La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó, de manera “excepcional”, el teletrabajo en juzgados afectados por fallos en el sistema de climatización. Críticas apuntan a la negligencia administrativa y la falta de soluciones a problemas conocidos durante años. En el centro de la polémica, la desesperada solicitud de autorización y la evidente falta de mantenimiento de los edificios judiciales, que incluso llevó a que los propios ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago se quejaron en el Auto Acordado de las malas condiciones del edificio donde juzgan.
Costó varias discusiones e incluso tensión que los funcionarios del Poder Judicial retornaran a la presencialidad tras el Covid-19.
Sin embargo, en una decisión, al menos extraña para algunos, la Corte de Apelaciones de Santiago dio luz verde nuevamente al teletrabajo “excepcional” en los Juzgados Civiles y de Familia de la ciudad hasta el 31 de marzo próximo.
Se trata del edificio Manuel Montt Torres, ubicado en calle Huérfanos n° 1409, la cual alberga mayoritariamente los Juzgados Civiles de Santiago. A esa instalación se suma el edificio de calle San Pablo n° 4455 comuna de Quinta Normal, donde funciona el Juzgado de Familia de Pudahuel.
La medida, destinada a paliar las condiciones insoportables provocadas por fallas graves en el sistema de climatización, revela la dimensión de una crisis que, según críticos, es resultado de la negligencia administrativa directa porque el escenario era totalmente previsible.
Los “vistos” para la decisión
La alarma se encendió con el Oficio OFI 27AZSAN N° 75 del administrador zonal, Gustavo Andrade Miranda. En este documento, se expusieron los problemas críticos en el funcionamiento del sistema de climatización de los Juzgados Civiles y de Familia, destacando la urgencia de encontrar soluciones ante las altas temperaturas que superan los 30 grados en el interior de los tribunales.
La solicitud específica presentada busca, de manera excepcional, la autorización para modificar el porcentaje de dotación de funcionarios que puedan realizar teletrabajo, una medida destinada a proporcionar “condiciones más óptimas de trabajo”. Este pedido se respalda en el artículo 19 del Acta 164-2023 de la Corte Suprema, que establece el teletrabajo en situaciones excepcionales.
Algunos ministros molestos
La autorización del teletrabajo hasta marzo de 2024 fue el acuerdo del Pleno. Sin embargo, la discordia interna fue evidente durante las discusiones.
Mientras el ministro Hernán Crisosto Greisse abogó por un 30% de dotación mínima trabajando presencialmente, las ministras Maritza Villadangos Frankovich y Elsa Barrientos Guerrero se opusieron, resaltando la falta de acción previa de la administración.
El texto del acuerdo del pleno no solo autoriza el teletrabajo, sino que también hace patente la preocupación por las deficiencias en la administración de los recursos materiales destinados al funcionamiento de los tribunales de la jurisdicción en general.
Prueba de ello es que se acordó notificar al Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y se comunicó al Tribunal Pleno de la Corte Suprema la crítica situación que se vive. Incluso, hicieron referencia a las propias instalaciones de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Corte de queja
Pero en el mismo Auto Acordado, los 20 ministros que componen la Corte de Apelaciones sostuvieron que “no resultan desconocidos para esta Corte los desperfectos que aquejan a los sistemas de climatización de los indicados edificios, pues son los mismos que existen también en el Palacio de Tribunales” y agregaron en el mismo párrafo que en la actualidad existen unidades y dependencias que agrupan a un número significativo de funcionarios que no cuentan siquiera con un aparato de aire acondicionado y que también deben sufrir los rigores de tal situación.
Pero, además, los ministros sostienen que “las propias Salas de esta Corte de Apelaciones (Santiago) están dotadas de equipos de climatización que mantienen un funcionamiento irregular y defectuoso”.
Críticas
La decisión tomada el pasado 31 de enero se difundió rápidamente a través de los grupos de WhatsApp, generando críticas sobre los privilegios mantenidos en el sector judicial. Esta controversia se alimenta de la percepción de que, desde el inicio de la pandemia, los jueces y funcionarios judiciales fueron de los primeros en recibir la vacuna, pero también de los últimos en regresar a la presencialidad.
Aunque es cierto que la Corte de Santiago fue una de las primeras en decretar, a través de un Auto Acordado, el retorno a las oficinas, esta medida no fue replicada en la Corte de San Miguel. Esto ha suscitado la preocupación de que los funcionarios realicen sus labores desde playas, campos u otros lugares fuera de la jurisdicción propia de la Corte.
Ejemplos de estos privilegios abundan. Un caso destacado es el de Graciel Muñoz, hija del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, quien ocupa un cargo en el Duodécimo Juzgado de Garantía. Graciel estuvo en Italia desempeñando funciones judiciales, una práctica que podría considerarse ilegal y que actualmente está bajo investigación.
