La jornada de este jueves se retomará la formalización en cuestión, instancia que se podría extender hasta este viernes.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) complica aún más al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, formalizado por cohecho en el llamado Caso Puerto Coronel.

Esto, porque el querellante se sumó a la solicitud de prisión preventiva, tal como lo hizo el Ministerio Público, señalando que “no importa de donde haya partido la iniciativa”, ya que hay “comisión de delito” cuando la autoridad reelecta recibe dineros desde particulares.

“Da lo mismo si se solicitaron o se aceptaron” los dineros. De esta manera, el abogado querellante, Georgy Schubert, por el Consejo de Defensa del Estado, consultado por Radio Bío Bío, explicó sobre la comisión del delito de cohecho en el llamado caso Puerto Coronel.

Lo anterior, ya que tal como lo señalara la Fiscalía, fueron 21 pagos en efectivo y que suman un monto total de 82 millones de pesos, los que habría recibido el jefe comunal.

Los dineros eran traspasados desde la compañía, por medio de un contratista que -a través de su empresa Transolv- emitía las facturas que justificaban los egresos de la portuaria. Esto último, por trabajos no realizados.

En ese sentido, el jurista justificó la necesidad de prisión preventiva para Boris Chamorro, al ser un delito reiterado que podría llegar a pena de crimen, vale decir, hasta 10 años de presidio.

A ello se suma la gravedad del ilícito, ya que la autoridad reelecta, “(se pone) a un interés distinto al público”, por lo que “afecta el núcleo de la probidad administrativa”.

En esta esquema, como lo denomina el Consejo de Defensa del Estado y que involucra a particulares y servidores públicos, el querellante también solicitó la prisión preventiva para el exconcejal Socialista, Eduardo Araya, formalizado por cohecho.

Misma cautelar exigió el querellante para Eduardo Hartwig, fundador de Puerto Coronel; Daniel Chamorro, exgerente de Administración y Finanzas, y Víctor Olivares; contratista para la empresa portuaria y nexo entre la firma y el alcalde, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía. Estos tres últimos imputados, están formalizados por soborno.

Tras finalizar la tercera jornada de audiencia, ni el alcalde ni su defensa, por medio del abogado, Waldo Ortega, quisieron referirse a la medida solicitada por el CDE.

Este jueves se retomará la formalización donde se espera que concluyan las intervenciones de los querellantes.

Posteriormente, llegará el turno de las defensas y la réplica del Ministerio Público. Así las cosas, la instancia se podría extender hasta este viernes.

De no ser acogida la prisión preventiva, desde el CDE anticiparon que no descartan presentar un recurso de apelación.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)