Solicitud de jueces para usar vías exclusivas reabre debate por privilegios judiciales

La solicitud realizada por los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener autorización que les permita circular por vías exclusivas de transporte público abrió un debate en la capital.

La controversia radica en los criterios para otorgar este tipo de permisos y sobre los límites entre las necesidades propias del ejercicio de un cargo y los privilegios asociados a determinadas autoridades.

Los integrantes del tribunal de alzada capitalino, buscan acceder a una autorización similar a la que actualmente poseen el presidente, los ministros y el fiscal judicial de la Corte Suprema para utilizar determinadas pistas en la capital.

Al respecto, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, afirmó que no tenía conocimiento de una solicitud destinada a permitir que los ministros de la Corte de Santiago se desplacen por vías exclusivas en la ciudad.

No obstante, señaló que sí resulta razonable facilitar el acceso al estacionamiento subterráneo ubicado en el entorno de la Plaza de Armas, considerando las restricciones de tránsito existentes en el sector.

Las declaraciones de la máxima autoridad del Poder Judicial se producen mientras el Ministerio de Transportes analiza el alcance de las autorizaciones ya existentes y los criterios bajo los cuales fueron otorgadas.

El seremi de Transportes de la región Metropolitana, Gonzalo Cuevas, explicó que la autorización para autoridades de la Corte Suprema responde a razones de seguridad, ya que algunos de estos desplazamientos se realizan con apoyo de vehículos de escolta y en el contexto de funciones oficiales.

Sin embargo, la posibilidad de ampliar estos permisos a otras autoridades judiciales generó cuestionamientos desde el mundo académico.

El profesor de Derecho de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, advirtió que las vías exclusivas fueron concebidas para favorecer el transporte público y reducir los tiempos de traslado de miles de personas, por lo que extender excepciones podría generar críticas ciudadanas.

A juicio del académico, salvo que existan razones vinculadas a emergencias o seguridad pública, una medida de este tipo corre el riesgo de ser percibida como un privilegio difícil de justificar.

Asimismo, sostuvo que si existen problemas de acceso al Palacio de Tribunales producto de modificaciones urbanas o restricciones de tránsito, corresponde evaluar soluciones logísticas en conjunto con la autoridad sectorial.

Una mirada aún más crítica expresó el académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, quien cuestionó la necesidad de otorgar beneficios especiales para el desplazamiento de jueces y autoridades judiciales.

Según planteó, este tipo de iniciativas reflejan una cultura de privilegios que históricamente ha estado presente en algunos sectores de los tribunales superiores y que puede afectar la percepción ciudadana respecto del Poder Judicial.

En esa línea, sostuvo que la mayoría de los funcionarios públicos y profesionales desarrollan sus labores utilizando medios de transporte comunes, sin requerir autorizaciones especiales.

Por ahora, la discusión continúa abierta y enfrenta dos visiones contrapuestas: por una parte, quienes sostienen que determinadas autoridades requieren condiciones especiales para desarrollar sus funciones de manera segura y eficiente.

Por otra, quienes consideran que ampliar este tipo de excepciones podría debilitar el principio de igualdad ante las normas que rigen para el resto de los ciudadanos.