El absurdo de financiar a quienes golpean la democracia

Señor Director:

Dentro del proceso formativo de los estudiantes es fundamental la experiencia fuera de las aulas. Las actividades extracurriculares potencian el crecimiento personal y el desarrollo del pensamiento crítico. En ese contexto, tener la oportunidad de escuchar a una ministra de Estado, sobre todo en una universidad ubicada en una ciudad distinta a la capital nacional, es una gran instancia de desarrollo intelectual.

Lo ocurrido con Lincolao es un antecedente más en una serie de eventos en los que la violencia política se ha tomado instituciones de educación superior a lo largo de Chile, bien lo saben Sergio Micco o el mismo presidente de la República, José Antonio Kast.

Por lo mismo, esta brutal agresión no es solo un ataque personal, es un atentado contra la pluralidad que debe definir a la universidad chilena. Al agredir a la ministra de Ciencias, lo que se rompe no es solo el protocolo, sino ese pacto fundacional. Cuando la violencia cancela la palabra en la universidad, la sociedad entera retrocede.

Chile destina recursos significativos a becas y créditos para educación superior (CAE, beca BAES, entre otros) con un propósito declarado: ampliar el acceso al conocimiento y formar ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo del país.

Esa inversión descansa en un supuesto básico de reciprocidad cívica. La pregunta legítima, entonces, no es si el Estado debe financiar la educación superior, sino si debe hacerlo sin condición alguna. Para necesidades ilimitadas, recursos finitos. Esta tensión obliga al Estado a priorizar, y toda priorización implica una decisión de valores: ¿A quién y para qué financiamos?

Por lo anterior, es de toda lógica cuestionar a quiénes les destinamos recursos todos los chilenos.

Cobra sentido entonces que quienes sean responsables de este acto, y de actos similares en el futuro, pierdan el derecho a cualquier apoyo estatal para sus estudios. No es un castigo a la libertad de expresión, sino una condición mínima de convivencia.

El Estado prioriza recursos para formar ciudadanos, no para subvencionar la intolerancia. De lo contrario, seguiremos cayendo en el absurdo: Que con el esfuerzo de todos los chilenos, terminemos financiando a quienes golpean nuestra democracia.

Manuel José Infante
Coordinador de Alianzas Formativas
Instituto Res Publica