La Municipalidad de Peñalolén reaccionó ante la publicación de BioBioChile sobre un sumario de Contraloría que arrojó que la alcaldesa Carolina Leitao incumplió su labor de control a los fondos comunales y no realizó las gestiones necesarias para cobrar deudas por patentes y permisos por más de $6.400 millones.
En su determinación, el organismo señaló que Leitao incumplió “su obligación de ejercer un control jerárquico permanente” sobre los encargados de evitar el aumento exponencial de la mora por el no pago de patentes, publicidad y permisos de distinta especie que incluyen a vecinos y empresas.
Por ello, se propuso severas medidas contra varios funcionarios, pero también la Contraloría sugirió a los concejales denunciar a Leitao (DC) ante el Tribunal Electoral para una eventual destitución por notable abandono de deberes.
Al respecto, mediante un comunicado, el municipio señaló que “no compartimos bajo ningún término las conclusiones del sumario aludido por el reportaje de Radio Bío Bío y por esta misma razón haremos uso de todas las instancias administrativas y judiciales para desvirtuar los hechos imputados por Contraloría General de la República y obtener la declaración de ilegalidad de los hechos antes señalados”.
A juicio del municipio, “el monto aludido corresponde a una deuda que se genera entre los años 1986 y 2015, lo que excede con creces el primer período de la actual alcaldesa (2012- 2016), e incluye multas e intereses”.
“Desde 2012 el municipio ha ejercido todas las acciones tendientes a regularizar la situación de los deudores morosos de la comuna. Y no solo ha realizado gestiones de cobranza propiamente tal, sino que también dictó varias ordenanzas que tenían por objetivo disminuir la morosidad, generando la posibilidad de exención para los vecinos más vulnerables de la comuna”, se agregó.
Junto con ello, aseguraron que se firmó un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, para así representar a vecinos con deudas pendientes con el municipio por concepto de derechos de aseo y que estaban prescritos, para así regularizar su situación.
Recurso
En el comunicado también se hace referencia a un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 23 de diciembre, para lograr revocar los cargos en su contra y evitar una posible denuncia an te el Tribunal Electoral.
“La acción judicial se sustenta fundamentalmente en que nunca hemos faltado a nuestras obligaciones, que nuestras defensas no fueron consideradas, que la resolución es poco clara e imprecisa, que no tuvimos un debido proceso y que las personas a las cuales no se les llevó a juicio para cobrarles el derecho de aseo domiciliario son familias que se encuentran dentro del primer y segundo quintil, es decir, pertenecen al segmento más pobre y vulnerable de Chile”, se dijo.
Finalmente, se señaló que “tanto la Aalcaldesa como los funcionarios aludidos tienen plena convicción de haber actuado no sólo conforme a la ley, sino que también poniendo por delante el resguardo del patrimonio municipal y haciéndose cargo de la realidad que enfrentan miles de familias vulnerables de nuestra comuna a los que se niega el beneficio de recibir rebajas o condonaciones, como sí ocurre con algunas grandes empresas y personas, que incluso han cometido delitos en esta materia.
