Tras la clausura de varios casinos "populares" en el centro de Concepción, algunos de estos recintos rompieron los sellos que indicaban su cierre y volvieron a operar de forma ilegal. Ante esto, la Municipalidad de Concepción presentó 5 querellas ante el Juzgado de Garantía local. Los responsables arriesgan hasta 541 días de cárcel y multas en dinero.

La Municipalidad de Concepción, en la región del Bío Bío, presentó 5 querellas en contra de los responsables de romper los sellos de clausura dispuestos por los inspectores en igual número de locales comerciales que funcionan sin patente, como casinos ilegales, o también llamado “populares”.

Cabe destacar que este delito que se investigará, es sancionado con hasta 541 días de cárcel y multas en dinero.

Querella contra casinos ilegales en Concepción por romper los sellos de clausura

Como parte de las acciones de control de los casinos ilegales en la comuna, la Municipalidad de Concepción ingresó en el Juzgado de Garantía, cinco querellas criminales.

En concreto, piden a la Fiscalía investigar y sancionar a quienes resulten responsables del delito de rotura de sellos ordenados por autoridad pública.

Lo que busca la corporación edilicia es que se investigue y se sancione a las personas que vulneraron la medida de clausuras decretada por la Unidad de Patentes.

Así, el alcalde penquista, Álvaro Ortiz, explicó que las acciones legales se concretan después de recabar todos los antecedentes.

Otro proceso legal más en contra de los recintos “populares”

Se trata de casinos “populares”, o ilegales, que funcionan sin patente en Concepción y que a pesar su clausura, rompieron los sellos y reabrieron.

Todos, se ubican en el centro de la ciudad penquista, específicamente en calles Maipú 666, Freire 727 y 589, Barros Arana 429 y avenida 21 de Mayo 3225, local 141.

El asesor jurídico del municipio, Aldo Mardones, subrayó que la conducta denunciada es un delito sancionado con hasta 541 días de cárcel, además de multas de entre 360 y 600 mil pesos.

Los locales comerciales y sus dueños ya enfrentan causas en el Juzgado de Policía Local, sumándose ahora las investigaciones criminales que debería iniciar el Ministerio Público una vez que el tribunal declare la admisibilidad de las querellas.