Fue a fines de febrero cuando a los 379 Juzgados de Policía Local del país ingresó un oficio del Servicio Electoral (Servel) remitiendo las denuncias contra quienes no concurrieron a votar durante el pasado Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre de 2022, donde el Rechazo se impuso al Apruebo. Junto al escrito, se acompañó un pendrive que contenía en su memoria un archivo Excel, encriptado, con un larguísimo listado de infractores.
En aquella consulta, según cifras del Servel, votó un 86,02% del padrón electoral habilitado en territorio nacional, es decir, casi 13 millones de personas, lo que significó un hito histórico: fue la participación más alta en la historia del país. Pero, como no todo es color de rosa, más de un 14% de los chilenos se restó de dicho proceso, infringiendo la normativa respecto al voto obligatorio.
Y es que dentro de la modificación al Capítulo XV de la Constitución Política de la República, a través de la Ley 21.200, que dio vida al Plebiscito Constitucional, se zanjó que el “sufragio en este plebiscito será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile”. Junto a esto, se estableció que “el ciudadano que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM”, entre $31.225 y $187.350 (al valor de la unidad al viernes 24 de marzo).
En la misma reforma quedó grabado algo que ahora, a más de seis meses de realizado el Plebiscito, es materia de conflicto. “El conocimiento de la infracción señalada corresponderá al juez de Policía Local de la comuna donde se cometieron tales infracciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley Nº 18.287”, la cual regula los procedimientos ante los Juzgados de Policía Local.
Razones para no asistir muchas, las que deberán conocer los jueces de Policía Local de los más de 2 millones de ciudadanos que no concurrieron a las urnas, para luego condenar a una multa o absolver si es que el infractor tiene una excusa que lo exima de la sanción. Bajo este contexto, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío se entrevistó con una serie de jueces que dan cuenta de los problemas que ha traído aparejada esta situación. Fallas en el formato de ingreso, archivos Excel que no pudieron ser abiertos, falta de información de los infractores, sobrecarga laboral, falta de insumos para dar curso a las demandas, entre otras dificultades. Y se avecinan nuevas votaciones con voto obligatorio.
La llegada del pendrive
“Recibí las denuncias del Servel a través de un pendrive el día 24 de febrero. (…) En el caso de Antofagasta viene con 47.516 denuncias por personas que no votaron”, revela la jueza del 1º Juzgado de Policía Local de Antofagasta, Dorama Acevedo Vera. Tras tomar conocimiento de la cifra, los problemas no tardarían en llegar. Y es que cuando la abogada abrió el archivo Excel del Servel se dio cuenta que “hay algunas personas que no vienen individualizadas con domicilio”.
Lo anterior, añade, es un problema ya que “la resolución va a ser archivar porque no están los antecedentes completos como para iniciar un proceso”. Situaciones como esta se han ido repitiendo en una serie de tribunales del país, al que se suma la falta de filtros por parte del Servel en las nóminas. “Obligatoriamente tenemos que oficiar a la PDI para que nos informe qué personas se encontraban ese día de las votaciones fuera del país”, explica la jueza nortina.
Uno de los puntos en los que la mayoría de los consultados coincide es el notable aumento de la carga laboral. Por ejemplo, el 1º Juzgado de Policía Local de Antofagasta tiene un ingreso anual de 18 mil causas aproximadamente. Ahora, solo con las denuncias del Servel, este aumentó en más de dos veces de lo que recibe en 12 meses. “Estas 47.516 (denuncias) significa más o menos el promedio de causas que a mí me ingresan en tres años”, dice Dorama.
Y es que pese a que la tramitación de estas denuncias es “relativamente y generalmente muy simple”, según la jueza, la misma pone el énfasis en lo que “significa citar a 47.516 personas”, cuestión que toma “mucho tiempo, ya sea a través de correo ordinario o poniendo un vehículo municipal”. Un dato no menor: los jueces de Policía Local son designados por el jefe comunal de la municipalidad donde se desempeñan, a propuesta de una terma de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción. En simple: dependen del municipio, pero a la vez son vigilados por los tribunales de alzada.
Además de este componente híbrido, la tramitación de las causas se realiza en papel. Sí, en papel, a diferencia de la tramitación electrónica que tiene el Poder Judicial. Por ende, la llegada del oficio y el pendrive con la lista de quienes no votaron el pasado 4 de septiembre de 2022 no cumpliría, según los jueces, con el formato de la denuncia. “Nosotros tomamos el criterio de que se cumpla con los requisitos legales y de ahí le damos curso a la denuncia”, dice el secretario abogado del Juzgado de Policía Local de Tucapel, Cristian Oses Abuter.
En esta comuna, ubicada en la provincia del Bío Bío, ingresaron alrededor de 1.600 denuncias, las que representan el 50% de las causas que conoce durante todo un año el juzgado. Oses apunta al origen: “Desde que se modificó la ley (voto obligatorio) en ninguna parte se consideró cómo iba a ser el cumplimiento de las personas que no asistieran. Y en este sentido, la mayor problemática que tenemos hoy día con esto es que nos llegó más del 50% de las causas que a nosotros nos ingresan en un año”.
Lo anterior abre una serie de problemas, detalla. Uno de ellos es la “falta de recurso humano”. “Los Juzgados de Policía Local que somos de comunas más pequeñas, precordilleranas, la mayor problemática que tenemos hoy día es que aquí no funciona como en las grandes ciudades, que uno a través del correo (uno) puede hacer las coordinaciones y despachar las notificaciones. En las comunas pequeñas tenemos que recurrir a Carabineros o designar a un funcionario del tribunal para que pueda ir a notificar estas causas”, dice Oses.
Pese a lo anterior, el secretario abogado de Tucapel dice que “estamos conscientes que las causas hay que tramitarlas de igual manera porque no podemos inhibirnos, pero lo que uno solicita es que esta sobrecarga también pueda traer aparejado con ello los recursos”. La jueza del 1º Juzgado de Policía Local de Antofagasta, Dorama Acevedo Vera, cuenta que ya tiene ingresada las denuncias y que va a “empezar las citaciones”. No obstante, para esto necesita “formar el expediente en forma física, hacerle una carátula, luego citarlas y dictar esas resoluciones”.
Formalidades del pendrive
“Que no se admite a tramitación la situación informada por el Oficio. Ord. Nº 0425, de 22 de febrero del 2023, del director del Servicio Electoral, por no cumplir los requisitos formales de una denuncia”. De esta forma el juez de Policía Local de Lago Verde, en la región de Aysén, Rodolfo Knöpke Beroíza, decidió resolver las denuncias del Servel contra quienes no votaron en el pasado plebiscito en su zona. Y es que a juicio de varios jueces consultados para este artículo la forma en que ingresaron estas denuncias no se ajustaría a la norma (vea resolución).
Es más, Knöpke admite que “no pudimos abrir” el pendrive que envió el Servel. “La denuncia no cumplía con los requisitos de forma que establece la ley, y así lo señaló la resolución que no acogió a tramitación la denuncia. La resolución habla por sí sola”, dice escuetamente. En el escrito, el juez detalló que “siendo la responsabilidad infraccional de carácter personalísimo, tampoco es aceptable una sola denuncia por todos los supuestos infractores juntos”.
Su par de Tierra Amarilla, Erwin Valenzuela Torres, comparte y complementa: “No cumple con la formalidad establecida en la ley, entonces muchos de los jueces nos hemos declarado incompetente como para seguir conociendo de aquello”. El juez de la región de Atacama indica que la denuncia debe ser escrita, con la individualización de la persona, el RUT, domicilio y con cuál es la norma infringida. “Aquí lo que hace el Servel es un solo oficio y nos entrega toda la responsabilidad a nosotros”, dice Valenzuela.
En el caso de Tierra Amarilla, en perspectiva, por regla general se tramitan entre 2.500 y 3.000 causas en 12 meses. Eso hasta el pasado 23 de febrero cuando llegó el oficio remisor del Servel con 1.800 infractores. Lo anterior, dice Erwin, es “más de un tercio de lo que tramitamos anualmente, sin siquiera pensar en que esas causas Servel las tenemos que tramitar desde principio a fin nosotros, o sea, el juez, los funcionarios y secretario abogado que pudieran estar en el tribunal”.
El artículo 3 de la la Ley 18.287, que regula los procedimientos ante los Juzgados de Policía Local, establece que Carabineros e Inspectores Fiscales o Municipales que “sorprendan infracciones, contravenciones o faltas que sean de competencia de los jueces de Policía Local, deberán denunciarlas al juzgado competente y citar al infractor para que comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía”. Lo anterior, señala el mismo cuerpo legal, debe ser por escrito.
Preocupación
La situación del Servel y los Juzgados de Policía Local preocupa al gremio. Sin ir más lejos, el pasado 2 marzo, el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local de Chile emitió un comunicado a sus asociados sobre el tema. “Hay que dar curso progresivo a la denuncia del Servel, tenerla por interpuesta y luego decretar diligencias judiciales que cada uno se las señoras y señores asociados resuelvan de acuerdo con el mérito del proceso”, señala el documento.
Asimismo, el instituto recomendó que “estas causas judiciales no sean simplemente archivadas sin más trámite”. Carola Quezada Álvarez, jueza del 2º Juzgado de Policía Local de Coquimbo, y presidenta del gremio, señala que “estas denuncias representan un aumento abrupto y exponencial de las causas que se conocen, (…) lo cual nos pone en jaque para poder tramitar (…) por la carencia de recursos humanos, tecnológicos y de materiales con los que trabajamos en generar los juzgados de Policía Local de todo el país”.
Y agrega: “Nosotros somos tribunales que aún funcionamos en papel y estamos recibiendo una denuncia que se hace a través de un pendrive, lo cual ya es un punto de partida; una dificultad para poder comenzar a tramitarlas, porque tenemos que imprimir toda esa cantidad de denunciados. Servel no nos acompañó las hojas impresas por cada denunciado, sino que solamente acompañó un USB”. Pese a lo anterior, la magistrada cuenta que colegas que le han pedido al Sevel que acompañen las copias físicas antes de proveer.
Uno de ellos fue Luis Clemente Pérez, juez del 2º Juzgado de Policía Local de Arica. Quezada relata que desde el Servel “le imprimieron una cantidad en tamaño ínfimo, entonces el tamaño no permitía leer”. Pero no solo el ingreso de las denuncias hay reparos, también el contenido de los listados. Y es que no son pocos los jueces que dan cuenta que muchos de los datos de los denunciados vienen sin domicilio, situación que demorará el proceso de notificación de las causas.
Los juzgados de Policía Local no son todos iguales. En dotación, en sistema de tramitación, cada uno es un mundo, razón por la que los problemas varían dependiendo de los elementos técnicos que tenga cada tribunal y de los materiales que provee cada municipio. ¿Se conversó antes la forma de ingreso? Carola Quezada Álvarez admite que sí, pero ante esta consulta el instituto respondió que “nosotros carecíamos de facultad para poder decir sí o no, porque no podíamos inmiscuir las facultades que tiene cada juez y cada tribunal”.
Datos incompletos
Desde Panguipulli, región de Los Ríos, Patricio Thomas Soto, juez del Juzgado de Policía Local de la zona, explica de forma “introductoria” que en general la labor de los jueces se ha complejizado. Hay más accidentes de tránsito, más causas por talas ilegales (en su zona), más infracciones a la ley de protección al consumidor, co-propiedad, entre otras. Solo en su tribunal el abogado tramita 4 mil causas anuales en periodos normales con tres funcionarios a honorarios y una impresora donada.
De estas causas, y con una serie de falencias, narra que “hace dos semanas o tres el Servel suma 8.004 casos de no votantes, es decir, con los mismos medios tecnológicos, los mismos materiales y el personal, que ya no me bastaba para cumplir a tiempo las cuatro mil causas, hoy debo tramitar 12 mil, el triple”. En detalle, y al igual que sus colegas, coincide en que estas denuncias “no cumplen los requisitos formales”, pero además da cuenta de otra particularidad: la lista “contiene votantes de hasta 139 años”.
“Hay temas que el Servel creo que tiene que revisar. Queda al desnudo que no está en línea con el Registro Civil para saber si alguien está o no fallecido, por ejemplo. Tampoco para incluir el domicilio de los votantes respecto a los cuales dice sin información. Hay más o menos mil causas de las 8.004 que en el domicilio de la persona que no compareció a votar dice sin información”, dice el juez de Panguipulli. Y agrega: “Tampoco está en línea con el Registro Civil para incluir personas con discapacidad de algún tipo”.
Pese a este escenario poco auspicioso, Thomas aclara que “uno sabe la responsabilidad que hay detrás y como juez lo único que quiere es cumplir con esto, pero nosotros lo que queremos es que se legisle o se tomen las medidas necesarias para que subsanen esta situación porque de lo contrario el voto obligatorio puede pasar a ser más que… no sé, puede que pase de no ser una linda declaración, lo que atenta de todas maneras contra la democracia”.
En la región Metropolitana, si bien la situación es diferente a las regiones por capacidad económica de muchos municipios, el sentir luego de recibir las denuncias del Servel es parecido. En Lampa, por ejemplo, Francisco Ríos Laulié, juez de Policía Local de la comuna, transparenta que le ingresaron 5.300 denuncias. Normalmente, según dice, tiene un promedio de ingreso de causas de 10 mil, por lo que esto representa el 50% de lo que conoce en 12 meses.
“¿Por qué el Servel no se ajustó entonces a esta exigencia del artículo tercero?”, se pregunta al otro lado de la línea. “Tienes que saber que Servel no filtró las denuncias. De las 5.300 que le llegaron a Lampa, más o menos, unas 1.200 corresponden a personas de más de setenta y cinco años, incluso hay una que tiene 137, y encima otras personas denunciadas que no tienen la información del domicilio, por lo tanto, ¿por qué no filtraron?”, sigue.
El abogado Ríos apunta a que la autoridad debería avanzar en el proyecto de ley que le quita esta responsabilidad a los Juzgados de Policía Local, la de conocer las denuncias por ausentarse de las votaciones, y le traspasa esa responsabilidad al Servel. Pero es enfático en señalar, en “buen chileno”, que “en un Estado de derecho democrático las personas que no cumplan con tener que ir a votar tampoco se las puede llevar peladas”.
En la comuna de Independencia, el juez de Policía Local Ernesto Vásquez Barriga, exfiscal del Ministerio Público que lideró el caso Zamudio, decidió archivar las causas enviadas por el Servel. Esto, según la resolución, porque “el tribunal no cuenta con recursos materiales, como tampoco con funcionarios, para afrontar la excesiva carga de trabajo que significa su tramitación, denuncias que equivalen -prácticamente- a todos los denuncios ingresados a este Tribunal durante el año 2022”.
El Servel se defiende
Desde el Servicio Electoral, consultados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, señalaron que previo al envío de las denuncias “hubo conversaciones entre el director nacional, Raúl García, y la presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Carola Quezada”. Estas se “trataron de reuniones de coordinación y de trabajo con miras, justamente, al proceso de denuncias por no sufragar en el plebiscito con carácter de obligatorio”.
Junto a lo anterior, aclararon que el ingreso de las denuncias a través de un oficio y un pendrive obedeció a motivos de “eficiencia en el uso de los recursos (…) pensando en facilitar el trabajo de los Juzgados de Policía Local, para que pudieran acceder a toda la información fundante de la denuncia de manera digitalizada, debido al alto número de documentos que debían ser entregados”.
En el mismo sentido, dicen que “un grupo importante de Juzgados de Policía Local aceptaron las denuncias de esta forma y les dieron la correspondiente tramitación, sin reparos jurídicos, citando a los electores que no sufragaron, y solo una parte requirió que todo fuera en papel con copias impresas”. Respecto a la falta de antecedentes en las nóminas señalaron que “equipos del Servicio Electoral han trabajado arduamente durante meses para efectuar estas denuncias, por lo tanto, se revisaron las listas antes de ser enviadas”.
No obstante, añadieron, hay “casos excepcionales de electores que figuran con su domicilio incompleto o inexacto porque no lo han actualizado”, situación que “puede darse en personas que ingresaron al Registro Electoral de forma automática y nunca han actualizado su domicilio electoral. A los juzgados de Policía Local, por tanto, se les ha entregado toda la información con la que Servel cuenta para la realización de las denuncias”.
En los casos donde los jueces no han decidido acoger a tramitación las denuncias o solicitando cambios, mencionaron que “ya se ha conversado con algunos de ellos y, siempre dentro del plazo que Servel tiene para realizar las denuncias, se han analizado cursos de acción de forma que les sea más fácil tramitar las denuncias”. Finalmente, y en relación al proyecto de ley que buscaría trasladar la responsabilidad de sancionar a quienes no acudan a votar al Servel, dijeron que “es un tema legislativo, donde Servel sólo puede asesorar como organismo técnico”.
Coletazos del Plebiscito: las denuncias del Servel que complican a los jueces de Policía Local
