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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Víctimas del ataque al Molino Grollmus presentaron tres demandas civiles contra el Estado por un total de $26.201 millones, alegando falta de servicio y deber de protección inadecuado. La familia Grollmus busca $23.721 millones, mayormente por daño moral. Otra demanda pide $1.630 millones por daños físicos y morales, y la tercera, de la familia Cid, busca $850 millones. Las acciones apuntan al Consejo de Defensa del Estado por deficiencias en la protección estatal durante el atentado.

Días después de que se conocieran las sentencias contra los condenados por el ataque al Molino Grollmus, se revelaron nuevos detalles de las tres demandas civiles que las víctimas presentaron contra el Estado, acciones que en conjunto buscan una indemnización de $26.201 millones.

Según consigna La Tercera, las acciones fueron ingresadas ante los juzgados civiles de Concepción y apuntan a una eventual falta de servicio y falencias en el deber de protección por parte de organismos estatales.

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La principal demanda corresponde a integrantes de la familia Grollmus y contempla una indemnización de $23.721.010.746. De ese monto, más de $7 mil millones corresponden a daños patrimoniales, mientras que otros $16 mil millones son solicitados por concepto de daño moral.

Una segunda acción, también vinculada a integrantes de la familia Grollmus, exige $1.630 millones por los daños físicos y morales derivados del ataque. En tanto, integrantes de la familia Cid, vecinos del molino que también fueron víctimas del atentado, solicitan una indemnización de $850 millones.

Las tres acciones fueron dirigidas contra el Fisco, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y sostienen que existieron deficiencias en el deber estatal de protección que habrían contribuido a la magnitud de los daños provocados durante el ataque.

De esta forma, las demandas suman $26.201.010.746 en indemnizaciones. Ahora, las causas deberán continuar su tramitación en la justicia civil, mientras se espera la respuesta del CDE.