La fiscalización parlamentaria no se hace en terreno sino en el Congreso, señaló el abogado constitucionalista Fernando Saenger, al ser consultado sobre los casos de legisladores que han evadido y evitado los controles sanitarios producto de la pandemia.

Por su parte el ex parlamentario, José Antonio Viera-Gallo, dijo que parte de la labor también es reunirse con con los habitantes de los distritos que representan.

El argumento de dos parlamentarios para evitar el control policial o militar durante su desplazamientos en estos meses de pandemia ha sido la labor fiscalizadora que tienen y que les entrega la ley.

Al respecto el abogado constitucionalista, Fernando Saenger, señaló que efectivamente la Constitución otorga ese rol a los miembros del Poder Legislativo, puntualizando, sin embargo, que el trabajo no se hace en terreno sino desde el propio Congreso.

“La labor fiscalizadora propiamente tal está en la Constitución y la puede hacer la Cámara de Diputados, mediante los oficios al presidente y todos los órganos públicos. En segundo lugar pueden citar a un ministro para interpelarlo y en tercer lugar nombrar comisiones investigadoras. Y por último, la acusación constitucional. Esa es toda la fiscalización”, enfatizó Saenger.

La labor también es reunirse con las personas

Pero ese es sólo uno de los trabajos que tienen diputados y senadores, advirtió el ex parlamentario José Antonio Viera-Gallo, subrayando que la labor principal es legislar y también reunirse con los habitantes del distrito al que representan, lo que se hace por supuesto en terreno.

“Sus atribuciones constitucionales son precisas. Sus funciones, en cambio, son múltiples”, dijo Viera-Gallo.

Pero más allá de las razones para explicar la necesidad de ingresar o salir de una comuna en confinamiento, el abogado Saenger subrayó en que los parlamentarios igual como cualquier particular, deben tener los permisos necesario de desplazamiento, subrayando que diputados o senadores no están por sobre la ley.

Será el Ministerio de Salud y la Fiscalía, según sea el caso, el que se pronuncie sobre la conducta de los legisladores infraccionados y las prerrogativas que argumentan para evadir o impedir las fiscalizaciones a cargo generalmente de Carabineros o la Armada.