El desequilibrio entre la Defensoría y el Ministerio Público, además del alza en las prisiones preventivas, fueron algunos de los puntos centrales que subrayó en su cuenta pública el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro.
En su evaluación, también destacó el alza que se registró durante 2025 en las causas por violencia intrafamiliar enviadas desde la justicia de Familia a la Fiscalía.
Se trata de aspectos que se transforman en un desafío para la Defensoría; principalmente lo que tiene que ver con la ley ya vigente que incorporará 819 funcionarios al Ministerio Público, de ellos, 205 fiscales.
En su cuenta pública, el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, puso énfasis en el escalón más bajo en que quedó su organismo frente al fortalecimiento de la Fiscalía, ya que dijo obliga a redoblar esfuerzos para hacer frente con el mismo personal a este nuevo escenario.
“Va a haber una mayor carga de trabajo, un mayor impacto a nivel de tribunales y eso a nosotros nos genera una situación muy compleja, que es ponernos en una posición desmejorada para poder realizar las coberturas que son necesarias para mantener un equilibrio en el sistema. Y de ahí hay un punto que es básico y esencial, porque hasta el día de hoy la Defensoría Penal Pública no ha recibido, como correlato, un fortalecimiento en su dotación para hacer frente al crecimiento de nuestro legítimo contradictor”, explicó Pizarro.
También enfatizó en el alza de un 26,3% en las causas por violencia intrafamiliar enviadas desde los Juzgados de Familia al Ministerio Público. Pizarro explicó que esas indagatorias llegan a la justicia penal con imputados con medidas cautelares que se extienden en el tiempo, mientras la Fiscalía no decida formalizaciones.
Eso deja en un limbo a las personas representadas por la Defensoría, dijo el defensor regional.
Pero otro de los análisis relevantes entregados en la cuenta pública fue el aumento de las prisiones preventivas el año pasado, que pasaron de un 5 a un 7%.
Este índice, explicó Pizarro, no sólo aumentó la población penal en las distintas cárceles sino también redobló el número de personas privadas de libertad que cada defensor representa.
Ante ello, aseveró que “nosotros hace algunos años eran de aproximadamente 10 o 12 imputados en prisión preventiva por cada defensor en cuanto a la cantidad de imputados responsables. Hoy día bordeamos los 25 o los 30 imputados en prisión preventiva, lo que efectivamente con las sobrecargas de trabajo nos generan grandes complicaciones para poder sostener, y lo hemos hecho hasta el día de hoy, la calidad en la prestación de defensa, pero con un tremendo esfuerzo que no sabemos si en el tiempo esto va a ser sostenible”.
Uno de los casos de 2025 destacado por el defensor regional fue el de Tomás Bravo, en el cual la Defensoría Penal logró la absolución de Jorge Escobar, quien durante cuatro años estuvo imputado como responsable de la muerte de su sobrino nieto.
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