En una resolución catalogada como inédita, la Corte Suprema ordenó al Registro Civil inscribir como hija legítima a una mujer que desde hace 15 años buscaba la filiación respecto de una víctima de la dictadura.

Tamara Lagos, actualmente de 34 años, nació dos meses después del asesinato de su padre, Mario Lagos, perpetrado por agentes de la CNI en agosto de 1984 en Talcahuano en el episodio Vega Monumental, donde murieron otros seis hombres.

Hasta ahora, la mujer era considerada hija ilegítima, calidad que hace años fue derogada por las leyes chilena, por lo que desde hace tiempo buscaba ante los tribunales modificar su certificado de nacimiento.

Pese a acreditar ante un Juzgado Civil su nacimiento en octubre de 1984, meses después de la ejecución de su padre, el Registro Civil se negaba a cambiar el documento, lo que ahora fue decretado por un fallo sin precedente de la Corte Suprema.

Para Tamara se trata de una resolución que la satisface y que le repara en algo el daño sufrido, pero la califica como tardía.

“Es un acto mínimo de justicia, si algo quisiera respecto de esto es que pueda dejar o pueda sentar un precedente para que nadie más tenga que pasar por estas situaciones”, afirmó la mujer.

La orden al Registro Civil fue dictada por el máximo tribunal del país, al acoger un recurso de protección presentado por el abogado, Rodrigo Bustos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien subrayó en que la negativa a la filiación vulneraba derechos constitucionales de Tamara Lagos.

“Es una aplicación de normas internacionales de Derechos Humanos para llegar a esta conclusión”, detallo el jurista.

La resolución fue destacada como un importante precedente por la abogada de Derechos Humanos, Magdalena Garcés, adelantando que podría servir para otras víctimas de la dictadura que se encuentran en la misma situación que Tamara.

“Le estaban quitando el derecho de ser reconocida como hija de Mario Lagos”, comentó la profesional.

Hasta ahora Tamara Lagos no era reconocida como parte en la investigación por el homicidio de su padre -debido justamente a su calidad de ilegítima- por lo que ahora con el fallo de la Suprema podrá intervenir e incluso demandar las reparaciones por el daño que agentes del Estado le ocasionaron.