La Corte Suprema aún tiene pendiente la situación de la jueza de Familia de Tomé, Gabriela Varela, suspendida de sus funciones a raíz de una investigación administrativa a cargo de la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Concepción.
La magistrada apeló de la medida disciplinaria que podría terminar siendo más gravosa que la que pudiera aplicarse en el sumario si se acredita su responsabilidad en las denuncias que la mantienen separada del cargo desde noviembre de 2018.
Son funcionarios, abogados y usuarios del tribunal quienes acusan a Gabriela Varela por supuestas irregularidades en su desempeño como jueza, antecedentes investigados actualmente por la fiscal judicial, Silvia Mutizábal.
La Suprema debería entregar -en cualquier momento- la sentencia que revoque o mantenga la separación del cargo, además del pronunciamiento en otras dos apelaciones por sanciones ya aplicadas en igual número de investigaciones administrativas.
