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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Fiscalía pidió allanar la oficina de una jueza en Los Ángeles, tras el sobreseimiento a un detenido por narcotráfico. La jueza se une a la investigación por cohecho y violación de secreto, donde ya están implicados fiscales. La pesquisa apunta a las abogadas Cortés y Romero, y a posibles pagos por información sobre clientes por narcotráfico.

El sobreseimiento dictado respecto de un detenido por narcotráfico sería uno de los antecedentes que consideró la Fiscalía para pedir el allanamiento de la oficina de una jueza en Los Ángeles, región del Bío Bío.

La magistrada se sumó así a la lista de imputados en una investigación por cohecho y violación de secreto, y en la que ya están involucrados al menos dos fiscales del Ministerio Público.

Se trata de una indagatoria abierta hace más de un año y que dirige la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla. Hasta ahora, las diligencias apuntaban a las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, casadas respectivamente con el defensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, y el fiscal adjunto, Rodrigo Durán.

Los delitos investigados son el cohecho y la violación de secreto, a raíz de supuestos pagos a cambio del traspaso de información relativa, principalmente, a causas por narcotráfico y donde los imputados eran clientes de las abogadas. Ahora, se involucró también a la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, y al funcionario Nelson Sáez.

Según conoció Radio Bío Bío, la decisión de la Fiscalía de allanar el tribunal la semana pasada, tendría que ver con el sobreseimiento que hace un tiempo decretó la magistrada respecto de un cliente de las abogadas Cortes y Romero, en una audiencia que habría programado, sospechosamente, el encargado de sala.

Cabe mencionar que, la causa, que se mantiene en reserva, es preocupante para diputadas como Joanna Pérez, considerando que se pueda estar frente a una posible corrupción de funcionarios públicos. Además, dijo la parlamentaria por Los Ángeles, es preocupante que la Fiscalía se demore en establecer o descartar responsabilidades.

En ese sentido, coincidió otra diputada del distrito, Karen Medina, subrayando en la urgencia con que debe actuar el Ministerio Público, pensando -dijo- en la confianza que debe tener la opinión pública en las instituciones.

Mientras los fiscales de Los Ángeles, María Gemita Rojas, y Rodrigo Durán, llevan un año alejados de sus funciones, la jueza Palomera sigue en el cargo, pero sometida a un sumario dirigido por un fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Concepción.