La exministra de Salud, Ximena Aguilera Sanhueza, contrató al reconocido estudio jurídico BACS (Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann) para asumir su defensa en la causa por presunto tráfico de influencias que se tramita en su contra tras la presentación de una querella.
El caso se originó a raíz del “telefonazo” de Manuel Nájera De Ferrari —quien por esos días se desempeñaba como jefe de asesores del Minsal— mediante el cual alertó a autoridades del Hospital del Salvador sobre la llegada al recinto de la madre de la entonces ministra.
Los hechos se remontan al 23 de diciembre de 2025, cuando la mujer, de 87 años, fue intervenida de urgencia en el recinto médico de Providencia luego de sufrir una caída que le provocó una fractura de cadera.
Con el paso de los días, la intervención comenzó a generar polémica y desde sectores de la oposición se levantaron suspicacias respecto de la rapidez con que fue atendida la adulta mayor, lo que —según cuestionaron— podría obedecer a una eventual priorización por su vínculo familiar con la entonces titular de Salud.
El telefonazo
Fruto de un oficio del diputado Daniel Lilayu (UDI), la Contraloría General de la República inició un proceso de recopilación de antecedentes que decantó en la instrucción de un sumario administrativo tras constatar la intervención de Nájera De Ferrari.
Según consta en el documento, la CGR verificó que el 23 de diciembre de 2025, a las 10:00 de la mañana, Nájera De Ferrari “se comunicó a través de diferentes medios” con los directores del Hospital del Salvador. Esto, con el objetivo de “informarles sobre la identificación de la paciente, la condición de su salud y sobre su traslado a la Unidad de Emergencia de ese recinto hospitalario”.
A raíz de estas comunicaciones previas, sostiene el informe, al interior del hospital se establecieron “coordinaciones internas” entre la directora (s) del hospital, el jefe de Unidad de Emergencia y la enfermera del mismo departamento.
“Aproximadamente a las 14:30 de la tarde, el jefe de asesores de la ministra de Salud se presentó en la oficina de la Dirección, entrevistándose con la directora (S) del Hospital, e informándole a esta última que la ministra de Salud arribaría a ese recinto asistencial”, revela el informe.
Según Contraloría, dicha intervención podría infringir el artículo 62 de la Ley N° 18.575. En simple, podría ir en contra del principio de probidad administrativa en la que un funcionario público no puede utilizar su tiempo de trabajo y/o personal para beneficio propio o ajenos a la institución.
La querella
En paralelo a los procesos administrativos, el 1 de enero de este año la Fundación Fuerza Ciudadana —representada legalmente por el abogado y militante republicano, Raimundo Palamara— interpuso una querella en contra de la propia exministra Aguilera y del expresidente, Gabriel Boric Font, apuntando a la existencia de los delitos de tráfico de influencias y abuso contra particulares.
En primera instancia el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible el escrito por un tecnicismo, no obstante la Corte de Apelaciones de Santiago revocó dicha resolución y ordenó la tramitación del líbelo.
Así las cosas, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y en efecto, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente inició hace una semana la investigación a cargo del fiscal jefe de esa unidad, Felipe Sepúlveda.
En este contexto, Ximena Aguilera —en conjunto con el exasesor del Minsal, Manuel Nájera De Ferrari— decidieron comenzar a pavimentar su defensa. Ambos, según antecedentes a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío, otorgaron patrocinio y poder a miembros del estudio jurídico BACS.
En específico, de acuerdo con un escrito tenido a la vista por este medio, serán los abogados Alejandro Awad Cherit, Miguel Schürmann Opazo y José Pedro Silva Santa Cruz quienes fueron contratados para defender los intereses de Aguilera y compañía.
Se trata del mismo estudio jurídico que representó, por ejemplo, al expresidente, Gabriel Boric Font, cuando fue sobreseído en una causa que se inició tras la denuncia de una mujer que lo acusó de divulgar fotografías suya. También han representado a otras figuras de la política como la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, al gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, y al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.
Al respecto, el abogado querellante valoró que su contraparte haya fichado a ese estudio de abogados, apuntando a que “se están tomando en serio la querella que interpusimos como Fundación Fuerza Ciudadana”.
En esa línea, agregó que esperan un “avance con prontitud tras el categórico dictamen de la Contraloría General de la República que confirmó lo que señalamos en nuestra querella sobre un posible tráfico de influencia”.
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