La Seremi de Salud Metropolitana suspendió las faenas en el exvertedero de Lepanto por un periodo indefinido, hasta que la empresa controle las emisiones que provienen del pozo de relleno, ubicado en la comuna de San Bernardo, y determine su nivel de toxicidad.
Fue el pasado 26 de junio cuando un incendio subterráneo en el exvertedero Lepanto comenzó a emanar una serie de gases tóxicos, provenientes de desechos químicos sin determinar, que alertaron a los vecinos del sector de Lomas de Nos, pese a que el recinto sólo cuenta con autorización para la recepción de residuos municipales y de construcción.
Es en ese contexto que el 12 de julio, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra la empresa a cargo de las faenas en el lugar, Industrial y Minera Los Esteros de Marga Marga, en base a tres infracciones: extracción de áridos sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental respectiva y disponer residuos no autorizados como tambores, aerosoles y pintura en sectores no impermeabilizados.
Seremi de #Salud, @OyarceRosa, prohíbe el funcionamiento del ex relleno sanitario #Lepanto tras realizar una fiscalización al lugar. pic.twitter.com/Y7X8MtqvCC
— Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) July 24, 2019
La seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, anunció que se prohibió el funcionamiento de los pozos de relleno hasta que la empresa se haga cargo de controlar las emisiones, los focos de incendio, y determine a través de un estudio externo el nivel de toxicidad en los gases.
Por su parte, la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, valoró la decisión de clausura temporal, señalando que, más allá de la toxicidad, la sola presencia de olores molestos perjudica la calidad de vida de la población.
El diputado socialista, Leonardo Soto, quien denunció los hechos junto a la comunidad de vecinos, valoró la decisión aunque la calificó de tardía, y advirtió que la medida es insuficiente para compensar el perjuicio a la comunidad.
El director de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad San Sebastián, José Miguel Arriaza, enfatizó que lo más importante es descartar que las emanaciones puedan haber generado efectos crónicos en los afectados.
La empresa, que arriesga multas de hasta $11.767 millones, deberá presentar este viernes un programa de cumplimiento con medidas para subsanar la normativa ambiental infringida, que deberá ser aprobado por la superintendencia. Si se aplica debidamente, la sanción administrativa quedaría sin efecto.
