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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La justicia condenó a la Municipalidad de Chiguayante a pagar $10 millones a dos funcionarios de Salud Municipal, tras acreditar que fueron víctimas de acoso laboral por parte del subdirector de Finanzas, Luis Pastorini. El fallo ordenó abrir un sumario, en el que se habría dispuesto su suspensión. La investigación busca aplicar sanciones y recuperar los fondos pagados como indemnización.

La justicia condenó a la Municipalidad de Chiguayante, región del Bío Bío, al pago de 10 millones de pesos por el acoso laboral realizado por un funcionario de la Dirección de Salud (DAS).

El también dirigente gremial habría sido separado del cargo en el marco de un sumario ordenado por el Juzgado del Trabajo, instancia que además busca recuperar los fondos pagados por el municipio como indemnización.

Se trata de un proceso que se arrastra desde hace dos años contra Luis Pastorini, subdirector de Finanzas de la salud municipal de Chiguayante, denunciado ante la justicia laboral por conductas de hostigamiento contra dos funcionarios de esa repartición.

El Juzgado del Trabajo penquista, al acreditar el acoso laboral, ordenó el pago de cinco millones de pesos a cada víctima y a la corporación edilicia la apertura de un sumario contra Pastorini, en cuyo marco el fiscal administrativo habría decidido la suspensión del cargo.

El abogado jefe municipal, Pablo Araos, no confirmó ni descartó la medida preventiva contra el directivo, pero sí admitió el proceso sancionatorio.

Sobre la millonaria reparación, desde el Concejo Municipal, el edil Carlos Hidalgo pidió que la Municipalidad busque la restitución de los fondos y se haga responsable al funcionario denunciado.

Al respecto, el asesor jurídico indicó que efectivamente uno de los objetivos del sumario es recuperar los dineros que debe cancelar la corporación edilicia.

La investigación interna también debería sancionar el acoso acreditado en el fallo del Juzgado del Trabajo, con medidas disciplinarias que podrían ir desde la amonestación a la suspensión temporal e incluso la más grave, la destitución.