Clientes de la abogada Macarena Venegas detallaron las sospechas de que podría haber presuntas irregularidades a la hora de votar la propuesta presentada por Financoop a sus ahorrantes, a quienes les mantiene retenido cerca de $46 mil millones.
La profesional, que fue objeto de una querella por esta situación, negó los hechos y aseguró que ninguno de sus representados se ha quejado.
Hasta el 30º Juzgado Civil de Santiago llegó Venegas, donde se realizó una nueva junta de acreedores para revisar una propuesta de capitalización del 47% y así poder recuperar algo de la deuda. La figura televisiva representa a cerca de 400 personas que arriesgan perder sus ahorros en la cooperativa.
24 horas antes, la profesional fue objeto de una querella por prevaricación porque supuestamente votó en contra de los intereses de una docena de clientes en otra junta de acreedores celebrada el 20 de abril.
Una de sus defendidas, Jeanette Gajardo, aunque confirmó que en su caso votó conforme a lo acordado, afirmó que en correos electrónicos otros clientes se quejaron de irregularidades.
Venegas negó tajantemente las imputaciones y dijo que iba a colaborar con la justicia por la querella en su contra. Además, acusó de una maniobra al abogado que interpuso el libelo, Tomás Fabres, y negó haber recibido reclamos de sus clientes.
Fabres, por su parte, insistió en las presuntas irregularidades y anunció que la querella contra Venegas podría ampliarse, junto a una denuncia al Colegio de Abogados.
En la junta de acreedores finalmente se aprobó la Propuesta de Reorganización Concursal presentada con Financoop.
Se obtuvo el respaldo del 69,9% del total de las acreencias. Se pagará a cada ahorrante un 15% de la deuda al contado, en un plazo de 60 días, y pasarán a ser socios por $18 mil millones de la cooperativa.
Entre diciembre de este año y diciembre del 2022 se paga el 37,9% en depósitos a plazo, con un interés del 0,25% mensual.
El acuerdo puede ser impugnado por cualquier acreedor.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia
dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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