En medio del juicio que enfrenta el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (ex-PS), por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos, desde la Contraloría General de la República alertaron por el mal cálculo de un bono pagado a la exautoridad.
En concreto, se trataría de un error que también se repitió en la actual administración, liderada por Gustavo Toro (DC), y que se identificó gracias a una denuncia anónima que tramitó la CGR.
Según consignó La Tercera, el ente fiscalizador pidió a la municipalidad revisar los pagos del bono por mejoramiento a la gestión municipal, un beneficio vinculado al cumplimiento de metas en las entidades de ese tipo.
Así, dicha administración informó que, “efectuada una revisión de las bases de cálculo y fórmulas que contiene su sistema informático de remuneraciones, pudo advertir que desde el año 2014 no se han aplicado correctamente las reglas (…), al no efectuar la comparación de remuneraciones que establece la normativa”.
En esa línea, desde la CGR concluyeron que “se observa que el mecanismo utilizado por el municipio para identificar los montos pagados en exceso no se ajustó a lo señalado por la norma, puesto que no realizó la comparación de estipendios que esta ordena”.
La devolución exigida a los alcaldes de San Ramón
Por lo anterior, de ser pertinente, Aguilera deberá hacer la devolución respectiva de los pagos en exceso, los que en su caso serían más de $1.300.000, solo desde 2019 a 2021.
En tanto, Toro también debería realizar la devolución, y al ser consultado por el citado medio, dijo que “hicimos los descargos a Contraloría y estamos a la espera de la resolución final, atendido que tenemos una diferencia en la forma del cálculo con el ente de control. Estamos a la espera del monto correcto de devolución para así proceder a exigir el pago, como al cobro del exalcalde anterior”.
Al actual jefe edilicio, según Contraloría, se le habría pagado en exceso $6.491.256 desde 2021 al 2024, lo que deberá ser reintegrado.
“Corresponde que el municipio arbitre las medidas para requerir la devolución de lo recibido indebidamente por el alcalde señor Gustavo Toro Quintana, debiendo informar las acciones adoptadas a esta Contraloría General en el plazo de 20 días hábiles”, concluye en su dictamen la CGR.