Cuando el clima cambia, debe cambiar nuestra respuesta

Los recientes eventos meteorológicos que han afectado con alto impacto a la Región de Coquimbo durante este invierno, han vuelto a poner en evidencia una realidad conocida: los eventos climáticos extremos ya no son episodios excepcionales, sino fenómenos recurrentes cuyos efectos sociales, económicos y fiscales, obligan a repensar la forma en que el Estado enfrenta la recuperación.

Nuestra región posee características geográficas y climáticas que la hacen especialmente vulnerable. Durante años nos tocó enfrentar una sequía prolongada que transformó profundamente nuestro territorio y hoy vemos cómo esa misma condición, aumenta el impacto de precipitaciones concentradas en pocas horas. Los suelos endurecidos, las quebradas intervenidas y sistemas de evacuación insuficientes, significó que fenómenos climáticos que antes eran excepcionales, generaran consecuencias tremendamente graves.

Más allá del impacto inmediato sobre viviendas, caminos, sistemas de agua potable rural, infraestructura pública, actividades productivas y muy lamentablemente a miles de familias, surge una pregunta ineludible: ¿cómo financiar una reconstrucción oportuna y suficiente sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas?

Sabemos qué frente a una realidad como ésta, la primera obligación del Estado es responder con rapidez y eficacia. Las familias afectadas necesitan apoyo inmediato para recuperar sus viviendas, restablecer los servicios básicos y volver a desarrollar sus actividades productivas.

Los pequeños agricultores requieren instrumentos ágiles que les permitan reponer infraestructura de riego, recuperar cultivos y enfrentar las pérdidas sin comprometer definitivamente su futuro. Del mismo modo, las pequeñas y medianas empresas necesitan acceso a financiamiento, facilidades tributarias y mecanismos extraordinarios que les permitan mantener el empleo y continuar operando.

Sin embargo, sabemos que la discusión no puede agotarse en la emergencia. También debemos preguntarnos cómo financiar de manera responsable la recuperación y sobre todo, cómo evitar que cada nuevo evento climático obligue al Estado a destinar cuantiosos recursos para reconstruir lo que pudo haberse protegido con anticipación.

En ese escenario, resulta razonable pensar que hay que avanzar hacia fondos de contingencia con reglas claras de activación, que permitan responder oportunamente, sin afectar la ejecución de programas esenciales en áreas como salud, educación o seguridad. Pero desde el punto de vista presupuestario, el desafío exige combinar urgencia con responsabilidad fiscal.

Es indispensable utilizar con flexibilidad los instrumentos de emergencia que contempla la legislación vigente, acelerar la ejecución de recursos ya aprobados y priorizar aquellas inversiones que permitan restablecer rápidamente la conectividad, los servicios esenciales y la actividad económica. La resiliencia climática debe convertirse en un criterio transversal de la planificación presupuestaria del Estado y no depender únicamente de reasignaciones de última hora.

Al mismo tiempo, creemos que el próximo debate de la Ley de Presupuestos debe incorporar con mayor fuerza la variable climática. No basta con financiar la reconstrucción una y otra vez. Es necesario aumentar la inversión en prevención, mitigación y adaptación, entendiendo que estas partidas no constituyen un gasto adicional, sino una inversión que reduce costos futuros. Prepararnos para convivir con un clima más extremo no solo significa reducir pérdidas futuras, sino también impulsar un modelo de desarrollo más sostenible.

Esto debe considerar fortalecer los fondos para obras de conservación de cauces, infraestructura hidráulica, defensas fluviales, sistemas de aguas lluvias, monitoreo hidrometeorológico y alerta temprana. También debería dotarse a los gobiernos regionales y municipios, de mayores herramientas financieras para ejecutar proyectos preventivos con mayor rapidez, ya que son estas instituciones las que conocen de mejor manera la realidad de cada territorio y enfrentan directamente las consecuencias de las emergencias.

Por ello estimamos que resulta indispensable avanzar hacia una estrategia regional de adaptación al cambio climático, que combine inversión pública, coordinación institucional y participación ciudadana. La adaptación también representa una oportunidad económica. La construcción de infraestructura resiliente, el desarrollo de tecnologías para una mejor gestión del agua, la eficiencia energética y las soluciones basadas en la naturaleza, pueden generar nuevos empleos, atraer inversión y fortalecer la competitividad regional.

La experiencia internacional demuestra que los territorios que planifican con anticipación, enfrentan mejor los eventos extremos y recuperan más rápidamente su actividad económica. Estamos seguros que Chile cuenta con capacidades técnicas, instituciones y profesionales que permiten avanzar en esa dirección, pero se requiere voluntad política del Estado y de todos los sectores políticos, para priorizar estas inversiones y comprender que la adaptación ya no puede seguir postergándose…porque no podemos permitir que tantos miles de chilenos en gran parte del país, vuelva a vivir una y otra vez tragedias de esta magnitud.