"El presidente Boric debe comprender que no puede blindar a personas que están siendo investigadas por la justicia, porque ello atenta contra la autonomía del Ministerio Público y de la propia investigación".
Con mucha satisfacción el país fue testigo al inicio de esta semana del enojo y molestia del presidente Gabriel Boric, al enterarse como el bullado caso de la Fundación Democracia Viva, ocurrido en Antofagasta, involucraba a colaboradores muy cercanos y afines a su Gobierno.
Boric entendió desde el minuto uno que su administración podía cometer errores no forzados, yerros administrativos, problemas legislativos al no contar con mayoría parlamentaria, pero había una sola cosa que no podía suceder: verse envuelto en un escándalo de corrupción.. Algunos medios de comunicación lo han denominado el RdGate (en alusión al partido Revolución Democrática), de manera un tanto injusta, pues así como no es bueno meter en un mismo saco a todas las fundaciones, por el accionar descriteriado y doloso de algunas; tampoco es bueno enlodar a toda la colectividad, por los eventuales delitos cometidos, eso sí por el entorno directo de altas autoridades gubernamentales y legislativas, encabezadas por el fundador de la misma.
Paradojalmente, en tan solo 48 horas algo ocurrió abruptamente que hizo que el Presidente cambiará en 180 grados su inicial posición. De la durezas de sus primeras declaraciones cuando señalaba que “es preocupante cuando personas desde el propio Estado traicionan la confianza y que era necesario perseguir a todos los involucrados, sean quien sean”, en este corto plazo mutó dichas apreciaciones a una férrea defensa a dos de sus autoridades investigadas por el Ministerio Público: la delegada presidencial del Biobío Daniela Dresdner Vicencio, y el seremi de Vivienda del Maule Rodrigo Hernández, ambos ex funcionarios de Urbanismo Social, otra de las fundaciones investigadas, y militantes de muchísima cercanía con el Ministro de Desarrollo Social Giorgio Jakcson.
¿Qué ocurrió para un cambio tan drástico? Mi apreciación es una sola; en el palacio gubernamental ya se instaló la idea de que toda esta trama de corrupción solo debe alcanzar a los ya conocidos Daniel Andrade, Pdte. de Democracia Viva, el ex seremi de Antofagasta Carlos Contreras, y a la aislada diputada Catalina Pérez. Cualquier paso más allá puede hacer explotar, desde mi perspectiva, un escándalo aún mayor, que podría conducir a personas incluso más cercana a La Moneda.
¿Es normal que una fundación como Urbanismo Social aumente bajo esta administración en un 300% los tratos directos con el Minvu?. Y que además tengan contratos directos millonarios con gobiernos regionales, con el Fosis, y otros que aún desconocemos.
El presidente Boric debe comprender que no puede blindar a personas que están siendo investigadas por la justicia, porque ello atenta contra la autonomía del Ministerio Público y de la propia investigación.
Sería muy trascendental que nuestro mandatario, a quien le debemos respeto, entienda que no puede permitir que su ministro Giorgio Jackson, por muy cercano y amigo que sea de él, se le transforme en el Hinzpeter de Piñera, para su gestión gubernamental. El ex hombre fuerte del Presidente de la derecha, comenzó a mostrar indicios de una mala gestión, a lo que se le agregaba conflictos con el Ministerio Público y el escándalo de la licitación de equipos para el Plan Frontera Norte.
Piñera, seguramente con dolor por su cercanía a él, optó por los cambios que las circunstancias exigían. Hoy, Jackson es para el presidente Boric, una mochila muy pesada, cargada de elementos negativos, pues nadie puede obviar que todos los que están cayendo en este escándalo, son sus más cercanos: los que él y Crispi instalaron en todo Chile, en Ministerios, Subsecretarías, Delegaciones, Seremías, etc. Una fina red en todo el país que tenía entre sus propósitos no el resolver los problemas ciudadanos, solucionar los problemas de la gente, sino para acrecentar su poder sin límites.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vive hoy una de sus peores crisis, no es justo por sus funcionarios, ni menos por las organizaciones y/o entidades que hacen bien el trabajo para obtener la casa propia. Las EP o Egis, jamás reciben un peso del Estado, hasta que logran el objetivo del subsidio. Estas fundaciones en cambio tuvieron un camino expedito para recibir millonarios recursos, sin siquiera una boleta de garantía como exigencia, y eso es inaceptable.
Las tareas para los dos años y medio que quedan tanto para el gobierno, como el Minvu son trascendentales. Llegar a la meta del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) de 260.000 viviendas, es una quimera que no se va a alcanzar y que se tiene que transparentar a tiempo, y no cuando sea tarde.
Los cambios en la Subsecretaría de Vivienda, deben ser rápidos, expeditos y eficientes; con gente con experiencia. No hay tiempo para llegar a aprender e improvisar.
Hay que efectuar severas modificaciones al trabajo de los programas de la línea de campamentos. Nunca más dinero a través de tratos directos a organizaciones de dudosa reputación. Es fundamental adquirir terrenos con mayor rapidez en todo Chile, para dar respuesta a los cientos de comités que por años sueñan con la “casa propia”, y que han visto este escándalo con mucha preocupación, rabia e importancia: No van a perdonar que el gobierno les diga que no hay recursos, si han sido testigos de un “despilfarro de esta magnitud”.
Es clave que el ministro Montes se allane a escuchar y que prime el diálogo en las etapas futuras, que no serán fáciles para este Ministerio. Es importante, por el bien de Chile que se vuelva a recuperar el prestigio de una noble institución como el Minvu, que una “tropa de descriteriados”, ansiosos de poder han hecho tambalear.
Un Ministerio que ha entregado al país un programa como el de Vivienda sin Deuda, que es orgullo, incluso internacionalmente, no merecía pasar por una situación tan dolorosa y vergonzosa como esta.
