VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El gobernador Claudio Orrego enfrenta investigaciones de la Fiscalía Oriente por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña a la reelección, tras observaciones graves de la Contraloría a seis gobiernos regionales. Se cuestiona el uso de recursos públicos en su campaña, como contratos de coaching y compras sin documentación adecuada. Orrego niega haber usado fondos estatales y defiende la legalidad de sus gastos.

Claudio Orrego será investigado por la Fiscalía Oriente, a raíz de las presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña política a la reelección. Esto tras los hallazgos realizados por la Contraloría a seis gobiernos regionales.

El ente contralor emitió un informe con observaciones graves que abarcan malas prácticas administrativas y posibles desvíos de recursos públicos, lo que ha encendido las alertas tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

Uno de los casos más complejos y cuestionados es el del Gobierno Regional Metropolitano, encabezado por el gobernador Claudio Orrego. Contraloría halló indicios de un eventual financiamiento irregular de campañas políticas con fondos estatales, lo que podría constituir una infracción grave al principio de probidad.

El organismo persecutor centró su informe en cuatro puntos críticos que dan cuenta de posibles anomalías en la gestión de recursos durante su administración.

El primero de ellos corresponde a una serie de actividades de coaching ontológico, contratadas por un monto que supera los $31 millones. Dichos contenidos estarían relacionados con contextos políticos y campañas electorales.

Esta situación genera especial atención, considerando que el periodo observado coincide con la etapa en que Orrego buscaba su reelección.

Además, se reportó la compra de bienes y servicios de consumo por más de $51 millones a través de trato directo, sin que existan documentos que acrediten el cumplimiento de esos contratos.

También se suma la contratación de una empresa consultora por $46 millones, de la cual no hay antecedentes que respalden la ejecución de los servicios comprometidos. Y, finalmente, se cuestiona un contrato por $109 millones con otra consultora, cuya idoneidad no fue acreditada adecuadamente por el organismo fiscalizador.

Orrego sale al paso de las críticas

Ante estos antecedentes, Claudio Orrego salió al paso de las críticas y entregó su versión de los hechos.

Él negó categóricamente que se hayan utilizado recursos públicos para financiar su campaña electoral y explicó que esta fue costeada íntegramente mediante créditos bancarios por $800 millones, obtenidos en BancoEstado y Banco BICE.

Según aseguró, todos los gastos fueron debidamente rendidos ante el Servel, organismo que aprobó los informes sin observaciones.

En cuanto al cuestionado coaching, el gobernador defendió que se trata de un programa de fortalecimiento organizacional que se viene ejecutando desde el año 2021, y no una iniciativa reciente ni vinculada a intereses electorales. Agregó que los fragmentos citados por la Contraloría fueron sacados de contexto y que no corresponden a actividades proselitistas.

Orrego también aclaró que el informe presentado por la Contraloría no es definitivo. De hecho, la ley otorga un plazo que puede ir entre 15 y 90 días para responder a las observaciones, y afirmó que su equipo ya está trabajando para presentar toda la documentación requerida.

En ese mismo marco, anunció que se presentará un recurso de reconsideración, figura administrativa que permite solicitar al mismo órgano contralor una revisión y eventual modificación del informe, si se considera que contiene errores de hecho o interpretación.

Buscarán su destitución

Este nuevo episodio se suma al caso de Fundación ProCultura, en el que la gestión del gobernador ya estaba siendo cuestionada por parte del Consejo Regional (CORE).

Ahora, con este nuevo informe sobre la mesa, los consejeros regionales de oposición han comenzado a reunir firmas para solicitar su destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El reglamento establece que se requiere el respaldo de al menos 12 consejeros, equivalente a tres cuartos del total de 34 miembros del CORE, para ingresar formalmente el requerimiento.

Actualmente, la bancada republicana cuenta con 11 votos, por lo que están en conversaciones con representantes de Chile Vamos para completar el número necesario.

El jefe de bancada republicana, el consejero Ignacio Dulger, fue el encargado de anunciar públicamente la intención de presentar la denuncia, a la que se sumó también el core Álvaro Bellolio, militante de la UDI.

Ambos señalaron que las observaciones contenidas en el informe son suficientes para poner en entredicho la permanencia de Orrego en su cargo.

Frente a esta situación, el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Pablo Silva, expresó su preocupación y señaló que existe una interpretación equivocada respecto del contenido de los informes de Contraloría.

En conversación con La Radio, Silva indicó que muchas de las actividades cuestionadas forman parte del funcionamiento cotidiano de los gobiernos regionales, aunque reconoció que si hay errores, deben ser corregidos y esclarecidos por las vías correspondientes.

Fiscalía Oriente investigará a Orrego

En paralelo, la Fiscalía Nacional informó que ha recibido los antecedentes entregados por la Contraloría, y que serán revisados por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Según indicó el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, ya se ha instruido la realización de todas las diligencias necesarias para determinar si existe mérito para abrir una investigación penal por posibles delitos asociados al mal uso de recursos públicos.

En los próximos días se espera tanto la eventual formalización de la solicitud de remoción ante el Tricel, como la presentación del recurso de reconsideración ante la Contraloría por parte de la autoridad regional.