De la apertura a la exclusión: la nueva gratuidad y las trayectorias de mujeres que quedan fuera

La educación superior chilena pasó, en pocas décadas, de ser un espacio de élites a un sistema masivo. Pasó de una masculinización histórica a una creciente presencia de mujeres en las aulas, la docencia, la investigación y los espacios de liderazgo. Hoy el país tiene mujeres más educadas, más visibles y con mayor incidencia en el sistema.

Ello no ha sido casualidad. Es resultado de transformaciones sociales y políticas públicas que han ampliado el acceso. La gratuidad ha sido clave pues permitió el ingreso de grupos históricamente excluidos, facilitó el acceso de mujeres y redefinió la figura tradicional de estudiante. Este proceso, por cierto, ha favorecido la movilidad social especialmente para jóvenes cuyos padres no tuvieron educación superior, superando incluso el promedio de los países de la OCDE (aumento de 7% y 3%, respectivamente).

Hoy, en Chile, uno de cada dos estudiantes de educación superior estudia con gratuidad. Y más de la mitad de quienes acceden a este beneficio son mujeres. Esta política de financiamiento ha ampliado el acceso, ha validado trayectorias que antes eran consideradas excepcionales y ha contribuido a que las mujeres, especialmente de sectores de menores ingresos, sean actoras centrales en el sistema educativo.

En paralelo, la edad de quienes estudian ha aumentado (13,5% supera los 35 años) y cada vez ingresan más estudiantes que combinan estudios y trabajo. Muchas de estas trayectorias han estado atravesadas por el cuidado de hijos e hijas o personas dependientes, así como por la desigual carga de las tareas domésticas.

En el caso de las mujeres, la postergación de estudios no es una excepción, sino parte de una estructura social que distribuye de manera desigual las responsabilidades de reproducción de la vida.

Este punto se vuelve especialmente relevante cuando se observan propuestas que buscan restringir la gratuidad por criterios etarios. La propuesta de los últimos días no solo reduce cobertura: reinstala una idea de trayectoria única, lineal y sin interrupciones, que desconoce las condiciones reales en que muchas personas y, especialmente, mujeres acceden a la educación superior.

Diseñar políticas públicas sin considerar esta complejidad implica desconocer que el acceso hoy se construye desde experiencias diversas.

El desafío no es menor. Se requiere una mirada interseccional que reconozca que género, origen socioeconómico, edad y trayectoria educativa son dimensiones que configuran la posibilidad de acceder y permanecer en el sistema. Sin esa mirada, se consolida la exclusión y se redefine quiénes pueden proyectarse en educación superior.

A veces basta con redefinir las condiciones de acceso para que ciertas trayectorias -más tardías, de mujeres y vinculadas a los cuidados- dejen de ser viables.

Dra. Débora Jana
Coordinadora Observatorio Género y Diversidad
Universidad de Santiago de Chile