Ha llegado la hora de que el Estado asuma las tareas que la ciudadanía espera de él. No puede ser que esté subcontratando sus funciones esenciales. Necesitamos descentralización política, administrativa y fiscal.
El jueves 9 y el viernes 10 de noviembre pasado participé en Valdivia en el Encuentro Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, donde tuvimos la oportunidad de discutir a fondo los problemas y dificultades que enfrentamos como país para avanzar en la descentralización, que busca entregar poder a las regiones y a las comunas.
Los objetivos que supone este desafío son tres: la descentralización política, que es la posibilidad de que la propia ciudadanía elija las autoridades de los territorios subnacionales, esto es a alcaldes y alcaldesas, y a gobernadores y gobernadoras. Se agrega en este punto la implementación de procesos de participación ciudadana, que permita realizar el control social de la gestión de los recursos públicos, tanto en municipios como en gobiernos regionales.
Un segundo objetivo es la descentralización administrativa, que consiste en la transferencia de competencias decisorias a los gobiernos regionales por definición del Ejecutivo; y una tercera meta es la descentralización fiscal que, hasta ahora, no ha logrado avanzar.
Hay que decirlo: la regionalización ha resultado ser uno de los procesos más difíciles de instalar en el país. Desde la creación de los Gobiernos Regionales, ha habido un lento avance en su implementación. Y existe un mecanismo de traspaso de potestades desde el Presidente a los GORES relativamente voluntario.
A ello se agrega que hay varias preguntas por responder. Por citar algunas: ¿Qué funciones deben tener los gobiernos regionales en materia de seguridad ciudadana?, ¿Hasta qué punto pueden relacionarse libremente con gobiernos extranjeros o con otras autoridades regionales de estos?, ¿Pueden construir infraestructura directamente como el MOP o deben concesionar todo?
Y hay varias otras interrogantes que es necesario responder en el breve plazo porque la ciudadanía demanda mayores poderes y atribuciones. Chile es un país largo, con realidades geográficas distintas y, por ende, con necesidades diferentes y urgencias que nada tienen que ver con la realidad de la capital. Es necesario pensar que, actualmente, hay muchos vecinos esperando sin que haya respuestas por parte del Estado. No hay un desarrollo equilibrado en el país y eso es muy notorio en las regiones alejadas de la Región Metropolitana.
El primer problema, es político: el Estado -ya sea el Gobierno Central, el Regional o el municipal- ya no realiza tareas para el bien común: “las financia”. En vez de desarrollar capacidades en materia de salud, cuidados, asistencia social, construcción, educación y tantas otras, el aparato público se ha ido convirtiendo en un gran otorgador de subvenciones y transferencias.
El segundo problema es administrativo: hay una falta de capacidad del Estado para exigir una rendición de cuentas razonable. Hay claros ejemplos, como lo ocurrido en el “Caso Convenios”. Y en municipalidades con mucho más recursos, como Vitacura y Las Condes, con subvenciones traspasadas a corporaciones y asociaciones municipales donde no se rindió cuenta, la cuenta rendida era falsa y no se percataron, o el dinero fue gastado con un objetivo distinto al entregado.
Es necesario revisar las leyes que le otorgan facultades a los gobiernos regionales y cambiar verbos como “promover”, “financiar”, “planificar” por los de “ejecutar”, “desarrollar”, “construir”, que es la verdadera tarea que le corresponde al Estado. Y de ese compromiso me hago cargo desde el Senado.
