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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República no aprobó el decreto del Minvu para modificar planes reguladores y permitir la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. La CGR cuestionó la falta de información sobre la ubicación de la ampliación, la justificación de aumentar coeficientes de constructibilidad y la falta de inscripciones de terrenos. Tras representar el decreto, el oficio se remitió a diversas entidades.

La Contraloría General de la República (CGR) no tomó razón de un decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que busca modificar planes reguladores, con el fin de aprobar la ampliación del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.

Según comunicó el organismo contralor, la decisión de representar -no dar curso- al decreto N.º 15 de 2025 se tomó este miércoles 3 de junio. Este tenía como fin modificar el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

En el oficio de la CGR se manifiesta que “no fue posible determinar si la ampliación del Centro de Detención se proyecta sobre el mismo predio en que está emplazado, o en un terreno distinto”.

Lo anterior fue planteado como un aspecto importante “para establecer si la iniciativa corresponde a una ampliación del recinto o la construcción de uno nuevo, lo que debería ser sometido a otras exigencias de la Ley N.º21.636“.

Contraloría añade que tampoco se observan los motivos para aumentar los coeficientes de constructibilidad actualmente vigentes en el sector, vinculados a los usos de suelo que no están ligados al proyecto.

El oficio del ente fiscalizador también detalló que, para el trámite de toma de razón, “no se adjuntaron inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana que pretende modificar el referido decreto N.º 15″. Este detalle complica el estudio de la situación de los inmuebles y la verificación de la legalidad de la iniciativa.

Por ende, el decreto fue representado y el oficio de la Contraloría despachado al Minvu, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Gobierno Regional de la Región Metropolitana y a la Municipalidad de Santiago.

Esta resolución llega después de que el 17.º Juzgado Civil de Santiago acogiera un recurso del municipio y suspendiera la resolución que permitía avanzar con la ampliación.