La votación del lunes fue perfectamente binominal, alineándose los consejeros de todos los partidos de Chile Vamos junto a los de Republicanos para aprobar el nuevo texto y los miembros de todos los partidos oficialistas para rechazarlo.
A una semana de cumplirse 8 meses de iniciado este segundo proceso constituyente luego de fracasar el primero, el Consejo Constitucional culminó su trabajo aprobando el texto que será plebiscitado el 17 de diciembre.
Por segunda vez consecutiva, la política chilena habrá demostrado su extraviada voluntad y capacidad de construir acuerdo sobre las reglas del juego comunes de la democracia y las condiciones de gobernabilidad, que permitan a los gobernantes futuros llevar adelante las iniciativas de sus programas que cuenten con respaldo ciudadano.
Si el 4-S pasamos a formar parte del exclusivo grupo de países donde el resultado de un proceso constituyente democrático ha sido rechazado, ahora arriesgamos batir un récord Guinness, convirtiéndonos en la única nación del planeta en su historia en que eso habrá ocurrido dos veces consecutivas.
Sabíamos que la única opción de vencer la indiferencia y la rabia contra el proceso era el consenso de los actores principales de la política chilena, en un texto minimalista, que reconfirmara los 12 bordes consensuados sin ceder a la tentación de anexar a éstos el programa político de la mayoría emergida de la elección del 7 de mayo.
Republicanos y la izquierda radical consiguieron su objetivo
Como lo declaró explícitamente el líder de los primeros, de lo que se trataba era de proponer un texto que no fuera aprobable por el PC-FA ni por el presidente Boric. Y como complementó el presidente de ese partido, se la jugaron por los temas que luego serán sus principales banderas en las próximas elecciones de 2024 y 2025.
En la vereda del oficialismo, no eran pocos los que, inmediatamente después de la derrota electoral del 7 de mayo, decidieron no concurrir a acuerdo alguno y sumarse a la ola rechacista con la esperanza de que en el futuro haya mejores condiciones para intentar, de nuevo, una constitución funcional a su proyecto político. Los primeros se llevaron por delante a los consejeros de Chile Vamos y los segundos hicieron lo propio con la centroizquierda.
Así es como, a mi juicio, ya está escrita la conclusión de este proceso. Se ha abortado la posibilidad de cerrar por un largo periodo la debilidad que representa para Chile carecer de reglas del juego respetables y respetadas por todos, y condiciones de gobernabilidad que permitan a quien gobierna, llevar adelante sus compromisos con la ciudadanía.
Es cierto que el espectáculo que ofreció la Convención era inimitable y no sería justo hacerlo equivalente al sobrio trabajo de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional. Pero finalmente incurren ambos procesos en el mismo error, el de imponer a la minoría parte de su programa político llevando la constitución a resolver dilemas que deben dirimirse en sucesivas elecciones parlamentarias y presidenciales.
El texto propuesto está muy lejos de ser refundacional como el que fue ampliamente rechazado el 4 de septiembre de 2022, porque las fuerzas mayoritarias del Consejo no eran revolucionarias como las de la Convención, sino conservadoras. Pero sí bloquean la posibilidad de cambios más profundos en la eventualidad de que en momentos futuros se constituyan mayorías favorables para realizarlos. Lo que quiero decir es que constriñe y clausura debates que el país debe llevar adelante y resolver democráticamente en sucesivos procesos electorales.
El país pierde y ganan los polos, ése es mi pronóstico
Si Kast logra su propósito declarado de dar vuelta el partido, o se sitúa cerca de hacerlo, habrá conseguido su objetivo de asentar su liderazgo en la derecha y, al mismo tiempo, le habrá regalado al oficialismo la posibilidad de remontar dos flagrantes y macizas derrotas de significación política, electoral y cultural, que sufrió en el plebiscito y luego en la elección de consejeros constitucionales.
Los Republicanos y la Izquierda comparten el interés por un escenario que les permita competir entre ellos en segunda vuelta, pues es el único en que tendrían alguna posibilidad, unos de mantener el poder y los otros de conquistarlo.
De ganar el voto contrario al texto, para el oficialismo sería una victoria pírrica, imposible de celebrar. Si ello ocurriera, el presidente Boric la noche del 17 deberá lamentar el fracaso del sistema político y la definitiva pérdida (al menos durante su gobierno) de una de las dos cartas (la otra es la reforma previsional) con que contaba para instalar su presidencia en la historia y evitar que después de 4 años la ciudadanía se pregunte para qué vinieron a gobernar el país.
El gobierno pierde con ambos resultados, porque si se aprueba sería porque la mayoría vota una constitución “más cómoda desde la centroderecha hacia la derecha” y que seguramente en la campaña se motejará como “Kastitución”, de manera que, si se aprobara, le podría entrar viento de cola a la pretensión presidencial del abanderado republicano.
Criteria, Pulso Ciudadano, Feedback, Cadem, Panel Ciudadano, Research, todas las encuestas con la sola excepción de Black & White, muestran importante ventaja del voto contrario a 7 semanas del plebiscito, aunque varias muestran una tendencia que, de sostenerse, podría hacernos llegar al 17 de diciembre con verdadera incertidumbre respecto del resultado. El punto es que el país continuaría dividido en dos mitades en una cuestión tan básica y fundamental como la Constitución, que más allá de las diferencias, debiera ser el vínculo de unión de todos o, al menos, de los principales actores políticos.
El dato principal de la situación actual es el bajo interés en esta fase de un proceso constituyente que se ha prolongado casi cuatro años. Desinterés porque este proceso no tiene ni el dramatismo ni la épica del anterior, porque son cada vez menos los ciudadanos que depositan esperanzas en que la constitución pueda resolver sus problemas de salud, educación, trabajo y seguridad, y porque el proceso previo terminó cansando y frustrando a la mayoría de los chilenos.
Pero también está presente el enojo con la política, que lleva, a ojos ciudadanos, demasiado tiempo en esta discusión abstracta en lugar de llegar a acuerdos para enfrentar los problemas urgentes que tiene el país, como las pensiones, la salud, la migración y la inseguridad. Después de algunos años, muchos han caído en la cuenta de que la idea de una nueva constitución fue un sucedáneo, una manera de tirar la pelota al córner ante la incapacidad de entregar respuestas concretas a la crisis de 2019.
Agréguese a lo anterior, la desconfianza en las instituciones del proceso constituyente y en los partidos políticos que lo lideran, para entender por qué la ciudadanía que no tiene posición política definida (la mitad de los encuestados), tiende a votar en contra de todo lo que provenga del sistema político.
Si a esa franja se le suma el voto de izquierda y centroizquierda, es muy probable que esto termine con un segundo rechazo, cuya responsabilidad recaerá sin duda sobre todo el sistema político, por haber sido incapaz de ofrecerle al país un texto consensuado que pusiera fin a la discusión sobre las reglas del juego y las condiciones de gobernabilidad.
El desinterés masivo y la ausencia de dramatismo del plebiscito hacen que las decisiones ya tomadas de cómo votar puedan variar de aquí al 17, porque no hay un abismo que separe ambas opciones. Salvo para las franjas politizadas de izquierda y derecha, pero para más de la mitad de la población no hay gran diferencia entre votar a favor o en contra, anular o abstenerse, porque no siente que haya demasiadas cosas en juego. Es que dejó de creer que la constitución construye hospitales, acorta listas de espera o mejora la calidad de la educación, y tampoco percibe que sea éste un cierre del ciclo de cuestionamiento constitucional.
Por eso auguro una elección de resultado incierto, que sólo se resolverá en las últimas dos semanas, precisamente cuando comienza el silencio impuesto a las encuestas de opinión.
