El ex administrador del Gobierno Regional del Bío Bío aseguró que demostrará su inocencia en los tribunales y que no aceptará el rol de "cabeza de turco" por los traspasos realizados a fundaciones.

Rodrigo Martínez, ex administrador del Gobierno Regional del Bío Bío, imputado en el denominado Caso Convenios, rompió el silencio frente al lío judicial que lo tiene hasta ahora como único responsable -además de Simón Acuña- por los traspasos de dineros a fundaciones.

El exfuncionario del GORE conversó con Radio Bío Bío luego de la audiencia en que el Ministerio Público le informó que es imputado en dos causas. La primera, relacionada con la Fundación en Ti de Camila Polizzi; y la segunda, por los traspasos a otras 5 fundaciones o corporaciones.

Además de criticar a la Fiscalía, acusándola de poco objetiva en la investigación que lo mantiene en arresto domiciliario total, el ex administrador regional también lanzó dardos hacia Rodrigo Díaz, recordando su calidad de jefe de servicio y como tal responsable de lo que pasa en un Gobierno Regional.

Sobre su salida, una vez que se destapa el escándalo a nivel nacional, Martínez señaló que presentó su renuncia para asumir su responsabilidad política, pero lamentando la mala fe que recibió como respuesta desde el Gore Bío Bío. Por eso, advirtió, trabajará con sus abogados -Waldo Ortega y Magdalena Wyss- para probar su inocencia, descartando que vaya a permitir ser el chivo expiatorio del escándalo.

-¿Desconoce usted todos los cargos que se le imputan respecto de la intervención que se hizo supuestamente, según la Fiscalía, en favor de fundaciones?

-Mientras yo estuve en el Gobierno Regional, yo no era el jefe del servicio; yo no tenía el poder de resolución para aprobar o rechazar proyectos, ni menos para aprobar o rechazar rendiciones de cuenta. Y, por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia, esto es justamente para señalar de que estamos conscientes de que hay elementos suficientes para que podamos demostrar la plena inocencia en los tribunales de justicia, que es donde corresponde.

-Pero el jefe del servicio, Rodrigo Díaz, ha señalado que según él todo estaba en regla y así se ha mantenido.

-Yo también opino lo mismo. Nosotros siempre actuamos pensando que estaba todo en regla, pero la verdad es que los jefes de servicio en los Gobiernos Regionales, de Arica a Punta Arenas, son los gobernadores regionales, y los administradores regionales no teníamos capacidad de decisión y eso está estipulado en la ley; basta simplemente con consultar la ley.

Pero más allá de eso, aquí lo importante a destacar es que hay una línea de investigación que pareciera señalar de que en los cuatro pisos del edificio de calle Prat sólo habitábamos dos personas y eso claramente no es así. La evidencia, el sentido común, indica que eso no es así. En el servicio público existe la contraposición de funciones y nosotros extrañamos ese análisis en la investigación.

-Pero eso no se condice con su salida y la de otros dos funcionarios del Gobierno Regional; dos de los cuales, incluido usted, están formalizados…

-A mí nadie me pidió la renuncia; yo presenté mi renuncia voluntaria. Y si usted revisa la declaración pública de la institución, inmediatamente después que yo presenté mi renuncia, queda de manifiesto la mala fe con la que iban a actuar y, por lo tanto, para mí no es ninguna sorpresa cómo se ha actuado hasta ahora.

-¿La mala fe de quién, del gobernador regional?

-Basta revisar las actuaciones hasta hoy. Con la primera declaración pública quedó claramente establecido la mala fe con que se iba a actuar y hacia dónde se iba a apuntar. Sin embargo, yo quiero ser muy claro, yo no he aceptado el rol ni voy a aceptar el rol de cabeza de turco. Yo voy a demostrar mi inocencia en los tribunales de justicia y para eso estamos trabajando.

-¿Lo que usted está diciendo es que renunció para permitir que se investigara o no envolver en un problema mayor al gobernador?

-Yo presenté mi renuncia tres veces; las dos primeras no fueron aceptadas. La tercera sí me fue aceptada y básicamente la presenté por la responsabilidad política que pudiera conllevar el ejercicio de la administración regional; solamente la responsabilidad política, pero nada más.

-¿Después de eso no sintió un respaldo del gobernador frente a esa decisión?

-Por mi parte, al menos, no ha habido ni un contacto ni tampoco ha habido intento de contacto, porque insisto, basta leer la primera declaración pública para entender cuál iba a ser la orientación del Gobierno Regional en esto.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)