El Servel y los Juzgados de Policía Local, tanto en el Bío Bío como a nivel nacional, han sido incapaces de llegar a un acuerdo general que retome las denuncias contra las miles de personas que no votaron en el plebiscito de septiembre 2022.
Las diferencias entre el Servel y los jueces de los Juzgados de Policía Local, además del millonario costo que significa el trámite de los procesos, mantienen paralizadas las 150 mil denuncias contra quienes no votaron en el plebiscito del año pasado en el Bío Bío.
El problema podría agudizarse, considerando que se acerca la elección de los consejeros constitucionales, proceso nuevamente con voto obligatorio.
De acuerdo a antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, la mayoría de los jueces municipales a nivel regional no han tramitado las causas, argumentando que al derivar las denuncias el Servel no se ajustó a la ley.
Por esto, la decisión de no dar curso a las multas, situación que se informó como reclamo por el director del organismo, Juan Eduardo Toldo, a la Corte de Apelaciones de Concepción.
Al respecto, el presidente del Instituto de jueces de policía local del Bío Bío, Alex Moya, le restó importancia y le bajó el perfil al conflicto. Aseguró que se está buscando una solución a la falta de recursos humanos y logísticos para tramitar los procesos.
En cuanto a la pugna con el Servel, el magistrado sostuvo que el organismo va a reenviar como corresponde algunas de las denuncias y otras serán corregidas.
“En algunos casos, posiblemente, en algunos casos se corrige simplemente la forma como se ven acompañados, pero ya solucionamos ya el inconveniente”, aseguró.
Además, al consultarle respecto a tramitar toda esa carga de causa, expresó que “ese es un tema que vamos a trabajar en conjunto también con el mismo Servel, y obviamente vamos a tratar de incorporar a los otros órganos, que en este caso son las municipalidades que nos puedan dar el apoyo necesario para poder tramitarla”.
Lo que está ocurriendo en el Bío Bío, es sólo una muestra de la realidad nacional
Hace unos días, se analizó las diferencias entre los jueces y el Servicio Electoral, en una reunión que convocó la presidenta del tribunal de alzada penquista, ministra Carola Rivas. La autoridad hizo hincapié en el costo que significará para los Juzgados de Policía Local el trámite de las 150 mil causas a nivel regional.
“Ellos carecen de los recursos para esta tremenda cantidad de tramitación, y también, son escasos para las notificaciones de los infractores. Se llagaron a algunos puntos de acuerdo, pero tenemos que reconocer que la función se va a volver bastante dificultosa, precisamente por el número de denuncias y por los costos que significa, los trámites de notificaciones”, sostuvo.
Fuentes consultadas por Radio Bío Bío informaron que la única posibilidad para que los tribunales puedan cursar las multas es con el traspaso de fondos desde las respectivas municipalidades.
Bajo este contexto, en las comunas más grandes el proceso de notificación de las denuncias podría costar hasta 150 millones de pesos, dinero que en caso de no estar disponible obligaría a que los jueces pidan la notificación a Carabineros.
Por eso la preocupación del gremio de los magistrados municipales, pues al intentar salvar la actual situación, están ad portas de las multas que llegarán tras la elección de los consejeros constitucionales el próximo mes.
“Esa es una de las cosas que tenemos que trabajar, sobretodo para las próximas elecciones que se vienen, y a ello tenemos que incorporarlo y tenemos que solicitar obviamente el apoyo necesario, cuando lleguen estas denuncias, que evidentemente son, por el número, alteran la tramitación que tiene cada tribunal”, afirmó.
Lo que está ocurriendo en el Bío Bío es sólo una muestra de la realidad nacional.
A los 379 Juzgados de Policía Local que existen en el país, el Servel envió los antecedentes de más de 2 millones de chilenos que no participaron en la consulta de septiembre pasado, por lo cual deben ser sancionados con multas de hasta 187 mil pesos.
