En abril de este año, el gobierno del Presidente Gabriel Boric puso en marcha el plan “Calles Sin Violencia”, una iniciativa que busca generar intervenciones de carácter regional y comunal para frenar la tendencia al alza de los homicidios que viene experimentando el país desde el año 2018 en adelante.
Se trata de una estrategia de intervención específica para cada territorio a partir de un trabajo coordinado con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
Esta política pública fue concebida para frenar el aumento en el número de homicidios en el país y el cambio en la dinámica de perpetración del delito: incremento del uso de armas de fuego y de imputados desconocidos.
Si en 2019, un 43% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego, en 2022 esa cifra aumentó a un 57% de los casos. Por otra parte, en el 2018, un 23,7% de los imputados por homicidio eran desconocidos; cifra que en 2022 llegó a un 48,5%. Ambas tendencias son especialmente relevantes en cuanto son una grave amenaza para la población, generando un entorno social de miedo e incertidumbre y afectando el contexto más amplio del Estado de derecho.
El Plan considera cuatro líneas de acción. La primera -con alcance regional- la persecución penal efectiva, para que no exista impunidad. Para esto dotamos de mayor capacidad profesional y técnica al Ministerio Público y la PDI para la investigación de los homicidios fortaleciendo la obtención y levantamiento de antecedentes relevantes desde los primeros momentos de ocurridos los hechos.
Una segunda, con la implementación de patrullajes efectivos para concentrar los esfuerzos policiales en sectores altamente conflictivos en las 48 comunas priorizadas.
Una tercera línea, consiste en la fiscalización de infracciones e incivilidades, tanto en materia de control y fiscalización de armas, como en la búsqueda y captura de personas que cuenten con órdenes de detención pendientes y prófugos.
Finalmente, a través de las subsecretarías de Prevención del Delito y de Desarrollo Regional se está llevando adelante un trabajo de intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos.
A la fecha, en materia de persecución penal los 12 Grupos de Investigación Especializada desplegados por la PDI, se encuentran investigando 183 homicidios con imputados desconocidos, ocurridos desde el año 2008. A la fecha se han aclarado 94 casos, en los que se identificó a los autores y la detención de 125 personas. En otros 13 se identificó al menos un imputado y se emitió una orden de aprehensión.
En materia de aumento de patrullaje y presencia policial, se han realizado más de 326 mil controles preventivos, cursando 22 mil infracciones, incautando más de 500 armas y logrando la detención de más de 5.800 personas, de los cuales el 43% mantenía una orden vigente.
Respecto a la fiscalización de armas inscritas, Carabineros ha hecho 14 mil controles en las comunas priorizadas por el plan, se han entregado voluntariamente más de 900 armas y 36 mil municiones y se han realizado 614 denuncias al Ministerio Público. La PDI, en tanto, ha fiscalizado a más de 670 personas asociadas a 2.190 armas inscritas, cursando 363 denuncias a la fiscalía. Y en cuanto a la búsqueda de prófugos, ambas policías han logrado la captura de más de 4 mil 400 personas a nivel nacional.
Son todos resultados contundentes que muestran que el Plan va avanzando en los objetivos que se planteó, y, lo más importante, es que al 1 de octubre de este año – de acuerdo a los datos consolidados de Carabineros y la PDI- la tasa de homicidios a nivel nacional se ha mantenido estable respecto a 2022, con 4,2 casos por cada 100 mil habitantes.
A seis meses del inicio del Plan, hoy ya estamos en condiciones de comenzar a implementar en su totalidad el eje de persecución penal. En estos días, cerca de 200 profesionales, entre abogados y analistas se están capacitando para integrar los equipos de primera respuesta del Ministerio Público para el Plan Calles sin Violencia que durante noviembre comenzarán su trabajo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y Metropolitana.
La evidencia comparada demuestra la importancia de la coordinación entre la fiscalía y las policías en la priorización de ciertos delitos para orientar los esfuerzos institucionales hacia la resolución de tipos delictivos específicos, de manera de entregar una respuesta, tanto a las víctimas como a la ciudadanía, respecto a los homicidios.
Con el eje de persecución penal ya desplegado, con los recursos que estamos destinando al Plan Calles sin Violencia en el proyecto de ley de Presupuestos 2024 para el fortalecimiento de las policías y el Ministerio Público y con la coordinación de las instituciones, continuaremos trabajando para detener la tendencia al alza de homicidios en Chile para así dar más seguridad a las personas, que es una de las prioridades del gobierno.
