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El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, nombra a Francisco Cox Vial como su abogado defensor frente a la Acusación Constitucional presentada por la UDI, acusándolo de presunta responsabilidad en la tragedia del 10 de abril en el Estadio Monumental. Cox, con experiencia en Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, se une a la defensa de Durán, destacando su participación en casos como la desaparición de 43 estudiantes en México y representación de víctimas en la Corte Penal Internacional.

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, designó a Francisco Cox Vial como su abogado defensor ante la Acusación Constitucional (AC) presentada por la oposición.

La acción política, impulsada principalmente por la UDI, señala la presunta responsabilidad de Durán en la tragedia del 10 de abril en las inmediaciones del Estadio Monumental, donde fallecieron dos hinchas de Colo Colo, de 12 y 18 años.

Francisco Cox, egresado de la Universidad Diego Portales y con un máster en Columbia University School of Law, cuenta con una destacada trayectoria en casos de Derechos Humanos. Su experiencia abarca tanto el ámbito nacional como internacional, lo que lo posiciona como un defensor clave para Durán en este proceso.

Revisa el comunicado de la Delegación:

La Acusación Constitucional responde a las acusaciones contra Durán por no haber implementado una planificación de seguridad adecuada durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza. La oposición, liderada por Chile Vamos, redactó el libelo con la intención de remover al delegado de su cargo.

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Así las cosas, Cox aportará su expertise internacional a la defensa. Fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de 43 estudiantes en México y representó a víctimas de la guerrilla en Uganda ante la Corte Penal Internacional, siendo el único abogado chileno en litigar en ese tribunal.

A pesar de la presión de la oposición, Durán mantiene su postura optimista.

Cabe destacar que Cox también cuenta con experiencia previa en la defensa de autoridades de Gobierno acusados constitucionalmente. En 2023 se desempeñó como defensor del entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Aquella AC contra el titular de la cartera fue finalmente rechazada.