migrantes son objetivos buenistas de narco activistas, no deben perseguirse a expensas de la seguridad pública.
Chile requiere una respuesta decidida que equilibre solidaridad con pragmatismo, asegurando que las políticas no solo sean justas sino también efectivas en la prevención y combate del crimen organizado.
