Región Metropolitana
Lunes 14 enero de 2019 | Publicado a las 15:57 · Actualizado a las 16:04
ONG se querella contra empresa multinacional para indagar si falsificó información en licitaciones
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La ONG Quiero Vivir sin Delincuencia demandó a una empresa multinacional, Clever Group, acusándola de falsificar información en una licitación y busca con esta acción que la justicia establezca si se trata de una práctica habitual.

Hace dos años, la Municipalidad de San Joaquín inició una licitación para poder realizar la reposición del alumbrado público en la comuna. En ella participaron: CAM Chile, Clever Limitada, Enel Distribución, TecnoRed y Luis Estay, siendo este último el que obtuvo el contrato.

Dos años después de aquel proceso, desde la ONG Quiero Vivir sin Delincuencia, se encuentran denunciando que en el proceso habrían existido presuntas irregularidades por parte de una de las firmas. De acuerdo a la acusación de la organización, Clever habría presentado presuntos documentos adulterados.

Producto de esto, los abogados de la ONG interpusieron una querella por perjuicio en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago para que se investigue esta situación.

Proceso de licitación

La licitación pública ID 218-138-LQ16 buscada reponer el alumbrado de diversos núcleos barriales de San Joaquín, por lo que las empresas debieron postular para lograr aquello. Sin embargo, de acuerdo a documentos de Mercado Público, la Comisión Evaluadora objetó la postulación de Clever respecto al documento adjuntado sobre la última declaración de renta.

“El oferente adjunta su declaración anual tributario 2016, Formulario 22, con Folio N°2301144216, sin embargo, al verificar este documento en el portal del Servicio de Impuestos Interior, se detectan algunas diferencias”, señaló el documento de la Comisión Evaluadora.

A esto la comisión añadió que “en particular el ‘Capital Propio Tributario Positivo’, código 645, no coincide con la información contenida en el documento presentado por el oferente en el portal de compras públicas”.

Además, se señaló que “el ‘Capital Propio Tributario Positivo’ indicado en este formato no coincide con la información contrastada en el portal del Servicio de Impuestos Internos, donde en lugar del ‘Capital Propio Tributario Positivo’ figura un ‘Capital Propio Tributario Negativo"”.

Dentro del mismo documento además señalaron otras razones para dejarlos fuera de bases: los certificados TE2 del instalador eléctrico propuesto no cumplieron con lo requerido en las Bases Administrativas y tampoco se presentó catálogos que contengan algún modelo de luminaria dentro del rango de potencia requerido.

Querella

Tras esto, en agosto de 2018, se ingresó una querella contra la compañía. Desde la defensa de la ONG apelan a que “la Ley de Compras Públicas y su reglamento establece la obligación legal y responsabilidad de los proveedores de presentar antecedentes que sean verdaderos y coincidentes”.

En conversación con BioBioChile, Ignacio Pinto, abogado que representa a la ONG, señaló que buscan que “se investigue y que se analice. Que se pueda ver si se ha hecho en otras situaciones. Son delitos que nos parecen de gravedad”.

Consultado por la importancia de estos antecedentes, señaló que “son relevantes porque al presentar esta documentación, lo que hacen es tratar de engañar al proceso de licitación y ganar un aprovechamiento en relación con los otros oferentes”.

Además mencionó que llegaron al caso gracias a la ONG. “Como están preocupados de temas más relacionados, llegan ciertas informaciones. Nosotros las corroboramos si son ciertas o no, porque tampoco vamos a estar accionando así no más, hay que verificar bien”, indicó.

Querella

Desde la compañía señalaron a BioBioChile que esta situación ya fue denunciada al Ministerio Público, quienes en octubre de 2017 decidieron abstenerse de investigar, ya que consideraron que no había un delito en los hechos denunciados

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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