Malversación de fondos públicos, contratos con conflictos de intereses, nombramientos ilegales en cargos públicos, entre otras denuncias, presentaron exfuncionarios de la Municipalidad de Tomé contra el Departamento de Educación Municipal. Los antecedentes fueron entregados hoy ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Exfuncionarios del municipio de Tomé denunciaron una serie de irregularidades al interior del Departamento de Educación Municipal, como la malversación de fondos públicos respecto a la SEP del DEM de esta comuna.
Aquí existirían incumplimientos en las licitaciones o entrega de recursos a familiares de la directora (s) del Departamento y su hermana, quien era la encargada de dichos fondos, respecto de los contratos de transportes.
Otra denuncia es que habría incrementado sus propias remuneraciones, obligándose a devolver dichos dineros por orden de la Contraloría Regional, donde además ella es representante legal de un colegio en la misma comuna.
Exfuncionarios denuncian irregularidades en DAEM de Tomé
Un exfuncionario del Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Tomé, Pablo Aravena Grandón, denunció una serie de situaciones por las cuales también renunció a su puesto.
“Empresas que trabajan para el Departamento de Educación que son directamente de funcionarios que involucran y licitan, y aprueban estos recursos para poder obtener recursos ilegales del Departamento de Educación”, indicó Aravena.
También acusó “pagos de indemnizaciones por jubilación, por invalidez, que no corresponde, a funcionarios con montos de alrededor de 375 millones de pesos”.
Una de las cinco denuncias tiene relación con el pago indebido por conceptos de pensiones de invalidez, entregados a 18 profesores que fueron beneficiados. Así lo señaló el diputado Leonidas Romero, quién presentó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
“Se contrata a familiares, se suben los sueldos, también se pagan indemnizaciones indebidas. Yo espero que la justicia haga su trabajo (…)”, indicó el legislador.
Fue en octubre del año pasado que el parlamentario presentó un requerimiento a la Contraloría Regional del Bío Bío, respecto a ciertas irregularidades en transferencias de recursos públicos, conflictos de intereses, nombramientos ilegales en cargos públicos, entre otros. Más tarde, por estos mismos delitos, funcionarios presentaron la denuncia en el Ministerio Público.
Municipalidad anuncia acciones judiciales
“El denunciante que acompaña al diputado Romero, es un ex funcionario del Departamento de Educación Municipal, Pablo Aravena Grandón, quien fue sometido a un proceso sumario que ordenó su destitución, por mal uso de recursos públicos e infracciones graves a la probidad administrativa. Sin embargo, él se autodespidió antes de su desvinculación. Esto llevó a la alcaldesa Ivonne Rivas, el año 2016, a interponer en su contra una querella por fraude al Fisco, señaló el municipio de Tomé en una declaración pública.
Así también manifestaron que “estas graves acusaciones hoy realizadas a este medio de comunicación, pueden revestir el carácter de delito y, por tanto, la Municipalidad de Tomé va a ejercer las acciones judiciales que sean pertinentes para resguardar su integridad y la de todos sus funcionarios”.
“Resulta cuestionable el actuar del diputado Romero, que se hace parte de antecedentes infundados, sin esperar el pronunciamiento de los órganos del Estado encargados de revisar el mérito de estos”, añadió la municipalidad.
