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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Municipios de la Región Metropolitana enfrentan grave escenario de seguridad con más de un tercio de alcaldes amenazados de muerte, debido a su lucha contra el narcotráfico. Gobernador Claudio Orrego alerta sobre violencia reflejada en las intimidaciones. Alcalde de Recoleta, Fares Jadue, confirma amenazas ligadas al narcomenudeo. Alcalde de Santiago, Mario Desbordes, advierte que ley de seguridad municipal podría intensificar las amenazas.

Un complejo escenario de seguridad enfrentan los municipios de la región Metropolitana, luego de que se confirmara que más de un tercio de los alcaldes de la capital han sido amenazados de muerte.

Esta situación se vincula directamente a las acciones que han impulsado los gobiernos comunales contra el narcotráfico y el control territorial.

La advertencia fue realizada por el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien sostuvo que el nivel de violencia se refleja en la cantidad de jefes comunales que hoy se encuentran bajo amenazas, muchas de ellas relacionadas con el combate al crimen organizado en barrios críticos.

“Un tercio de los alcaldes de la región Metropolitana tienen amenazas de muerte”, dijo.

Desde los municipios, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, confirmó que también ha sido objeto de amenazas y que mantiene querellas en curso. Según explicó, estas intimidaciones están asociadas al narcomenudeo, al comercio ilegal y a disputas por el control del espacio público.

En la misma línea, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, apuntó a que este fenómeno se intensificará con la entrada en vigencia de la ley de seguridad municipal. A su juicio, el nuevo rol que asumen los alcaldes en materias de fiscalización y orden público incrementará las amenazas como respuesta directa al trabajo territorial.

Las declaraciones se dieron en el contexto de un acuerdo de seguridad entre Santiago y Recoleta, instancia en la que las autoridades coincidieron en que el combate al delito requiere coordinación intercomunal, pero también mayores garantías de protección para quienes encabezan las acciones contra el crimen organizado en los territorios.