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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Diez extranjeros en situación migratoria irregular en Chile, de nacionalidad venezolana y colombiana, quedaron en prisión preventiva en Talca por receptación de vehículos y armas. El grupo habría planeado un robo con homicidio en San Clemente. Fueron formalizados por tenencia ilegal de armas prohibidas y robo de un vehículo en la Región Metropolitana. La PDI los detuvo en una casa de seguridad en Talca. Planeaban más delitos y se les dio prisión preventiva.

Un total de diez ciudadanos extranjeros —todos con situación migratoria irregular en Chile— quedaron en prisión preventiva, tras ser investigados por los delitos de receptación de vehículos y armas en Talca, región del Maule. Además, según información del Ministerio Público, el grupo delictual habría planificado un robo con homicidio en la comuna de San Clemente.

El grupo, de nacionalidad venezolana y colombiana, fue formalizado por tenencia ilegal de armas prohibidas, además de receptación de vehículos motorizados, ya que recientemente había robado un automóvil en la región Metropolitana.

La detención se concretó por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la PDI de Santiago, apoyada por sus partes de El Maule. Esto, específicamente, al interior de una casa de seguridad que arrendaban al oriente de la zona de Talca.

En la audiencia se reveló que el grupo compuesto por tres colombianos y siete venezolanos planificaba también cometer un robo con homicidio de una eventual víctima en la comuna de San Clemente.

“Los sujetos, al parecer, estaban planificando un golpe mayor; habían arrendado un domicilio que lo estaban utilizando como casa de seguridad; había una planificación previa. Estaban premunidos de armas de fuego, de vehículos”, detalló el fiscal Francisco Soto Toro.

De esta manera, los ocho hombres y las dos mujeres quedaron con la medida cautelar más gravosa en diferentes recintos penitenciarios. Finalmente, se estableció un plazo de investigación de cuatro meses.