Una mañana de septiembre de 2025, Felipe Galaz López llegó hasta una feria costumbrista de Paine para ayudar a su pareja a instalar el puesto que tendría durante las celebraciones de Fiestas Patrias. Antes de que alcanzaran a concretar alguna venta, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) llegaron a fiscalizar el local improvisado.
Lo que comenzó como un procedimiento tributario terminó, un mes después, con una multa de $12.613.316 y el embargo de poco más de $1 millón que Galaz mantenía en su cuenta bancaria para pagar, entre otras obligaciones, el arriendo.
Casi diez meses después, el propio SII terminó dejando sin efecto la infracción.
El caso fue llevado ante el organismo tributario por la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), que sostuvo que Galaz no estaba desarrollando una actividad comercial en el puesto fiscalizado y que los movimientos detectados en su máquina de pagos correspondían a actividades realizadas con anterioridad.
La máquina de pagos
Galaz se dedica desde hace ocho años a la talabartería, oficio familiar con el que confecciona artículos de cuero y realiza cursos.
Según los antecedentes del caso, durante la fiscalización entregó la documentación solicitada por los funcionarios del SII. El problema surgió cuando le pidieron revisar la máquina POS que llevaba consigo.
En ella aparecían cerca de $3 millones en transacciones. Galaz explicó que esos ingresos correspondían a cursos de talabartería realizados durante los días anteriores y que no tenían relación con el puesto de la feria, que pertenecía a su pareja.
“Yo solo había ido a acompañar a mi pareja a montar el puesto. Nos fiscalizaron como a las 11:00 de la mañana, todavía no teníamos ninguna venta. Estábamos recién instalando los productos y las cosas”, relató.
Según su versión, inicialmente explicó que la máquina no estaba siendo utilizada en la feria. Sin embargo, el fiscalizador solicitó un reporte de ventas y, al detectar operaciones sin boletas asociadas, le informó que sería sancionado.
La consecuencia llegó un mes después. El SII notificó una multa por $12.613.316 y se ordenó el embargo de los recursos disponibles en la cuenta bancaria de Galaz. Allí mantenía poco más de $1 millón destinado a cubrir el arriendo y otros gastos.
La intervención de la Defensoría
Galaz recurrió entonces a la Defensoría del Contribuyente. Tras revisar los antecedentes, el organismo concluyó que no se habían producido ventas durante la jornada en que ocurrió la fiscalización y que tampoco existían antecedentes que permitieran establecer una intención de ocultar actividad comercial o evadir impuestos.
DEDECON consideró además que se trataba de una feria pública y fiscalizable y que, al momento del procedimiento, Galaz no estaba desarrollando labores comerciales. Con esos argumentos presentó una petición administrativa ante el SII para que revisara la infracción.
La respuesta llegó el 6 de julio de 2026.
El Servicio de Impuestos Internos acogió la presentación y resolvió “Ha Lugar” a la petición de la Defensoría. De esta forma, ordenó dejar sin efecto la infracción y revocó el cobro de los $12.613.316. Posteriormente, también fueron restituidos los recursos que habían sido embargados de la cuenta bancaria.
“Cuando me llegó la notificación de embargo, estuve muy estresado y preocupado. Había quedado sin dinero, tenía cosas que pagar, el arriendo y otras obligaciones”, señaló Galaz tras la resolución.
“Se aplicó de manera equivocada la norma”
El defensor del Contribuyente, Ricardo Pizarro, sostuvo que el caso da cuenta de una fiscalización en que, a juicio del organismo, existió una aplicación incorrecta de la normativa.
“Acá no se trata de evadir recursos, sino de pagar lo que corresponde, ni más ni menos. En este caso el contribuyente fue víctima de una fiscalización donde se aplicó de manera equivocada la norma”, afirmó.
Pizarro agregó que los contribuyentes no sólo mantienen obligaciones frente a la administración tributaria, sino también derechos que deben ser respetados durante los procedimientos de fiscalización.
El caso adquiere especial relevancia a pocas semanas de las celebraciones de Fiestas Patrias, período en que aumenta la instalación de fondas, ferias y puestos comerciales y, con ello, las fiscalizaciones tributarias.
Desde DEDECON llamaron a comerciantes y emprendedores a mantener en orden sus antecedentes, emitir los documentos tributarios correspondientes y cumplir sus obligaciones. Pero también remarcaron que los procedimientos del Estado deben ajustarse a la normativa y respetar los derechos de los contribuyentes.
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