La Corte Suprema desestimó la apelación presentada por la Universidad de Talca, que buscaba revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, que acogió un recurso de protección en contra del rector, Álvaro Rojas, presentado en marzo pasado por la defensa de Karen Rubilar, encargada de la Unidad de Control de Calidad de Servicios de dicho plantel estatal.
La acción judicial de la funcionaria fue interpuesta luego que la universidad no hiciera efectivo el nombramiento de su cargo de profesional de planta, pese a haber ganado el concurso en septiembre de 2017, y luego de una resolución favorable del tribunal de alzada de Talca, que el 26 de septiembre pasado dictó el cúmplase.
El abogado de la defensa, José Adasme, señaló que tras lo resuelto por la corte talquina y posteriormente por la Corte Suprema, el plantel del Estado aún no acata la resolución, pese a que el plazo fijado por el tribunal ya expiró. Por tal motivo, ingresó un escrito para que se haga efectivo el apercibimiento.
En caso que la Corte de Apelaciones de Talca determine que la universidad ha incurrido en un desacato, el abogado, José Adasme, se refirió a las eventuales sanciones que se le podrían aplicar al rector Rojas.
Según consta en el recurso de protección, en 2007 la misma funcionaria ya había vivido una situación similar, luego que en dicha oportunidad también ganara un concurso público para acceder a la planta de la Universidad de Talca. Si bien desde esa fecha se le pagó como “contrato de planta”, en 2015 se le informó por parte del plantel que existía un vacío legal y reglamentario en su situación contractual, ya que no figuraba en los registros de la universidad mediante ningún sistema de contrato, lo que posteriormente fue subsanado pasando a contrata.
