Exalcalde de San Ramón acusado de corrupción enfrenta juicio oral: arriesga 10 años de cárcel

El exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (ex PS), enfrentará este miércoles el inicio del juicio oral en su contra, tras ser acusado por la Fiscalía Sur por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos durante su gestión como jefe comunal.

Los cargos que se le imputan corresponden a hechos presuntamente ocurridos entre 2012 y diciembre de 2017. En ese contexto, el Ministerio Público solicita una pena de 10 años de cárcel. Además, pedirán el pago de multas equivalentes al monto de los delitos que habría cometido Aguilera.

Cabe mencionar que el ex jefe comunal fue formalizado en julio de 2021 en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, quedando en prisión preventiva. Posteriormente, casi un año más tarde, la Corte de Apelaciones ordenó su salida de la cárcel y dispuso que cumpliera arresto domiciliario total desde julio de 2022. Esta medida cautelar no ha sido cumplida a cabalidad por el imputado.

Incumplimiento de arresto domiciliario y presuntos hechos de corrupción contra el exalcalde de San Ramón

Según consignó 24 Horas, el acusado habría vulnerado en múltiples ocasiones la medida de arresto domiciliario total desde 2022.

Incluso, entre esa fecha y febrero pasado, el tribunal que lleva la causa habría autorizado 80 permisos para Aguilera, quien no habría respetado los horarios estipulados.

Además, desde la Fiscalía Metropolitana Sur detallaron al citado medio que los hechos que se le imputan son “de gravedad“.

“Se relacionan con enriquecimiento ilícito por decenas y decenas de movimientos de dinero ilícito que no tienen justificación, y la única justificación que observamos es a través de soborno por licitaciones fraudulentas“, dijo Víctor Ñuñez, persecutor de la Fiscalía Sur.

Estos delitos habrían sido cometidos durante el ejercicio de Aguilera como alcalde de San Ramón. En ese contexto, los querellantes cuestionan el método de pago de una lujosa casa avaluada en 13.000 UF ($500 millones).

En la causa se detalla que el imputado habría pagado el pie de la propiedad en efectivo. Así, el entonces alcalde habría desembolsado más de 4.000 UF, es decir, unos $118 millones de la época.

Además, Ñuñez cuestiona los movimientos en las cuentas corrientes del exalcalde. “Al no haber una justificación para esos ingresos, la casa se transforma en un efecto del delito“, señaló.