La familia propietaria del hogar Santa Marta de Chiguayante, donde murieron 10 ancianas en un incendio hace casi un mes, comunicó que por razones económicas la casa no será reabierta.

Este miércoles en Concepción Rocío Esteban López Jenssen, vocera de la familia, anunció el fin definitivo del hogar de ancianos que se inauguró en 1965 y que el 14 de agosto pasado resultó con un módulo completamente destruido como consecuencia del incendio, cuyas causas aún se investigan, a la espera de los informes del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y Bomberos.

Al no haber seguros comprometidos, la reconstrucción corre por cuenta de la propia familia propietaria. Actualmente cuentan con un permiso provisorio para mantener a 10 personas y sólo hay seis residentes, insuficiente, aseguran, para sostener el servicio con 40 funcionarios.

Desde la familia expresaron que no reciben “ni un centavo de aporte del Estado” y que, según datos del Hogar de Cristo, mantener a un adulto mayor cuesta 918 mil pesos, muy lejos de los 650 mil que cuesta la mensualidad en esta residencia.

Rocío López defendió también las condiciones en las que opera el hogar Santa Marta. “Reafirmamos la certeza que nuestras instalaciones al momento del incendio estaban adecuadamente mantenidas, que habían sido fiscalizadas por las entidades correspondientes sin que estas formularan observación alguna, y que siempre hemos contado con el personal idóneo y calificado que quiere y respeta a los ancianos”, aseveró Rocío López.

Polémica por certificado

Ayer lunes se conoció que la Seremi de Salud detectó que el hogar Santa Marta funcionaba sin acreditar que cumplía con las requisitos de prevención y control de incendios, que surgieron en 2010, cuando se actualizó el Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

Pero el hogar Santa Marta no era el único que no cumplía: de 44 establecimientos en la región 41 estaba en la misma situación. Desde 2013, según la Secretaría Regional Ministerial de Salud, debían estar todos los hogares antiguos de acuerdo a los requisitos. La autoridad sólo se dio cuenta de esta situación investigando al hogar Santa Marta, pese a las fiscalizaciones entre 2013 y 2018 a todos los Eleam.

En relación a esto, la representante de la familia aseguró que hicieron una interpretación diferente, pues entendían que este era un requisito para nuevos establecimientos. Asimismo, explicaron que según ellos la actualización de la materialidad y construcción que debía fiscalizar la Municipalidad de Chiguayante sólo se entendía si el lugar hubiese sido modificado o ampliado, lo que no era el caso.

La situación llama la atención pues tras el incendio el seremi de Salud, Erick Jiménez, había declarado que existía una fiscalización de noviembre de 2017, en la que se había constatado que la casa cumplía con la norma. “Contaba con todos los requisitos que nosotros vemos según la ley (…). Los protocolos estaban aprobados, eso es algo claro. Este hogar contaba con todos los requisitos que corresponde”, manifestó Jiménez en esa ocasión.

El intendente Jorge Ulloa afirmó que las declaraciones iniciales sobre este punto se hicieron en base a una fiscalización de la que no tenía por qué dudar.

El jefe del Departamento de Acción Sanitaria -encargado de las fiscalizaciones-, Hugo Rojas, defendió el trabajo hecho en su sección y aseguró que la responsabilidad inicial es del titular y que su rol fundamental es que los residentes estén en buenas condiciones.

Rojas reiteró que esto derivó en una investigación sumaria iniciada por el seremi de Salud para determinar los hechos y que todos los Eleam de la zona fueron notificados de que tienen que regularizar su situación.

Sobre la fiscalización que la Municipalidad de Chiguayante debió haber hecho a la materialidad del recinto, el municipio declaró que estaba colaborando con la investigación, sin entregar mayores detalles.