La justicia confirmó el despido discriminatorio de una trabajadora embarazada de la Defensoría en Concepción y ordenó el pago de más de 30 millones de pesos como indemnización.
Para la Asociación de Funcionarios, el fallo es de la mayor relevancia porque acreditó la conducta de un organismo que no puede desconocer las leyes internacionales en materia de derechos humanos.
En forma íntegra, la Corte de Apelaciones penquista confirmó la sentencia del Juzgado del Trabajo, que en 2019 declaró como discriminatorio el despido de Marisol Bauzá, funcionaria de la Defensoría Penal Pública, desvinculada no obstante estar embarazada, y además tras episodios de maltrato y acoso laboral de parte de la jefatura del organismo.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de la institución, Ignacio Ramírez, señaló que al haberse acreditado la ilegalidad del despido y el daño causado se fijó en más de 30 millones de pesos la indemnización, pero subrayando en los argumentos de la justicia para sancionar la conducta denunciada.
La exfuncionaria destacó, en tanto, el precedente que sienta el fallo en favor de las mujeres trabajadoras, pero cuestionando que fueran abogados de la Defensoría, conocedores de las leyes, los responsables en su caso.
La decisión del despido fue del defensor regional Osvaldo Pizarro, organismo representado por el Consejo de Defensa del Estado, que argumentó que el embarazo de Marisol Bauzá era desconocido al momento de la notificación, pero para el dirigente de los funcionarios la Defensoría debió haber revertido la decisión tras ser informada del estado de la funcionaria.
Hasta ahora el Consejo de Defensa no se ha referido a la sentencia, ni tampoco sobre la consulta por un eventual recurso ante la Corte Suprema, la última instancia para intentar revertir el pago de los 30 millones de pesos, además de 6 millones por las costas del juicio.
