Esta mañana, el Teatro Regional del Bío Bío fue notificado de una demanda de tutela laboral y despido injustificado, que apunta a la directora ejecutiva Francisca Peró. La profesional que acusa vulneración de derechos asegura que fue marginada de sus funciones cuando se negó a validar un montaje escénico de una compañía ligada al marido de Peró.
Andrea Alcaíno Morales, periodista, se unió en junio de 2017 al equipo ejecutivo que inició las operaciones del Teatro Regional del Bío Bío, y fue desvinculada en noviembre pasado.
En su demanda, reseña que en los primeros meses de trabajo el vínculo laboral se desarrolló sin inconvenientes, pero cambió radicalmente cuando el directorio decidió paralizar el desarrollo del proyecto llamado 27F.
Esta sería la primera obra de producción propia del Teatro Regional del Bío Bío, y contaba con un importante presupuesto, cercano a los 30 millones de pesos, a cargo de la compañía santiaguina “La Laura Palmer”, conectada a Gonzalo Rodríguez, marido de Francisca Peró.
Cuando se enteraron de esto, las compañías locales de teatro y danza, miembros de la Corporación, manifestaron ante el directorio del Teatro su molestia, lo que llevó a paralizar de manera indefinida el proyecto que ya había sido anunciado a la comunidad.
El abogado Gonzalo Díaz, quien representa a Andrea Alcaíno, sostiene que en este punto se generó el quiebre, pues la directora le habría pedido a su clienta elaborar una estrategia para presionar al directorio con el objetivo de destrabar el proyecto 27F, a lo cual la periodista se negó.
De ahí en adelante, refiere el escrito de la demanda, fue marginada de sus actividades propias de encargada de comunicaciones y del equipo directivo. Situaciones que Alcaíno hizo ver al algunos miembros del directorio con quienes se reunió personalmente, e incluso al propio presidente de entonces, Mario Cabrera.
La periodista fue desvinculada por necesidades de la empresa, sin embargo casi de inmediato se contrató a dos periodistas externos para suplir sus funciones, lo cual es uno de los fundamentos de la acción legal, que debe seguir su curso ahora con los descargos de la demandada.
“Acá quien tiene dar explicaciones luego será la señora Francisca Peró”, comentó el abogado.
Este hecho es para cercanos al Teatro sólo un ejemplo de una gestión que ha dado variadas muestras de ser deficiente, con prestaciones fuera de concurso o licitación, elección de artistas a gusto de la administración y el uso cuestionable de 420 millones de pesos en sueldos, de un presupuesto de más de 1.100 millones para 2018.
Se cuestiona también una asesoría legal por la cual se pagó en promedio 2 millones de pesos mensuales hasta febrero de este año, cuando el directorio actual del Teatro decidió ponerle término, por considerar que el valor era excesivo y estaba fuera de mercado.
Cuando asumió el nuevo directorio presidido por Fernando Quiroga, se le consultó a su antecesor Igor Concha, sobre la obra del 27F, explicando éste que había logrado renegociar el contrato, rebajando desde 32 a poco más de 8 millones el valor de esa presentación, sin embargo el contrato original aparentemente nunca existió.
Francisca Peró no estuvo disponible para responder por estas acusaciones, y desde la Corporación indicaron que recién hoy jueves fueron notificados de la demanda que debe ser analizada por un equipo jurídico.
Tampoco quisieron referirse actuales directores contactados por Radio Bío Bío, ni expresidentes del directorio que conocieron de estos hechos, y quienes podrían incluso ser acusados de complicidad o encubrimiento de situaciones fuera de la probidad, pues hasta el día de hoy no se sabe de medidas que se hayan tomado tras denunciarse los hechos.
