La abogada Marisa Navarrete, apoderada del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle en Santiago, presentó un recurso de protección para evitar el retorno a clases en medio de la pandemia del coronavirus.
La acción judicial está dirigida contra el presidente Sebastián Piñera; los ministros de Salud, Jaime Mañalich; y Educación, Raúl Figueroa; más la seremi de Educación Metropolitana, Bárbara Soto.
En el recurso se detalla la cronología de las medidas que se han tomado para el combate del Covid-19, específicamente la suspensión de clases y el adelantamiento de las vacaciones de invierno, las que concluyen el 27 de abril.
Por ello, en un primer momento Figueroa señaló que el retorno a las clases presenciales se concretaría ese día. Esto finalmente fue descartado anoche por el presidente Sebastián Piñera, quien dijo que esto se hará de forma paulatina en mayo.
Según la profesional, con el retorno a clases en medio de la crisis sanitaria se estaría vulnerando el artículo 20 de la Constitución, que consagra “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.
Por ello, presenta el recurso en favor de nueve apoderados del Cuarto Básico A del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, incluida ella.
Se trata de padres que tienen hijos que sufren diversas enfermedades crónicas, como diabetes, insuficiencia renal crónica, asma y enfermedades autoinmunes, y/o que conviven con personas de grupos de riesgo.
Ante estos antecedentes, pidió que se decrete la suspensión de clases de forma indefinida a partir del 31 de marzo pasado, se deje sin efecto la recalendarización del año escolar realizada por la Seremi de Educación y se deje sin efecto el adelantamiento de las vacaciones de invierno.
Junto con ello, pidió decretar una orden de no innovar para que, mientras se tramite el recurso, se deje sin efecto el reinicio de clases el 27 de abril, o bien, se decrete la suspensión de clases indefinida.
