La Contraloría detectó diversas irregularidades en gestiones de exalcaldes de la comuna de San Bernardo. Entre los hallazgos está la duplicidad de sueldos declarados, falta de comprobantes de gastos y compras que no se ajustan a la normativa.
La Contraloría General de la República realizó una tercera auditoría a las finanzas de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, entre el 2015 y el 2021. Esto, con el fin de evaluar los procesos de rectificaciones ejecutados a las rendiciones de cuentas de la Subvención Escolar preferencial (SEP) y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), en esos años.
Entre los hallazgos está la duplicidad de sueldos declarados, falta de comprobantes de gastos y compras que no se ajustan a la normativa.
Además, el informe cuestionó la falta de fiscalización de las instituciones del Estado para evitar la pérdida de millonarios recursos públicos que debieron ser destinados a la educación de niños y niñas de la comuna.
El documento, publicado en octubre de 2023, corresponde a la tercera auditoría que realiza el ente fiscalizador al período de la administración de la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI). Quien dirigió la Corporación Municipal de Educación y de Salud de San Bernardo, entre 2008 y 2020, sucedida por el concejal Leonel Cádiz (PS) hasta el 2021.
En él se advierten anomalías en los ocho procesos de rectificaciones de subvenciones escolares de la comuna, que se remontan a gastos efectuados entre 2015 y 2021.
Perdidas millonarias
Además, constató que durante el 2021 se intentó rectificar el pago de remuneraciones, por un monto de más de $2.555 millones, con recursos de subvenciones que ya habían sido rendidos entre los años 2015 al 2017.
Así como también, se estableció que se declararon rendiciones duplicadas de 266 gastos asociados al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), entre el 2019 y 2021, con dobles pagos incorporados al mismo proveedor y con la misma boleta o factura.
Junto con eso, la Contraloría advirtió una serie de irregularidades como la falta de cierres contables, millonarios depósitos y abonos bancarios no registrados, cheques y giros por elevadas sumas de dineros no cobradas, grandes transferencias irregulares. Lo anterior, sumado a la falta de documentos para acreditar los pagos rectificados.
Falta de fiscalización estatal
El informe cuestiona los procesos de fiscalización que debieron realizar las diversas instituciones del Estado respecto al gasto de subvenciones otorgadas por el Ministerio de Educación.
En cuanto a la Subsecretaría de Educación, señala que “no consta que haya efectuado un monitoreo a los procesos rectificatorios que ha hecho la Corporación de San Bernardo”. Al igual que indica una “falta de fiscalización de la Superintendencia de Educación en los gastos rectificados” estableciendo que falencias en su plataforma web habrían permitido declarar de manera duplicada algunas de las rendiciones.
De igual manera, cuestionó el rol de la Dirección de Educación Pública al no realizar los controles sobre la información enviada por la Seremi respecto de los gastos rectificados y rendidos por la corporación y tampoco sobre los antecedentes que acreditaban dichos gastos.
Desde el municipio indican que, durante los años auditados por el ente fiscalizador, hubo personas que autorizaron gastos irregulares, firmaron rendiciones alteradas, que fueron ingresadas a la Superintendencia de Educación y otras instituciones.
Además, se estableció como práctica habitual el manejo de dinero en efectivo retirado de las cuentas bancarias de la institución, mediante cheques cobrados por caja, que la Contraloría no pudo acreditar en qué fueron gastados, pero sí el monto: cercano a los $26.000.000.000 de pesos provenientes, tanto de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) como del Fondo de Apoyo de la Educación Pública (FAEP).
Así mismo, señalan que la crisis financiera de la institución se agudiza al no existir, desde el año 2015 en adelante, balances financieros, aun cuando por ley estaba obligada a llevar su contabilidad de acuerdo a los principios y normas de contabilidad de aceptación general.
Actual administración
El alcalde White, indicó que “lo sucedido en las administraciones anteriores, y que está acreditado en las tres auditorías de la Contraloría, afecta profundamente nuestra gestión porque nos significó recibir y hacernos cargo una institución quebrada. Que, además, contaba con cifras adulteradas, con un tremendo déficit presupuestario y una deuda de arrastre de la cual aún no sabemos su real magnitud”.
Y anunció que presentarán nuevas acciones legales para perseguir responsabilidades. Tanto a nivel administrativo como penal, “para buscar a los responsables de esta colosal defraudación y hacer justicia, porque con la plata de los niños no se juega”.
