En dos semanas más se realizará en Valparaíso la última sesión de la Comisión Investigadora de los actos del Gobierno en relación con la contaminación ambiental que afecta a la comuna de Coronel, en la región del Bío Bío.
Se espera que la instancia cuente con la participación del superintendente de Medio Ambiente y el ministro de Salud.
En la sesión realizada en Coronel, algunos de los participantes coincidieron en que esta problemática no sólo está determinada por la acción de las termoeléctricas a carbón, sino que también de otras industrias presentes en el borde costero.
El anuncio fue entregado por el diputado Ecologista, Félix González, quien dirigió la sesión del pasado viernes desde Coronel.
En la oportunidad participaron diversas organizaciones sociales, autoridades locales, los seremis de Vivienda y Salud, la fiscal Ana María Aldana y representantes de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente de la PDI.
Bajo ese contexto, el parlamentario del distrito 20 dijo que no “basta con el cierre de las termoeléctricas” en Coronel, sino que también se deben determinar responsabilidades por el daño medioambiental generado en la comuna.
La seremi (s) de Salud, Isabel Rojas, indicó que durante los últimos cinco años se han realizado más de 1.600 fiscalizaciones en materia medioambiental con foco en Coronel.
El comisario Víctor Casanova, de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, recordó los resultados que dieron las primeras indagatorias realizadas por dicha unidad durante la pasada década.
Tales investigaciones permitieron mejoras en lo que respecta el trabajo en el vertedero de cenizas del sector Schwager, dijo la fiscal Ana María Aldana, citando a una de las profesoras de la Escuela Rosa Medel y que, anteriormente, estaba emplazada en las cercanías de Bocamina.
Sin embargo, Juana Hernández, líder de familias afectadas por metales pesados en Coronel, acusó que no tiene acceso a agua potable, ya que el recurso se encuentra contaminado.
Desde los pescadores artesanales, uno de sus representantes, Hernán Cortés, apuntó a otras firmas que también -a su juicio- tienen responsabilidad en el actual panorama medioambiental de la comuna.
Desde el colectivo Trabajadores Unidos Contra el Asbesto lamentaron que en materia judicial la fiscalía lleve 5 años investigando la contaminación sufrida por los trabajadores que retiraron asbesto desde Bocamina 1, sin haber formalizado por ello a ejecutivos de Enel.
De igual forma cuestionaron que personal de la PDI, que estuvo en Coronel, no haya corroborado si había dicho material enterrado en la planta.
